Por: Jaime Mulet M. y Esteban Valenzuela V. Presidente y vicepresidente de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS)
En momentos de cambio de Gobierno hay que reconocer que el balance con Bachelet fue positivo en la elección de gobernadores, arquitectura metropolitana, fondos para zonas extremas y rezagadas y modernización municipal. La otra cara de la moneda, fue lo no tocado –rentas regionales, región Wallmapu–; y hacia el presente, las serias dudas con el Gobierno de Piñera, que se muestra vago en esta área y hegemonizado por el municipalismo clientelar al estilo gremialista.
La Presidenta pasará a la historia como aquella gobernante que se atrevió a romper los 190 años de expropiación del poder autónomo territorial que perdieron las ocho provincias iniciales del Chile republicano en la aciaga batalla de Lircay en Talca, donde la coalición portaliana-pelucona instauró el presidencialismo centralista y semiautoritario que naturalizó el país.
La antigua Concertación y RN habían prometido durante dos décadas dar este paso, sin hacerlo, por las resistencias enormes en sus propias elites partidistas y parlamentarias, condenando al país a ser de los tres más centralizados de la OCDE (con Turquía y Grecia), sin elección de intendentes (futuros gobernadores regionales), con poca autonomía territorial, bajísimo gasto subnacional autónomo (15% del gasto público total versus 40% promedio) y con la subsistencia de graves brechas por la pobreza en el centro sur y las disparidades entre comunas, incluyendo a la RM, donde algunos viven en Suiza y otros en un suburbio subdesarrollado como gueto. Vitacura tiene 20 metros cuadros de área verde por habitante y Cerro Navia dos, Antofagasta y el eje Santiago-Valparaíso encabezan los rankings del buen vivir, mientras la pobreza es dura desde la costa del Maule a Los Lagos, en que las forestales, eléctricas y pesqueras no pagan tributos.
Su Gobierno se atrevió a crear una Comisión para la Descentralización que propuso las cinco puntas del desarrollo territorial armonioso de todo el mundo: la autonomía política con la elección de gobernadores y sin miedo a regiones plurinacionales como el Wallmapu; una ley de rentas regionales y apropiación predial municipal; competencias relevantes a las regiones, incluyendo una pragmática gobernanza metropolitana; un fondo de convergencia regional con sistemas de apoyo a retención de capital humano avanzado para romper inequidades estructurales; y un sistema participativo y con control social para evitar la captura corrupta y personalista de los gobiernos subnacionales.
Aunque en el frenazo a las reformas en el período Burgos-Vergara impidió caminos políticos para el conflicto en el Wallmapu, como lo proponían Marimán y el intendente Huenchumilla, y tampoco se avanzó en rentas regionales, el Gobierno de Bachelet avanzó en la idea de solidaridad estructural con el mencionado de manera muy acotada, con Fondo de Zonas Rezagadas en el centro sur, lo que debiera crecer con la eventual Ley de Rentas Regionales, combinada con la propuesta de Piñera de eventuales incentivos impositivos a las empresas que hagan inversión relevante en los territorios. El exitoso fondo de zonas extremas (clave para la buena votación del oficialismo en Arica, Aysén y Magallanes) generó inversión relevante en dichas tres regiones, a diferencia de La Araucanía, cuya ley espera. La creación de las universidades públicas en O’Higgins y Aysén, así como los CFT en todas las provincias, fueron otros hitos de equidad territorial.
En otro ámbito el Gobierno será reconocido por dictar, después de 25 años, una actualización de las plantas municipales, rompiendo la hipocresía institucional, la inequidad con segmentos modernizados (justicia, servicios vinculados a Hacienda, educación y salud, incrementalmente). Esta mejora en lo laboral, sin embargo, debe reflejarse en gobiernos locales transformadores de la calidad de vida de las personas, sin importar el lugar de nacimiento o residencia. Los municipios deben tener un nuevo pacto con la sociedad, como lo enfatiza en su municipalismo la UDI del nuevo subsecretario Felipe Salaberry. Como las demandas son muchas, es inevitable dar a los municipios potestades específicas y claras, junto a más recursos con corresponsabilidad.
