Por: Jorge Pizarro, senador por la región de Coquimbo
Se abrió una nueva discusión, y es que ha sido arduo el debate en el Congreso del proyecto de ley que fomenta la disponibilidad de los medicamentos genéricos bioequivalentes en el mercado farmacéutico. Texto cuyo espíritu es asegurar lo esencial, mayores opciones a las personas para tener un mejor acceso a la salud.
Claro, este proyecto establece que las recetas médicas deberán prescribir los medicamentos según su denominación común internacional, para fortalecer la promoción del uso de los genéricos y no los productos con marcas específicas que suelen ser más caros. Las farmacias, por ende, tendrán la obligación de informar al público las alternativas de medicamentos intercambiables, garantizando el derecho a elegir de manera libre e informada.
Asimismo, la iniciativa regula áreas claves como el fraccionamiento de medicamentos, o la imposición a los laboratorios a publicar los precios de sus productos y los descuentos que pesan sobre ellos ante compras masivas. Además del deber de los productores, importadores o distribuidores de productos farmacéuticos de informar sobre cualquier situación que altere el abastecimiento, ya sea por decisión voluntaria o por circunstancias especiales de mercado.
Lo relevante es que todo lo que hemos estado promoviendo en este cuerpo legal, tiene por objeto mejorar los niveles de información con que cuenta el consumidor y en especial los pacientes. Esta no puede ser una industria opaca, con áreas oscuras ni menos con falencias en materia de transparencia.
Chile paga uno de los precios más altos por los medicamentos en el continente, hecho que se ha visto agravado con conductas como la colusión de las farmacias hace unos años, y es por ello que fue necesario intervenir.
Acá, todos los sectores involucrados en el tema deben poner de su parte para el acceso justo a los medicamentos, elemento clave en la salud de la población. El foco debe estar puesto en las personas, en su salud y no en negocios de laboratorios o proveedores, por muy legítimos que sean.
Nadie está poniendo en cuestión la legitimidad de esta industria. Si fuera así, la población más vulnerable tendría que conformarse con “aspirinas” para enfrentar dolencias complejas y eso es tremendamente injusto y condenable desde un punto de vista ético y político.
Esta legislación es un intento por emparejar la cancha y traer algo de equilibrio a un sector en donde muchas veces, tener plata es la diferencia entre la vida y al muerte. Una vez más, estamos reduciendo los espacios de abusos contra las personas.
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