De acuerdo con los datos entregados por Cámara Chilena de la Construcción de La Serena, tras encuesta realizada sobre el estado de las empresas socias del gremio constructor ante la contingencia y estallido social de las últimas semanas, resultado que fue entregado a las autoridades regionales
“Es urgente restablecer el orden público y velar por la seguridad, necesitamos trabajar en paz, esto es prioritario. La industria de la construcción es uno de los sectores productivos más importantes de nuestra región, abarcando un 8,8% del empleo regional y con un capital humano que se ha visto afectado y dolido ante una violencia inusitada. Hoy, más que nunca, debemos ser más proactivos en generar una agenda que nos permita avanzar con un trabajo consensuado respecto a las principales medidas que se deben gestionar, lo que de acuerdo a la encuesta realizada entre nuestros asociados se destacan: el plan social regional y una nueva agenda de reactivación económica; ambiente social y laboral propicio; apoyar y fortalecer a las pymes”, dijo el presidente de la CChC La Serena, Eduardo Soto, en referencia al instrumento de levantamiento del estado de situación de las empresas del sector construcción y socias del gremio regional.
Dicho diagnóstico fue presentado al administrador regional del GORE, Cristián Morales; al seremi del MOP, Pablo Herman; al seremi del MINVU, Hernán Pizarro y al jefe de división de infraestructura y transportes del GORE, Christian Vine.
De acuerdo con el informe, de las 71 empresas socias catastradas (hasta el 11 de noviembre) con un total de 9.041 trabajadores directos y 4.884 trabajadores indirectos, el 56% disminuyó su jornada laboral hasta en un 40%, lo que implicó para el 30% de los encuestados, una disminución de productividad entre un 41% y un 60% y un rango de 61% y 80% en la baja producción, según el 28% de los encuestados.
Así también, los resultados por rubros del sector, entre ellos, el Inmobiliario y Vivienda Pública, con una representación del 28% de los encuestados, estima que el 65% de ellos tiene proyectos que pospondrá o detendrá definitivamente, lo que en costos equivale a un total de 6.974.600 UF, afectando a 5.820 puestos de trabajo directos e indirectos, en la región. En tanto, entre los rubros inmobiliario, proveedores de materiales o servicios, infraestructura pública y consultores, los daños estimados por destrozos y saqueos superan las 8 mil UF.
Según los socios encuestados de la CChC La Serena, el Gobierno Regional, debe poner acento también, en mecanismos para acelerar los procesos de instituciones públicas; agilizar carteras de obras públicas y plan de reconstrucción; gestiones con la banca y el SII.
Autoridades
El seremi del MINVU, Hernán Pizarro, al conocer los resultados de esta encuesta, manifestó “lo que vamos a hacer es acelerar los procesos de gestión de los permisos porque las DOM representan el 43% de los problemas que señalaron los socios de la Cámara y vamos a trabajar en conjunto para destrabar estos problemas y dar agilidad en los pagos desde el SERVIU. Por otra parte, el grueso de los proyectos se están financiando con la banca y el temor es que se restringa el crédito, en tanto, para los proyectos SERVIU, la entidad cuenta con un instrumento muy importante de financiamiento a través de una boleta de garantía asociado a proyectos y estados de pagos, por lo que podemos adelantar hasta un 20% de financiamiento del proyecto y después esto se puede ir pagando con pagares internos, así damos un espaldarazo adicional con una alternativa de financiamiento a los proyectos inmobiliarios y constructoras”.
“Tenemos dos temáticas que se dividen en medidas de corto y largo plazo, la primera tiene relación con la agenda social, cuidar a nuestros trabajadores y generar un diálogo con ellos de manera humilde y autocrítica para mejorar como empresas, como Estado, es decir, debemos acercarnos a nuestra gente. Lo segundo, es asegurar los proyectos que están en carpeta, acelerar la economía, que la agenda de infraestructura pública continúe y de cómo podemos apoyar en los procesos internos de acelerar adjudicaciones, procesos licitatorios, facilidades respecto a estados de pago, entendiendo todas las dificultades que estamos viviendo como país”, afirmó el seremi del MOP, Pablo Herman.