Los municipios, como bien dice la OCDE, han crecido en gasto administrativo pero no en recursos y se retrocedió al bajar la recaudación del predial a 0.5 del PIB, con solo el 20% de las viviendas pagando contribuciones versus el 0% del PIB con 40% de los hogares pagando por los servicios locales incluyendo la basura. No habrá salto cualitativo sin recursos, y pasar de lo genérico a la obligación de servicios municipales con estándares garantizados. La Subdere avanzó en esto y sobre la base de trabajos de la PUC y la UAH se ha formulado una primera generación de cuatro trámites y tres servicios de impacto ciudadano que deben ser obligatorios: residuos con reciclaje, infraestructura verde recreativa accesible e iluminación con tecnologías de punta y sustentables. Para esto se requieren recursos por la vía de aportes centrales y terminar con la pereza municipal en lo fiscal. Debiera agregarse el mantenimiento de las calles y su demarcación, que es clave en la movilidad urbana y rural en un escenario en que las municipalidades perderán la gestión educacional.
La descentralización apropiada implica autonomía, recursos y responsabilidad. Es un escándalo que aún existan municipios que botan la basura en vertederos, no mantienen su alumbrado público ni sus calles y condenan a los ciudadanos a vías sin arbolado urbano decente ni parques, bosques y plazas cercanas con mayor pragmatismo en su mantención.
Volviendo al presente, el Presidente Sebastián Piñera no mencionó la descentralización entre sus cinco áreas prioritarias para un acuerdo nacional con todas las fuerzas políticas, no obstante de él dependen los cambios complementarios claves para que la elección de gobernadores regionales, que asumen en marzo del 2021, tengan potestades y recursos:
a.- Decidir qué instituciones y programas de fomento productivo, gestión de ciudades, desarrollo social y transporte (nuevas áreas de gestión) serán traspasadas en el proceso de entrega de competencias a los gobiernos regionales, que es por oficio o mera voluntad del gobernante hasta el 2022 (solo entonces las regiones pueden pedir nuevas competencias).
b.- Mandar una ley de rentas regionales que asuma la propuesta de la Comisión por la Descentralización 2014, en cuanto a eliminar el fondo reservado del cobre a las FF.AA., para convertirlo en un fondo de convergencia que haga justicia a las contaminadas zonas mineras y, a su vez, haga megainversiones en zonas extremas y rezagadas.
c.- Dar vida ahora a las zonas metropolitanas y mejorar la movilidad en las urbes en regiones extra-Santiago, donde el cansancio ciudadano se expresa en los movimientos “No más tacos”, ante el colapso vial y la lenta inversión en transporte y sistemas de buses modernos y/o trenes ligeros, como los que se proyectan y necesitan para Iquique-Alto Hospicio, La Chimba-Antofagasta, Copiapó-Tierra Amarilla, Coquimbo-La Serena, Machalí-Rancagua, Temuco-Padre Las Casas, Puerto Montt-Puerto Varas.
El Presidente debe escuchar más a Renovación Nacional y Evópoli, que sí se abren y contribuyeron a fortalecer la regionalización, a diferencia de la UDI, que se refugia solo en lo municipal y no quiere regiones fuertes que sean activas en el desarrollo socioeconómico y ambiental estructural. Del mismo modo, ir al sistema de servicios municipales garantizados con alta participación ciudadana a cambio de recursos frescos para los municipios por cumplimiento de estándares, rompiendo la mediocridad de muchas gestiones. Poder regional y municipal como complemento y no como disyuntiva, cual lamentablemente la UDI lo entiende, con las dudas, porque ha tomado a su cargo la Subdere.
Piñera no hará ningún avance significativo si deja intocables las rentas centralizadas y la alta evasión de impuestos. Su propuesta genérica de promover inversión privada en los territorios no debe ser una rebaja impositiva irresponsable en el tono de la ultraderecha mundial. Sí es bienvenido un esfuerzo serio y pactado de transparencia en las rentas mineras y extractivas en general (Chile se ha negado a sumarse a una iniciativa en este sentido de Transparencia Internacional), buscando formas de alianza público-privada para destrabar cientos de proyectos de infraestructura como el Túnel Las Leñas y otros.
Ya no sirve repetir en general que invertirá para los próximos ocho años veinte mil millones de dólares en las regiones –cifra exigua frente a la ampliación del Metro en Santiago–, sin dar pasos en rentas autónomas que puedan hacer real su idea de contratos de desarrollo Nación –regiones-municipios–. Los actores deben tener potestades, estar empoderados con recursos para converger en un salto de políticas efectivas en las metrópolis y en las zonas rurales, aisladas y del altiplano.
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