Por: Nicolás Bravo R. Cientista Político. Coordinador de Contenidos – Fundación Chile Descentralizado
Como se ha señalado en una columna anterior, luego de la aprobación de la elección democrática de gobernadores regionales, Chile se enfrenta a un proceso de “Descentralización 2.0”. Si bien la elección democrática de la máxima autoridad subnacional vino de la mano con un proyecto de “traspaso de competencias” a los gobiernos regionales (descentralización administrativa), uno de los ámbitos en que el pasado gobierno de la presidenta Bachelet no alcanzó a legislar fue en materia de descentralización fiscal-económica.
Haciéndose cargo de esta realidad, el programa de gobierno del actual presidente Piñera contemplaba como propuesta “Definir una ley de financiamiento y responsabilidad fiscal regional”, idea que ratificó en su discurso inaugural desde La Moneda el 11 de marzo, así como en su Cuenta Pública del 1 de junio de este año, señalando que se van a “trasferir a los gobiernos regionales y comunales más atribuciones, más responsabilidades y más recursos”.
En la misma línea, el excoordinador programático de la candidatura Piñera y actual Ministro, Gonzalo Blumel señaló que “… uno de los temas que está pendiente tiene que ver con la descentralización fiscal, que es dotar a las regiones de mayores capacidades y recursos para poder implementar sus planes de desarrollo”.
Asimismo, el Subsecretario de Desarrollo Regional (SUBDERE) Felipe Salaberry, declaró que el “Gobierno afina proyecto de ley de impuestos territoriales” donde existiría un plan piloto en las regiones de Coquimbo y Biobío, lo cual desató las críticas por parte de parlamentarios de otras regiones como el Senador Chahuán de Valparaíso y el Senador Guillier de Antofagasta.
Toda esta discusión también se vio favorecida por las propuestas de descentralización que le presentaron al gobierno organizaciones empresariales como la SOFOFA y la Cámara Chilena de la Construcción. Paralelo a este debate, el Ministro de Hacienda Felipe Larraín ha entregado algunos adelantos de los que sería el proyecto de “modernización tributaria” que vendría a mejorar la controversial reforma tributaria de Bachelet, sin embargo, la gran ausente en medio de esta discusión sobre impuestos ha sido la dimensión territorial.
La pendiente ley de financiamiento y responsabilidad fiscal regional comprometida por el presidente Piñera en su programa de gobierno se hace urgente considerando que queda poco tiempo para que en 2020 asuman por primera vez gobernadores regionales electos por la ciudadanía de regiones.
Durante la discusión legislativa sobre la elección de gobernadores regionales, muchos parlamentarios reclamaron de que se estaba eligiendo un “intendente sin recursos ni atribuciones”. Algo de cierto había en esa afirmación. Pasemos de los reclamos a la acción: estamos en un momento trascendental para poder legislar en materia fiscal-económica. Es imperativo que el proceso de descentralización siga su buen curso para que en 2020 podamos elegir gobernadores regionales con recursos y atribuciones que tengan un impacto real en el desarrollo de las regiones.
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