Por: Fabián Caballero, Vocero comando Marco Enríquez-Ominami, Vicepresidente de la CUT y Vicepresidente del MIR
Dirigentes y funcionarios que fueron parte de la administración del gobierno de Sebastián Piñera transgredieron –sin pudor ni trauma alguno– principios sobre la ética pública, vulneraron normas sobre el uso del erario nacional y socavaron parte importante de la institucionalidad del país. Ellos se autodenominaron el gobierno de “excelencia”, pero terminaron siendo el gobierno con más funcionarios imputados por delitos públicos y privados.
El historial de ineficiencia, ineficacia y de baja efectividad que desencadenó la gestión política y administrativa del gobierno de Piñera tuvo como consecuencia –entre otras cosas– el desvío de un gran caudal de recursos públicos hacia el sector privado bajo la justificación del outsourcing, licitación y concesión. El “tráfico de influencia” y la “información privilegiada” también fueron métodos para el enriquecimiento ilícito, incluso para operar después de haber concluido dicho gobierno.
Esta semana tuvieron lugar dos hechos noticiosos que impactaron a la opinión pública y que tienen que ver con la composición delictual del gabinete de Piñera y del carácter privatizador de su programa de gobierno. Así por ejemplo, el ex fiscal Alejandro Peña, quien fue designado por Piñera como Jefe de la División de Seguridad del Ministerio del Interior, hoy se ha ubicado en la vereda del frente litigando contra el Estado en los mismos temas del cual él se autodefinía como experto. Hoy defiende a los responsables del fraude financiero a Carabineros, a narcotraficantes y al crimen organizado que surge de esos mismos ilícitos, usando al respecto toda la información privilegiada del cargo que ejerció en el gobierno de derecha. Fue de público conocimiento que en pleno ejercicio como Jefe de Seguridad de Interior, Alejandro Peña defraudó al fisco con abultados sobreprecios en la adquisición de aparatos antinarcóticos en el marco del plan frontera norte. Ese hecho fue la constatación del fracaso preconcebido entre política pública y narcotráfico.
Una conducta similar ha mantenido el ex ministro de salud de Piñera, Jaime Mañalich, quien antes de ingresar al gobierno se desempeñó como Director Médico de la Clínica Las Condes. Luego, como ministro, se comprometió a ampliar la cobertura de salud y a abaratar costos al Estado. Nada de eso fue posible. Lo que si fue posible fue la externalización del servicio de camas y de cirugías a clínicas privadas a través del denominado voucher, método que encareció en tres veces el valor del servicio de lo que cuesta en la red de salud pública. Hoy Mañalich, fuera del gobierno, se integró nuevamente a la Clínica Las Condes, esta vez en calidad de gerente general. La clínica que hoy administra se adjudica la mayor parte de las transferencias de recursos públicos desde el ministerio de salud, facturando semestralmente $3.500 millones, licitación que él mismo aprobó en su calidad de ministro y de la cual se beneficia hoy en su condición de “privado”.
El tipo de administración que vimos los chilenos en el gobierno de derecha de Sebastián Piñera fue solo un ensayo. En esta ocasión su segundo intento por apoderarse de la Presidencia nos permite proyectar que viene a consolidar, entre otras cosas: nuevas exenciones y condonaciones tributarias para el gran empresariado; autorizar sobrevaloradas compensaciones económicas al sector privado a través del formato de concesiones; institucionalizar la lógica de privatización de los derechos sociales encareciendo su acceso y desmantelar toda la concepción pública que conocemos del Estado, bajo el subterfugio de iniciar una nueva etapa de transición política para alcanzar el desarrollo.
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