A juicio de los senadores Yasna Provoste, Pedro Araya, Alfonso De Urresti y Juan Pablo Letelier, lo moción tiene por objetivo el “superar un déficit de transparencia de las actuaciones de los más altos cargos ejecutivos de los partidos políticos en su relación con la ciudadanía y en especial con los grupos de interés”
Incorporar a los presidentes y secretarios generales de los partidos políticos legalmente constituidos como “sujetos pasivos de lobby y gestión de interés de terceros”, es la idea matriz del proyecto de ley presentado por los senadores Yasna Provoste, Pedro Araya, Alfonso De Urresti y Juan Pablo Letelier, texto que ahora deberá ser analizado por la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.
Los autores esperan que con esta medida se supere “un déficit de transparencia de las actuaciones de los más altos cargos ejecutivos de los partidos políticos en su relación con la ciudadanía y en especial con los grupos de interés”.
En caso de incumplimiento de las disposiciones se propone aplicar multas de 10 a 30 Unidades Tributarias Mensuales ($491.310 a $1.473.930), de las cuales será solidariamente responsable el partido político respectivo. Se seguirá para aquello, un previo proceso sancionatorio.
A juicio de los legisladores, “para asegurar un correcto desempeño de los partidos políticos, es indispensable dotarlos de una institucionalidad idónea, en donde la transparencia de su decisiones y actuaciones, puedan ser valoradas por la ciudadanía, que en última hora, constituye el poder soberano último al interior de la sociedad política”.
Agregan que ”nos ha parecido necesario y urgente, corregir una imperfección de la actual Ley que regula el lobby y las actividades de representación de intereses privados, que lamentablemente no consideró como sujetos pasivos de lobby a los altos cargos partidarios, en circunstancias que ellos, por el rol que juegan en la conducción de los partidos, en la definición de sus políticas y en la selección muchas veces de los cuadros que ocupan altos cargos en el Gobierno y en la Administración del Estado, como del Congreso Nacional, debieran quedar cubiertos por la obligación de transparentar sus contactos con los grupos de interés que legítimamente quieren hacer valer sus opiniones y planteamientos sobre el quehacer de los asuntos públicos del Estado”.
Los legisladores, esperan que mediante la propuesta se generé el necesario debate, resaltando que “Confiamos en que esta moción sirva para abrir un debate sobre la manera de salvaguardar un adecuado funcionamiento de los partidos en base a los más altos estándares internacionales de apego a la legalidad, de probidad y de transparencia en sus funciones”.
Cabe recordar, que el 8 de marzo de 2014, se publicó la Ley N° 20.730, que regula el lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades y funcionarios, constituyéndose en un gran avance para suministrar a la actividad pública herramientas que hagan más transparente su ejercicio.
La entrada en vigencia de esta ley representa un profundo cambio en la relación entre el Estado y las personas, estableciendo como deber de las autoridades y los funcionarios públicos (que tengan la calidad de “sujetos pasivos”), el registrar y dar publicidad a las reuniones y audiencias solicitadas por lobbistas y gestores de intereses particulares que tengan como finalidad influir en una decisión pública; los viajes que realicen en el ejercicio de sus funciones; los regalos que reciban en cuanto autoridad o funcionario.
