Por Alberto Espina, senador por la Región de la Araucanía
El 4 de enero del año 2016 se aprobó la ley impulsada por el actual Gobierno que crea los consejos y planes comunales de seguridad pública. En síntesis, esta ley establece que los municipios del país -liderados por el alcalde- previa consulta con las autoridades de su comuna vinculadas a la lucha contra la delincuencia, entre ellas las policías, fiscales, Senda, Gendarmería y representantes de la comunidad, elaboran un plan comunal de seguridad que se financia con recursos aportados por la Subsecretaria de Prevención del Delito.
El Gobierno se comprometió a financiar los planes comunales de seguridad durante el año 2018 de 153 comunas, lo que fue decisivo para que esta ley se aprobara, ya que existía una legitima aprensión en los parlamentarios que se podría terminar aprobando una ley sin financiamiento, lo que constituye un engaño para las autoridades de las municipalidades y fundamentalmente para la comunidad.
La preocupación de los parlamentarios se hizo realidad porque en la actual Ley de Presupuesto estos planes comunales de seguridad quedan literalmente sin ningún recurso. Efectivamente, lo primero que hace la Ley de Presupuesto es disminuir los recursos del ítem “Planes Comunales de Seguridad Pública” de $13.820 millones a $5.418 millones. Luego a esta cifra, se les restan $3.078 millones destinados a “Subsidios para la reparación de la actividad económica de las regiones de La Araucanía, Biobío y Los Ríos” y $669 millones para el financiamiento de las actividades asociadas al programa “Cascos Históricos”.
El saldo de $1.610.740 millones se destina para “el cierre de los programas comunales que se aplicaban con anterioridad a la vigencia de la ley”.
En conclusión: los planes comunales de seguridad pública, que deben elaborarse de acuerdo a la nueva ley y respecto de los cuales el Gobierno se comprometió a financiar para el próximo año a 153 comunas, quedan con cero peso lo que constituye una flagrante violación a lo que expresa la ley y al compromiso asumido por el Gobierno, dejando en la indefensión a los vecinos de las comunas del país.
Frente a este realidad, la unanimidad de los integrantes de la 4° Subcomisión de Presupuesto decidieron no aprobar la partida 01 de la Subsecretaria de Prevención del Delito a la espera de que el Gobierno cumpla con el compromiso de financiar los planes comunales, lo que hasta ahora no ha ocurrido.
Finalmente, es incomprensible que siendo la seguridad pública uno de los principales problemas de la ciudadanía y existiendo una ley que entró hace menos de un año en vigencia, el Gobierno lisa y llanamente deje sin financiamiento un programa tan importante para disminuir la delincuencia, como es la creación de los planes comunales de seguridad.
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