Por: Bernardita Espinoza V. Ingeniero Civil Industrial, Universidad de Chile
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento que marca un hito en la historia de la defensa de los derechos humanos. Elaborada por representantes de todas las regiones del mundo con diferentes antecedentes jurídicos y culturales, la Declaración fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París, el 10 de diciembre de 1948, con el fin de reconocer y defender la dignidad intrínseca del ser humano, que forma base de la libertad, la justicia y la paz.
Los adherentes a dicha declaración se comprometen a establecer un Estado de Derecho, que garantice el respeto de dichos derechos, en especial respecto de los organismos estatales y que ostentan del poder.
No obstante, este objetivo universal de defensa de los Derechos Humanos, transversal a la sociedad y al color político, a la raza, religión o creencia, desde un tiempo hasta ahora se hace evidente que ha sido considerada una bandera de lucha por los sectores políticos de extrema izquierda, los cuales tienen inaceptables sesgos respecto a quienes deben ser defendidos y respecto de qué agentes estatales y quienes simplemente no merecen dicha defensa. De este modo se desmaterializa el concepto de Derechos Humanos, pues no sería intrínseco de la persona humana, sino que habría que cumplir requisitos de formas de pensar, para merecer dicha dignidad.
Y así ocurre, ciertamente, que cuando las violaciones reiteradas a los Derechos Humanos las ejercen organismos estatales de países gobernados por la Izquierda, los sectores políticos de extrema izquierda guardan silencio o derechamente justifican o respaldan dichas violaciones.
Por otra parte, desde que fueron objeto de recurrentes y dolorosas violaciones de los DDHH llevadas a cabo durante la Dictadura Militar, nuestros sectores políticos de izquierda consideran que la defensa de los DDHH es un patrimonio de ellos, y por ende, que no merece intromisión de otras miradas y opiniones, más que las que vengan de sus dolores y aflicciones.
En este contexto, se podrían interpretar y encontrar una causa de la inesperada polémica desatada a raíz del nombramiento del destacado abogado y político chileno Sergio Micco Aguayo, como Director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, quien a la fecha ejercía como consejero de dicho Instituto en representación de los(as) decanos de las Facultades de Derecho de las Universidades del Consejo de Rectores y de las Universidades Autónomas.
Dada la notable trayectoria de Sergio, desde su época de dirigente Universitario, función ejercida con valentía y convicción en plena dictadura militar, en su constante lucha por la justicia, la defensa de los Derechos Humanos y de los valores democráticos, dicha polémica, parece aún más inesperada e injusta.
Declaraciones de sectores de oposición denostan el nombramiento, el cual califican como una “operación” del Gobierno del Presidente Sebastian Piñera y Chile Vamos, que tendría como fin debilitar al organismo resultan incongruentes dada justamente la trayectoria de Sergio.
Más inaceptables aun resultan declaraciones de su propio sector político, en que cuestionan que el abogado y político Demócrata Cristiano haya aceptado el cargo, “a instancias de un gobierno de derecha”, siendo que justamente, en todo momento y en todo gobierno, es un deber de un demócrata trabajar por su país, por el bienestar de los más postergados y de aquellos que puedan ser más vulnerables a las violaciones de sus derechos, y no solamente cuando se está gobernando.
Es inaceptable que se considere que si el sector político al que perteneces no está gobernando, te eximas de toda cooperación y trabajo por el país. Este tipo de oposición ciega y enfermiza no es la que el país requiere, los temas país, como la defensa de los Derechos Humanos, no puedes ser utilizada como armas políticas ni elementos de división o posicionamiento político.
De este modo, el nombramiento de Sergio Micco al frente del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que ciertamente si cuenta con amplias simpatías, es una gran oportunidad para despolitizar y objetivizar la defensa de los Derechos Humanos, la cual debe ser ecuánime, justa y transversal a toda división político-social.
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