El encuentro, que se llevó a cabo en la sede del Congreso Nacional en Santiago, fue organizado por la Segunda Vicepresidencia de la Cámara de Diputados, la Academia Parlamentaria y el Centro de Políticas Públicas UC, a través de su proyecto Sociedad en Acción
Con la presencia del Segundo Vicepresidente de la Cámara de Diputados, Pepe Auth (IND), académicos y representantes de organizaciones comunitarias y fundaciones se realizó el seminario: ¿Es Chile un país participativo?, en torno a la importancia de la participación ciudadana.
En la oportunidad, el diputado Auth destacó la relevancia que tiene la participación ciudadana en sus diversos niveles, en un contexto de la alta desafección hacia la política, especialmente, la política representativa que encarna el Congreso Nacional.
En ese contexto, el legislador afirmó que muchas leyes actuales son el resultado de la promoción legítima por parte de una organización privada, explicando que “Un ejemplo que todos conocemos bien es la llamada Ley Emilia, por ello, no debemos perder de vista que el populismo y el clientelismo son peligrosos adversarios de la verdadera participación ciudadana, activa, responsable e informada, la que siempre trae aparejado un mayor control de la sociedad sobre la autoridad”.
Por su parte, Gonzalo Vicente, director de la Academia Parlamentaria, dio la bienvenida a los asistentes al seminario y destacó que la participación ciudadana, en el diseño de las políticas públicas, es uno de los principales factores de sostenibilidad de estas en el largo plazo, lo que se expresa normalmente en normas legales.
Relevancia de la participación
Ignacio Irarrázaval, director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, proporcionó el marco de análisis para la discusión, en torno a la participación de la sociedad civil en vida pública y comunitaria, considerando entre ellas a fundaciones y organizaciones comunitarias.
“¿Por qué es relevante la participación?” Es la pregunta que propuso Irarrázaval a la reflexión de los numerosos participantes al seminario. Al respecto, respondió que en sociedades modernas el Estado no tiene el monopolio de “lo público” y es importante que las personas se involucren en construir ese bien común. A modo de referencia, señaló que en Chile, más de 20 leyes contemplan instancias de participación en su implementación.
Paula Streeter, jefa del proyecto Sociedad en Acción del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, fue la encargada de moderar el panel de discusión del seminario. Abrió el debate Isabel Cayul, presidenta de la Junta de Vecinos del Barrio Yungay, quien presentó la experiencia de la organización Barrio Ecológico Yungay (@ecobarrioyungay), destacando el proceso de conformación de las asociación y su lucha por el rescate del patrimonio cultural del Barrio Yungay.
En ese plano, destacó la gestión de los conflictos que mantienen con la municipalidad de Santiago y su plan regulador. En relación con la legislación de Patrimonio Cultural, señaló Cayul, han tenido mucho impacto los intereses económicos. “Las inmobiliarias se adaptan al entorno patrimonial, suben los arriendos y baja la altura de edificios”, concluyó.
Álvaro Pillado, director de Organizaciones Sociales del Ministerio Secretaría General de Gobierno, resaltó la importancia de la participación ciudadana para una adecuada implementación de las políticas públicas y detalló las medidas que el gobierno de Chile ha tomado para facilitarla, como es el caso de la reforma a una serie de leyes que la regulan.
En tanto, Nicolás Cruz, de la Fundación Base Pública, denunció que, tanto los medios de comunicación como el Estado, desincentivan la participación ciudadana, al no facilitar su acceso y discriminarla en su cobertura: 1,5 millones de personas participaron en organizaciones de la sociedad civil, pero en la pauta de los medios tenemos muy poca representación en el debate público, a pesar de estar trabajando y velando por los bienes públicos.
Por su parte, Gonzalo Delamaza, académico de la Universidad de Los Lagos y expresidente del Consejo Nacional de la Participación Social, convocado por la expresidenta Bachelet, hizo presente que el país lleva 25 años preguntándose cómo desarrollar nuevas herramientas de participación ciudadana, como los plebiscitos comunales, las audiencias públicas y hasta la propia Ley de Transparencia, entre otras normas que contemplan instancias de participación en su implementación; pero estimó que su escasa aplicación amerita en sí misma una evaluación de la efectividad de estas normas y políticas.
