La propuesta, que además remarca el carácter multicultural de la nación chilena, se suma a otras tres reformas a la Carta Fundamental que buscan incluir en sus normas al patrimonio histórico cultural de la nación; consagrar el dominio público sobre los recursos genéticos y reconocer derechos sobre conocimientos a comunidades indígenas; y establecer el respeto por la lengua castellana y los idiomas de los pueblos originarios de Chile
Cuatro reformas constitucionales relacionadas con el mundo indígena y su efectivo reconocimiento en dicho cuerpo fueron aprobadas en la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, instancia que preside el diputado Marcelo Díaz (PS).
La primera propuesta modifica el artículo primero de la Constitución, donde señala que “Chile es una nación multicultural” y avanza luego en recalcar que el “Estado reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas que habitan su territorio y el derecho de los pueblos, comunidades y personas indígenas a conservar, desarrollar y fortalecer su acervo cultural, identidad, lenguas, instituciones, tradiciones, cosmovisión y costumbres ancestrales”.
Posteriormente, especifica que es “deber del Estado respetar, rescatar y preservar el acervo cultural de los pueblos indígenas, identidad, lenguas, instituciones, tradiciones, cosmovisión y costumbres ancestrales, y otorgar debida protección al ejercicio legítimo de sus derechos sobre las tierras y las aguas”. Además, acota que una ley de quórum calificado establecerá un estatuto que regule este deber del Estado.
Finalmente, establece que es deber del Estado proteger y preservar el patrimonio cultural y natural de la Nación.
Patrimonio, recursos genéticos y lenguas
La segunda iniciativa, en lo esencial, afecta el artículo 19 de la Carta Fundamental. La norma vigente asegura el derecho de propiedad y define que solo la ley puede establecer el modo de adquirirla, usarla, gozarla y disponer de ella, así como las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social. En dicho marco, el proyecto suma al listado de conceptos la conservación del patrimonio histórico cultural de nuestro país.
El tercer proyecto también modifica el artículo 19 para agregar que el Estado de Chile “tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de los recursos genéticos, de sus propiedades bioquímicas, y de sus derivados, en relación a animales y vegetales de carácter endémico que se encuentren en su territorio”.
Indica luego que una ley Orgánica Constitucional regulará el acceso a estos recursos, velando por salvaguardar los intereses de la nación, y por la participación justa y equitativa en los beneficios de los recursos genéticos.
Por último, especifica que el Estado reconoce y ampara el derecho de sus comunidades indígenas sobre sus conocimientos y practicas ancestrales, asociadas a recursos genéticos y sus derivados.
En tanto, la cuarta reforma constitucional altera el artículo segundo y determina que “el castellano y aquellas lenguas que sean propias de los pueblos indígenas que habitan el territorio de Chile, constituyen parte y enriquecen el patrimonio cultural de la Nación”.
Acota seguidamente que es deber del Estado respetar, preservar y promover la diversidad de lenguas que conviven en la Nación.
En este mismo contexto de análisis, la Comisión evaluó una quinta moción que modificaba el artículo 19 de la Constitución Política, con el objeto de establecer como deber del Estado, la protección del patrimonio natural y cultural.
Los textos serán informados por el diputado Florcita Alarcón (PH).
Cabe señalar que las cinco propuestas de reforma constitucional fueron presentadas en periodos anteriores por diversos grupos de parlamentarias/os de los cuales continúan en ejercicio René Manuel García (RN), Fernando Meza (PRSD), René Saffirio (IND), Mario Venegas (DC), Daniella Cicardini (PS), Iván Flores (DC), Marcela Hernando (PRSD), Carlos Abel Jarpa (PRSD), Daniel Núñez (PC), José Pérez (PRSD), René Alinco (IND), Pepe Auth (IND), Fidel Espinoza (PS), Leopoldo Pérez (RN), Marcela Sabat (RN), Alejandro Santana (RN) y Sergio Bobadilla (UDI).
