La Ley 20.600 fijó la creación de 3 Tribunales Ambientales en el país, distribuidos estratégicamente en el norte, centro y sur, a fin de entregar un mejor acceso a la justicia ambiental. Cómo ha sido este proceso, lo que implica en la práctica la soberanía ambiental y el Estado de Derecho Ambiental, son parte de los temas que abordó en exclusiva Poder y Liderazgo con Daniel Guevara, presidente del Primer Tribunal Ambiental del norte de Chile, con asiento en la ciudad de Antofagasta
Desde el 4 de septiembre del 2017 está funcionamiento este tribunal, comprendiendo una jurisdicción que va desde la región de Arica y Parinacota hasta Coquimbo, con logros concretos en estos casi cinco meses, y donde predomina, según señala Guevara, “la posibilidad de entregar acceso a la justicia, para que todos tengan un libre acceso a la disposición de la justicia y ésta sea una justicia que rinde cuentas, que releva conceptos como soberanía ambiental, Estado de Derecho Ambiental, bien común ambiental, entre otros, y es por eso que estamos hablando de un compromiso del país de proteger el derecho de vivir en un medio ambiente libre de contaminación y también del deber del Estado de preservar la naturaleza”.
¿Cómo ha sido este proceso gradual y creciente de instalación y consolidación del Primer Tribunal Ambiental del Norte?
“Una vez que los tres poderes del Estado estuvieron de acuerdo en la necesidad de que el Primer Tribunal Ambiental del Norte iniciara su operación, desde sus audiencias en el Senado en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, todo se ha desenvuelto con gran rapidez”.
“De hecho, ya hemos instalado el tribunal ambiental con el inicio de recepción de causas, y hemos sido ágiles en la dictación de medidas, conforme a la ley. Es decir, el tribunal está buscando actuar no sólo cualitativamente, sino que también desde el punto de vista de la oportunidad en la respuesta judicial”.
¿Algún hito en este aspecto?
“Un hito es que este tribunal no se inaugura en la intrascendencia, sino con el presidente de la Corte Suprema, enviando un mensaje relevante en la sede del tribunal de Antofagasta, una señal poderosa y significativa de que la justicia ambiental está para resolver controversias, dar igualdad en el acceso de la justicia y disposición de ésta”.
“Esta señal se ha visto verificada en todas las Corte de Apelaciones, y particularmente, la Corte de Apelaciones ha dispuesto de sus mejores instalaciones y espacios para que este tribunal, mientras construye su sala de audiencia, pueda sesionar en materia de alta relevancia como el caso de Andes Iron”.
Cuándo se habla de soberanía ambiental y Estado de Derecho Ambiental, en la práctica ¿qué implica esto?
“La soberanía ambiental es un concepto de larga data en Chile, no somos los primeros. Si revisamos el atlas de la historia física y política de Chile, en su tomo primero de Claudio Gay, gran naturista francés, Diego Portales sale en las primeras imágenes como un político visionario que se dio cuenta que no se trata de hacer planificación estratégica en un plazo de cinco años, que la soberanía de un país es un atlas geográfico, pero que también tiene que ver con las costumbres, las personas, las tradiciones, la botánica”.
“Finalmente, estamos hablando de una soberanía ambiental de cómo es el valor de Chile como país en su conjunto. Y ese valor y conservación del patrimonio ambiental a la que se refiere la Constitución Política nos lleva a tener un concepto de que somos un país con especies y ecosistemas, condiciones únicas y eso debe ser protegido”.
“Los Tribunales Ambientales estamos, precisamente dentro del conjunto de garantías y derechos constitucionales, para preservar la naturaleza como deber del Estado y asegurar el derecho a vivir en un medioambiente libre de contaminación”.
¿Y a eso se refiere en sí el Estado de Derecho Ambiental?
“Efectivamente, el Estado de Derecho Ambiental que ya no es sólo las reglas o normas de derecho interno, sino por ejemplo, el Tratado Internacional sobre la Biodiversidad. Cuando analizamos un salar o humedal altoandino y vemos ecosistemas frágiles, microbiología, el uso de bacterias que puedan ser utilizadas en investigaciones contra el cáncer o desarrollo de nuevas vacunas, la bioprospección incorporada en ese conocimiento es un derecho ambiental, agregado en el tratado o convención de la biodiveridad, normas vigentes en Chile”.
“La globalización jurídica en materia ambiental llegó para instalarse”.
En un ámbito más doméstico, ¿en qué casos se puede ir a golpear la puerta del tribunal ambiental?
“El Tribunal Ambiental está abierto para todo aquel que tenga una controversia ambiental o situación ambiental en el ámbito de su competencia. Por ejemplo, si un vecino reclama por ruidos molestos ante la Superintendencia de Medioambiente y considera que la decisión de esta entidad no es lo suficientemente estricto o se dictó una medida de suspensión de un restaurante, va y lo discute ante el tribunal ambiental. Si hay un derrame de ácido en una bahía, y se genera un daño ambiental, los que están afectados como podrían ser buzos, pescadores y mariscadores, tienen plazos y pueden presentar una demanda por daño ambiental. Una empresa que le rechazaron la resolución la calificación ambiental por un comité de ministros, puede recurrir al Tribunal Ambiental, el que puede hasta dejar sin efecto la decisión adoptada por este comité de ministros de Estado”.
