Por: Hernán de Solminihac. Director CLAPES UC
El accidente de los 33 mineros ocurrido hace ocho años marcó un antes y un después en la minería nacional. El derrumbe de la mina San José y el posterior rescate reforzó la seguridad minera en un tema prioritario para los gobiernos. Las políticas públicas del área cambiaron de rumbo y se focalizaron, tanto en el aspecto formativo como normativo, en aumentar las medidas de seguridad y autocuidado en las faenas mineras desde las artesanales hasta las grandes.
Las reformas en materia de seguridad minera implementadas tras el accidente de los 33 generaron una mejora considerable en las estadísticas de fatalidad. El impulso del autocuidado, el aumento de la fiscalización y la capacitación de los trabajadores en seguridad contribuyeron a que la cantidad de trabajadores fallecidos por cada mil trabajadores descienda de 0,24 en 2010 a 0,15 en 2011.
Ahora bien, a pesar de esta mejora, la caída de la tasa de fatalidad minera se desaceleró a partir del año 2016. Las principales tareas pendientes son la minería artesanal y la pequeña minería, las que representaron en conjunto el 51% de los accidentes fatales entre 2000 y 2017, pese a tener una participación de solo 14% en el total de ocupados en la minería metálica nacional.
Asimismo, la brecha de Chile respecto a países mineros desarrollados aun es significativa. En 2016, la tasa de fatalidad del sector minero de Chile fue de 0,08 fallecimientos de por cada mil trabajadores, mientras que en Australia fue 0,04.
De ahí la necesidad de continuar y acelerar el trabajo de la industria por buscar una tasa de accidentabilidad cero en todas las faenas mineras. La actual institucionalidad asegura que se cumplan las normas básicas de seguridad, pero eso no basta. El sector minero requiere del compromiso de los empresarios, gerentes, encargados de seguridad y los trabajadores en proveer trabajos seguros y con procedimientos adecuados de prevención. Es necesario generar conciencia de que un mayor riesgo de accidentes es una potencial pérdida para todos los involucrados en el sistema.
El impacto de un accidente laboral en los trabajadores, sus familias y compañeros es enorme. Un segundo efecto de los accidentes tiene que ver con la pérdida de productividad: la interrupción en los procesos se traduce en una caída importante de la producción. Según cifras de Sernageomin, actualmente ocurren más de 700 accidentes incapacitantes al año en el sector minero de Chile, lo que se traduce en más de 90 mil días-hombre perdidos a causa de accidentes.
Este octavo aniversario del accidente de los 33 mineros es una instancia para reflexionar sobre la importancia de intensificar nuestros esfuerzos en materia de seguridad minera y no quedarnos en el sesgo del status quo. Debemos gestionar los riesgos mineros de manera preventiva y no esperar a que ocurra un nuevo accidente de esa magnitud para reaccionar y dar un nuevo impulso.
La cruzada de fatalidad cero es una carrera de largo aliento y requiere de una constante articulación de los esfuerzos de todos los actores. Mitigar el riesgo de accidentes mediante la reducción de condiciones y actos inseguros beneficia a todos los trabajadores mineros y sus familias, y con ello el bienestar y desarrollo del país.
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