La iniciativa legal contempla entre sus normas una reducción del componente político en el SEIA, la ampliación de los espacios de participación ciudadana y un acceso igualitario a la justicia ambiental
El Gobierno ingresó a la Cámara de Diputados el proyecto de ley que modifica el funcionamiento del Sistema de Evaluación Ambiental (SEIA) fue formalmente ingresado a trámite legislativo a la Cámara de Diputados
El mensaje presidencial reconoce la importancia del SEIA como instrumento de gestión ambiental en Chile, especialmente al incorporar esta temática a los proyectos o actividades que deben ser evaluados. Pero observa, sin embargo, que a 20 años de su entrada en vigencia y a ocho de la última gran reforma, su institucionalidad ha caído en la crítica ciudadana.
La propuesta plantea modernizar el SEIA, introduciendo normas que garanticen “el desarrollo sustentable, promueva la participación ciudadana y entregue mayor confianza a todos los actores de la sociedad”.
Tal como se indica en el proyecto de ley, un primer objetivo es acortar al mínimo las instancias de decisión política, modificando para ello la conformación de la Comisión de Evaluación Ambiental de naturaleza regional. Así se plantea crear tres comisiones macrozonales integradas por autoridades conocedoras de las materias sobre las que deberán pronunciarse y por actores técnicos, restringiendo el factor político.
Otra modificación busca elevar el estándar técnico de los procesos de evaluación por medio de la creación de tres direcciones macrozonales: Norte, con sede en Antofagasta; Centro, con sede en Santiago; y Sur, con sede en Valdivia.
Además, se elimina la instancia de reclamación ante el Comité de Ministros o el director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental, contemplándose un recurso de reclamación judicial ante los tribunales ambientales; y se establece un recurso de aclaración especial, para efectos que los proponentes de proyectos y la ciudadanía que participó en el procedimiento puedan acudir ante el mismo órgano que dictó el acto, a fin de aclarar pasajes obscuros del acto administrativo.
El proyecto también contempla la ampliación de los espacios de participación ciudadana y procura un acceso igualitario a la justicia ambiental.
