El sitio web es de acceso público y contempla innovaciones en nuevos cruces y formas de relacionar cerca de 1 millón de registros sobre audiencias, viajes, donativos de funcionarios y actividades de lobistas y gestores de interés
Con foco en la entrega de información a la ciudadanía y acento en lobistas, gestores de interés y empresas que se benefician con la actividad del Lobby, se presentaron las innovaciones introducidas a la plataforma de Infolobby, lanzada hoy junto con el comparador de Declaraciones de Intereses y Patrimonio, disponible en el portal InfoProbidad, ambas herramientas a cargo del Consejo para la Transparencia (CPLT).
La plataforma de Infolobby consolida los registros a los que obliga la Ley del Lobby y desde noviembre de 2014 ha reunido cerca de 1 millón de registros, entre audiencias, viajes, donativos, lobistas, gestores de interés, representados en audiencias, autoridades y organismos públicos. Esta información fue enviada por sujetos obligados de 676 instituciones públicas.
Con estas acciones el CPLT conmemora los 10 años de la Ley de Transparencia y pone en manos de la ciudadanía de una herramienta que permitirá conocer quiénes eventualmente han incidido en una determinada decisión o política pública, entre otras acciones que pueden ser relevantes para el ejercicio del control social.
En este sentido, el presidente del Consejo para la Transparencia, Marcelo Drago, explicó que este rediseño implicó un profundo cambio de mirada en términos de acceso y presentación de los registros y contenido, resaltando que “La forma en la que estaba enfocada la información inicialmente estaba pensada en las autoridades. Lo que hicimos fue dar vuelta en 180 grados el portal del Lobby. El foco ahora está puesto en un ciudadano que quiere escrutar la actividad en un tema en particular, de un proyecto de inversión, de un proyecto de ley y ver quiénes han estado tratando de influir en el proceso de toma de decisiones, actividad completamente legítima por cierto”.
Asimismo, la web permite vía acceso abierto a la generación de fichas 360 o fichas con información completa sobre lobistas (personas naturales y empresas) y el mapeo de sus relaciones, empresas representadas, audiencias, entre otros antecedentes; un buscador más flexible y visualizaciones atractivas que incluyen rankings y comportamientos evolutivos de personas y empresas que realizan lobby, viajes y donativos, entre otras funcionalidades y herramientas.
“Este millón de registros permitió poner Big Data a disposición del escrutinio público, de la transparencia, a disposición de la rendición de cuenta de las autoridades y de quienes realizan la actividad de Lobby y gestión de intereses en el país”, apuntó Drago.
Estos cambios a la plataforma apuntan a mejorar el acceso a la información en línea y potenciar los datos abiertos a partir del rediseño del buscador, cambios basados en el levantamiento de las necesidades de los usuarios a partir del uso que se le ha dado a la web desde 2015.
Entre las innovaciones más llamativas de Infolobby se cuentan un mejor tratamiento y representación de los datos, a través de nuevos cruces que potencian las búsquedas y que permiten conocer no sólo el número de audiencias solicitadas por un lobista o empresa de lobby sino mapear sus relaciones y verificar qué actores potencialmente podrían incidir en determinadas materias, proyectos o ámbitos particulares.
Asimismo, el CPLT implementó cambios en la plataforma InfoProbidad, en la que se publican las Declaraciones de Interés y Patrimonio de las autoridades poniendo a disposición de la ciudadanía un comparador de declaraciones, herramienta que permitirá hacer cruces de un universo de 28 mil declaraciones y generar evolutios de este tipo de información por autoridad.
El proceso de modernización de las plataformas de InfoLobby e InfoProbidad se presentan a poco tiempo de que se conmemore la promulgación de la Ley N° 20.730. La normativa que regula el Lobby estableció la creación de este registro público desarrollado y administrado por el CPLT, en el que deben inscribirse personas que desarrollen gestiones de lobby ante las autoridades, miembros, funcionarios y servidores de los órganos de la Administración del Estado, hasta el nivel que determine el reglamento, según señala la normativa.
