Adicionalmente, varios senadores de oposición presentaron un proyecto de acuerdo que solicita al Ejecutivo extender la gratuidad para estudiantes
En condiciones de ser analizado en general por la Sala del Senado quedó el proyecto iniciado en moción de los senadores Juan Ignacio Latorre, Carlos Montes, Yasna Provoste y Jaime Quintana, que modifica la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, con el objeto de prohibir que se informe sobre las deudas contraídas para financiar la educación en cualquiera de sus niveles.
La presidenta de la Comisión, Yasna Provoste, destacó la aprobación en general de la iniciativa que asegura una educación sin Dicom, vale decir, prohíbe que cualquier deuda contraída para estudiar desde la educación preescolar a la superior, esté en el registro de sistema de deudas comerciales morosas o impagas conocido como Dicom. Y además obliga a borrar de los registros a los actuales morosos.
“Aprobamos en general un proyecto que modifica la ley sobre Protección de la vida privada con el objeto de prohibir que aparezcan en los informes comerciales todas las deudas contraídas, con el objeto de financiar la educación a lo largo de todo el sistema escolar y educacional”, puntualizó.
Además, la parlamentaria por la región de Atacama explicó que como autores de esta iniciativa les “asiste la más profunda convicción que la educación es un derecho y no es una industria, y por lo tanto, no puede moverse con los valores del neoliberalismo y en ese sentido, creemos que todos aquellos que han hecho un esfuerzo importante en materia educacional no pueden estar en los registros comerciales por morosidad en ningún informe. Y que dicha situación signifique no acceder a otros beneficios sociales a lo largo de la vida”.
Por su parte, el senador Juan Ignacio Latorre valoró la aprobación en general señalando que “es importante avanzar en esta medida reparatoria ya que genera una serie de dificultades para estudiantes endeudados como ejemplo: optar a créditos hipotecarios, encontrar trabajo, contratar planes de celulares, entre otros”. Y agregó “nosotros creemos que la educación es un derecho social y no una mercancía. Este pequeño paso es muy importante para los y las estudiantes y sus familias”.
Recordó que en enero pasado, en conjunto con la organización Deuda Educativa y con el apoyo de la diputada Camila Rojas y las presidentas de FEUSACH, FECH y FEUC, realizó una primera Asamblea de deudores con estudiantes donde pudieron abordar la situación y empujar la discusión del proyecto “Chao DICOM” en la Comisión de Educación.
En esta línea y tras audiencias realizadas donde se escucharon a diversos actores implicados en el problema, el proyecto se aprobó, en general, en la comisión, quedando listo para votarlo en general en la Sala del Senado y luego abrir un periodo de indicaciones para que vuelva a ser revisado por la comisión.
Por su parte, Juan Pablo Rojas, vocero del movimiento Deuda Educativa catalogó como “histórica” la votación y el hecho que “se comience a tomar en consideración la tremenda problemática social que se ha generado tras los créditos universitarios, situación que solo ha hecho hacer más difícil la vida a los estudiantes y favorecer a los bancos”.
Extender la Gratuidad
Por otro lado, los senadores Yasna Provoste, Juan Ignacio Latorre, Alejandro Guillier, Álvaro Elizalde, Alejandro Navarro y Alfonso De Urresti anunciaron la presentación de un proyecto de acuerdo donde solicitan al Ejecutivo extender el beneficio de la gratuidad.
Los legisladores señalaron que “luego que el Ministerio de Educación confirmara que 27 mil estudiantes perderán el beneficio de la gratuidad por haberse atrasado en sus carreras”, los parlamentarios de oposición estimaron que “existe la obligación de otorgar estudios gratuitos de modo que pueda extenderse más allá de la duración nominal del plan de estudios de la carrera”.
