Por: Rodrigo Rivas M. Gerente General de Valor Estratégico Consultores
Ya se ha dicho mucho al respecto, pero es una realidad que a partir de marzo, el presidente electo Sebastián Piñera deberá enfrentar una serie de desafíos que definirán el futuro de importantes proyectos de inversión. Para ello, el futuro mandatario cuenta con el respaldo de los gremios empresariales, quienes le han expresado, a él y sus ministros, todo su apoyo y confianza para enfrentar los desafíos que impactarán la calidad de vida de las personas y la competitividad del país.
Cuando presentó su programa en octubre de 2017, ya contemplaba una serie de medidas orientadas a ello. Su propuesta consideraba reestructurar y agilizar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) “a fin de lograr el desarrollo de procesos más expeditos, con altos estándares de calidad ambiental y en un marco de certeza jurídica para los titulares, la comunidad y los distintos servicios públicos que participan en la evaluación”.
Asimismo, contempla realizar una evaluación internacional al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y fortalecerlo, tecnificando los pronunciamientos sectoriales, acotando los plazos, mejorando los procedimientos de evaluación y generando instancias de diálogo temprano entre la comunidad, los titulares del proyecto y el SEA. Cambios que estarían orientados a fortalecer el desarrollo de nuevos proyectos, agilizando los procesos regulatorios y de cumplimiento ambiental.
Algo similar ocurre con el Código de Aguas. En su discurso del 21 de mayo de 2014, la presidenta Michelle Bachelet reconoció las aguas como un bien nacional de uso público en sus diversos estados, y propuso modificar sustantivamente el Código de Aguas. El proyecto de ley que presentó su gobierno sigue entrampado en el Congreso debido a indicaciones de diversos sectores que terminaron con los puntos clave del espíritu original del proyecto, el que ha generado cuestionamientos desde el ámbito empresarial, dado que terminaría con el carácter perpetuo de los derechos de agua, poniéndole un tope de 30 años.
Sebastián Piñera propuso hacer más sostenible el uso de los recursos hídricos y revisar el proyecto de ley “para dar mayor certeza jurídica a los usuarios”. Desde la Comisión de Agricultura del equipo de Piñera, se ha señalado que este es uno de los temas más urgentes en materia de riego. La idea es que se invierta en obras de regadío por parte de los privados con seguridad y que además los agricultores se atrevan a realizar proyectos de mediano y largo plazo.
Pero sin duda que uno de los temas más complejos que le tocará enfrentar al futuro mandatario y a su ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, será la ratificación o no, del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que establece una serie de obligaciones de los Estados suscritos en favor de los pueblos originarios, así como la consulta obligatoria en temas vinculados a proyectos de inversión. El convenio, que debe ser ratificado cada 10 años, es decir en 2018, sería visto por el sector privado, como un obstáculo al desarrollo. Se dice, incluso, que el presidente electo no descartaría la salida del acuerdo por no estar conforme con su aplicación.
En esta materia, la designada Ministra de Energía, Susana Jiménez, planteó la necesidad de revisar los procesos de participación ciudadana al alero del SEA y el mecanismo de consulta indígena de proyectos de inversión. Incluso agrega que, para iniciativas de mayor alcance, lo indicado sería sacar estos procesos de socialización de la institucionalidad actual y realizarlos en las etapas más tempranas de desarrollo de las iniciativas. Propuesta que, sumada al Plan Araucanía, podría tranquilizar a los representantes de las comunidades que han manifestado su sensación de “desprotección” en caso de que no se ratifique el convenio.
A estos tres problemas de políticas públicas que afectan el mercado y proyectos de inversión de la minería/energía en el país, se suma el reciente acuerdo alcanzado entre el Gobierno y las generadoras eléctricas para no levantar nuevas unidades a carbón. Pese a que no se ha pronunciado específicamente a ese tema, en su propuesta de gobierno, Sebastián Piñera planteó la necesidad de “facilitar el desarrollo de fuentes de energía renovable (…) para reducir las emisiones de carbono acorde a nuestros compromisos del Acuerdo de París”.
Así, si nos focalizamos sólo en estos elementos que hemos destacado, es evidente que no es fácil el camino que se aproxima para el objetivo de promover la inversión, que será la principal vara con la cual se medirá el éxito o no de la próxima administración.
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