El Senador Jorge Pizarro, integrante de la Comisión de Economía se refirió a la medida que, a su juicio “busca generar impunidad donde se requiere transparencia y calidad”
Su rechazo a la presentación que realizó la Cámara Nacional de Comercio al Tribunal Constitucional para impugnar algunas normas de la despachada ley que fortalece la institucionalidad y labor del Servicio Nacional de Consumidor, expresó el senador integrante de la Comisión de Economía, Jorge Pizarro.
Junto con recordar que el texto fue trabajado durante tres años en ambas Cámaras, el parlamentario calificó como “increíble el ingreso de la Cámara Nacional de Comercio al Tribunal Constitucional con tal de rechazar lo que aprobamos para fortalecer la Ley del Consumidor”.
Cabe recordar que el proyecto de ley, que modifica la ley N° 19.406, sobre Protección de los Derechos de los Consumidores (Boletín 9369-03) se encuentra en etapa de espera para su proceso de promulgación luego de haber sido despachado por el Congreso.
No obstante, la iniciativa generó gran debate en especial porque contempla diversas normas que fortalecen el actual Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) , entre ellas, algunas que concentran las funciones y permitirían que una sola persona ejerza funciones normativas, sancionatorias y fiscalizadoras, lo que fue advertido con reserva de constitucionalidad por parte de diversos parlamentarios.
En esa línea, el senador Pizarro aseveró que esta acción de los representantes del Comercio “refleja una visión ultra conservadora, pretendiendo que los consumidores sigan en la indefensión porque los ejemplos que hemos tenido de abuso por parte del comercio o del sector financiero han sido muy grandes. No corresponde una acción de este tipo y sólo refleja el que algunos pretendan mantener la impunidad con las que han actuado quienes no procuran un buen servicio o producto”.
El parlamentario agregó que “rechazo esta postura y creo que lo que busca es generar impunidad en un área de la economía del país que requiere de transparencia y calidad. Esto no es una ley en contra del comercio, es a favor de una economía que funcione como corresponde donde los consumidores sean tratados como actores de primer nivel”.
A su juicio, la ley logra con lo “fundamental de un mejor nivel de fiscalización, apoyo a los consumidores, asesoría legal, e información no sólo a los consumidores sino a la industria. Son ellos quienes deben velar para que las transacciones que se hacen de consumo sean las adecuadas en la calidad del producto y servicio, y que quienes las entreguen responsan por ello”.
Principales lineamientos de la Ley
- Fortalece las Asociaciones de Consumidores dotándolas de las capacidades necesarias para cumplir cabalmente con su rol, en forma independiente del Gobierno y del sector privado, y pudiendo acceder a recursos mediante los Fondos Concursables contemplados en la ley.
- Amplía las funciones de las organizaciones para la defensa de los derechos de los consumidores, en cuanto asociaciones de interés público, estableciendo que aquellas tareas que se enumeran en la ley, pasan de ser las únicas que pueden realizar, a ser las mínimas que la ley les reconoce, pudiendo ejercer otras no contenidas en la ley.