“El poder de decisión de los Tribunales Ambientales está fundado en una autonomía y reconocimiento que se le da, no sólo para los grandes o megaproyectos, sino que puede tener un ámbito de decisión vecinal o local. Además, los alcaldes -y esto es muy relevante- están llamados a ser actores prioritarios de representación en los intereses de la comunidad ante daños ambientales”.
¿Esto debe hacerse con la representación de un abogado?
“Todas las presentaciones que se hacen, para que un municipio actúe a través de sus equipos jurídicos, no necesitan abogados. Y los municipios tienen el deber de responder frente al requerimiento que hacen los ciudadanos dentro de 45 días, y si no responden, con asistencia de un abogado, los vecinos afectados pueden recurrir al tribunal ambiental.
Además, no sólo responde el patrimonio de aquel que causó el daño, sino que también el patrimonio municipal”.
“A este tribunal se puede llegar por distintas vías… Es más, recientemente hemos firmado un convenio el cual esperamos sea muy operativo este 2018, donde las Corporaciones de Asistencia Judicial, que considera las 5 regiones del territorio de este tribunal, atiendan causas ambientales por daño, y donde las personas puedan ir y ser atendidas por profesionales con calificación. Esperamos este año tener no solamente un plan de difusión, sino un programa de asistencia jurídica para que sean debidamente atendidos en la defensa de sus derechos”.
A propósito de la contingencia, ¿qué deben hacer o cumplir las empresas para no terminar expuestos a una denuncia o judicialización de un caso?
“Es muy relevante ser muy acuciosos cuando se establecen proyectos. Si se trata de un estudio ambiental, que se incorporen todos los elementos de la línea base, no pensando en que a lo mejor voy a exponerme mucho ante la autoridad. Esa idea de que se presentaba un proyecto hecho a medias y que después con las observaciones durante el proceso de Evaluación Ambiental se iba mejorando el proyecto… Esto ya no puede darse”.
“Acá hay que partir con buenos proyectos, bien evaluados ambientalmente. Hay mucho espacio para la profesionalización en los servicios de aquellos que presentan proyectos ante, en primer término, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), y segundo, esto ha demostrado ser muy relevante, que se refiere a que la participación ciudadana no es un mero trámite”.
“Hoy hay oportunidad para que las empresas puedan construir diálogos tempranos con las comunidades, las que deben tener la suficiente capacidad de identificar a todos los involucrados en un proyecto, que sean capaces no solamente de verse como una transacción de tipo comercial del medioambiente, sino que ser un acuerdo que garantice una protección del medioambiente, que sea amplio, porque estamos en presencia de proyectos que muchas veces van a cambiar el modo de vida en un territorio a 20 ó 25 años”.
¿Cómo converger lo que es desarrollo sustentable y desarrollo económico-industrial?
“Es muy notable, por una parte, unir desarrollo y economía, pero hoy hay una nueva tendencia muy significativa que es la “economía de los límites”, y en este concepto podemos pensar por ejemplo en Estados Unidos, en la Bahía de San Francisco, donde entran miles de barcos permanentemente, sin embargo, hay zonas de protección ambiental de alta sensibilidad que no son afectadas por esta intensa actividad de tráfico marítimo… ¿Qué se ha logrado ahí? Se ha logrado una preservación ecológica de ciertas áreas”.
“Acá, en la Región de Antofagasta, me parece muy interesante cuando miramos la experiencia del gaviotín chico, un ave migratoria que incluso logró, por medio de la Corporación del Gaviotín Chico, se redujera el área de expansión industrial de las compañías. Es decir, no solamente, se impidió afectar el área que originalmente estaba planificada, sino que cuando se levantó la información de que un ave migratoria anidaba en un área de expansión industrial, tal vez no con mucho gusto inicial, pero si fue aceptado que había un límite al desarrollo industrial en una explanada de alto valor económico para el país, que tenía que ver con la ecología”.
Cabe destacar que el gaviotín chico (Sterna lorata) está clasificado como una especie en peligro de extinción a nivel nacional y mundial, por la Comisión Nacional del Medio Ambiente y por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. En el mundo no quedan más de 2 mil gaviotines chicos.
En estos cinco meses, el Primer Tribunal Ambiental del norte de Chile ya registra 5 causas, de las cuales 3 fueron falladas durante el 2017, lo que demuestra agilidad y eficacia en los procesos, donde el trabajo sin duda es arduo, en especial por el predominio de las actividades mineras, industriales o termoeléctricas, pero la labor va bien encaminada, tal como se ha vivido en los otros dos tribunales del país, con asiento en Santiago y Valdivia.
