Por: Gonzalo Álvarez F. Doctor en América Latina Contemporánea. Investigador del Instituto de Estudios Internacionales (INTE). Universidad Arturo Prat
Luego de reunirse con el Consejo de ex Cancilleres y Comité Asesor para las demandas ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), el Canciller Roberto Ampuero declaró: “nuestro territorio soberano está resguardado y no será parte de negociación alguna” (Ministerio de Relaciones Exteriores, 21/09/2018). ¿Es correcta la aseveración del Canciller?
Por un lado, efectivamente la demanda interpuesta por Bolivia ante el tribunal de La Haya no plantea una reivindicación marítima, sino que busca que la Corte se pronuncie sobre negociar o no un acceso al océano Pacífico. Por otro, de acoger la solicitud boliviana, obligará a las partes a negociar dicho acceso al mar, con soberanía (escenario poco probable) o sin soberanía. En ambos casos, puede ser una negociación delimitada (por ejemplo, con plazos predefinidos por la misma Corte) o una negociación abierta a la voluntad de las partes.
El canciller, entonces, está en lo correcto si se considera que el fallo del 1 de octubre no pondrá en “riesgo” la soberanía, pero se equivoca al plantear que esta “no será parte de negociación alguna”, que, aunque menos probable, cabe dentro de las posibilidades. ¿Y si esto ocurriera? Significa que ante el peor escenario para Chile -obligación de negociar un acceso soberano- ¿Se desconocerá el fallo de un organismo internacional? ¿se resguardará la soberanía por otros medios?
Ninguna de las opciones aparece como viable. Primero, desconocer el fallo de la CIJ, no solo significa el rechazo de un instrumento internacional que Chile suscribió voluntariamente, sino que también rompería con uno de los principios la política exterior del país como lo es el respeto del derecho internacional. Segundo, resguardar la soberanía por otros medios significa contravenir no solo el derecho internacional y la solución pacífica de controversias, sino que hipotecar la posición internacional de Chile en materia de comercio, relaciones políticas, sociales y culturales con la región y el resto del mundo. Ambas “posibilidades”, para cualquier analista serio o cualquiera que entienda los costos -para un país medio como Chile- de este tipo de acciones en un mundo interdependiente, resultan risibles.
¿Cuál es la opción viable entonces? Indistintamente del carácter que pueda tener el dictamen de La Haya, se hace necesario tener múltiples consideraciones históricas y de contexto, realistas y de principios, además de voluntad política para buscar los caminos a seguir. Algunas consideraciones de carácter negativo, como, por ejemplo, que el fallo se dará en un contexto de retroceso de la integración regional, de la emergencia de nacionalismos y de visiones políticas contrapuestas. Otras, positivas, señalan que, a partir de la resolución pacífica de controversias, del respeto al derecho internacional y la confianza mutua en América Latina se han construido relaciones interestatales pacíficas, que para Chile se ha evidenciado en la relación con Argentina y más recientemente con Perú.
Para el caso de Chile y Bolivia, indistintamente de la resolución que tome la CIJ, ésta pondrá a ambos países en una situación más positiva que negativa, en un marco de oportunidades para pasar desde una situación de conflicto a otra de negociación, diálogo y eventual cooperación.
Es decir, la resolución del tribunal de La Haya establecerá un marco de negociaciones -más o menos delimitado y en función de un objetivo determinado- para que ambas partes busquen un acuerdo que, por diversas circunstancias históricas y coyunturales, no han sido capaces de alcanzar. En otras palabras, desde un régimen internacional legítimo y de alcance mundial, que tanto Chile como Bolivia han reconocido como un interlocutor válido, es probable que se establezcan mecanismos razonables para el inicio y desarrollo de negociaciones.
Chile y Bolivia han fracasado en sus intentos por acercar posiciones y buscar una solución a un problema histórico. Desde ambas partes, se han señalado diversas razones, atribuyendo los fracasos y las reivindicaciones a elementos nacionalistas, a la inestabilidad política, a la instrumentalización del problema, al rol de terceros países, entre otras. No obstante, esta vez, la resolución del 1 de octubre podría ser el punto de partida para que los gobiernos de ambos países inicien una nueva etapa.
No obstante, la resolución de este organismo internacional requerirá necesariamente la voluntad política de las partes para, primero, a partir de una negociación iniciar un nuevo proceso de diálogo -esta vez delimitado, con objetivos y por tanto, con menor incertidumbre- para luego, avanzar a la inclusión de otras dinámicas en la relación (por ejemplo, locales y trasfronterizas en ámbitos sociales, políticos, económicos y culturales), que vayan más allá de lo ordenado por La Haya y de las burocracias centrales, que han tendido a equivocar tanto el discurso como la práctica.
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