Jorge Abbott entregó a la omisión de acusación constitucional contra el exministro Chadwick cifras sobre el aumento de las audiencias de control de detención, de imputados formalizados y de las denuncias por tortura y apremios ilegítimos ocurridas durante el estado de excepción
La comisión de acusación contra el exministro del Interior escuchó el detalle del actuar del Ministerio Público durante el período de estado de excepción, entre el 18 al 28 de octubre.
De esta forma, el fiscal nacional, Jorge Abbott, junto a representantes de las unidades de estudio y de DD.HH., explicó que en este período de contingencia social se demostró que el sistema procesal penal ha respondido, lo que demuestra que funciona el Estado de Derecho en nuestro país.
En relación al mismo período de 2018, se registró un total de 12.438 imputados, de los cuales el 90% fue llevado a detención por hipótesis de flagrancia, lo que representa un aumento del 80%.
Respecto del aumento de delitos en regiones y los de mayor frecuencia, destaca el robo en lugar no habitado, que pasó de 271 casos, en 2018, a 1.417, en 2019, principalmente, producto de saqueos y desórdenes públicos, que subieron de 4 a 655 casos, con una variación de 16 mil por ciento. En cuanto a detenciones ilegales, se consideran 770 en 2019.
Sobre violencia institucional de agentes del Estado, dijo que la Fiscalía recogió testimonios de imputados por otros delitos sobre apremios ilegítimos y que, con dichos audios, se realizaron denuncias de oficio. Además, se recopiló presentaciones en diversos centros hospitalarios.
El fiscal Abbott explicó que, en el período informado, hay 1.800 denuncias. “Todas las denuncias están actualmente abiertas. Tenemos funcionarios, tanto de Carabineros, del Ejército y uno de la Armada, que están formalizados. Las investigaciones están abiertas y, en definitiva, una vez que termine el plazo de investigaciones tendremos que tomar la decisión de presentar las acusaciones que correspondan”, explicó.
Reacciones
El presidente de la instancia, diputado Jaime Bellolio (UDI) indicó que también se preguntó sobre las formalizaciones de esas mismas personas, así como de las denuncias que algunos de estos imputados y otros están haciendo sobre detenciones ilegales, sobre tratos inhumanos, crueles o degradantes, torturas y otros métodos, que, por supuesto, son completamente contrarios a la normativa vigente. “Y, en eso, hay 25 personas, agentes del Estado, que están formalizados”, precisó.
Otro punto que destacó el parlamentario es la sustitución de delitos, es decir, “hay grupos que antes cometían ciertos delitos y, hoy día, empujados por bandas de narcotráfico y otros, comienzan a hacer otro tipo de infracciones”.
El diputado Marcos Ilabaca (PS) expresó su preocupación por los delitos cometidos por agentes del Estado, explicando que. “En particular, lo que yo le he solicitado al fiscal nacional es que los procesos investigativos se lleven adelante de la mejor manera posible, para que no quede ningún hecho impune”.
El parlamentario asimismo evaluó que los hechos ocurridos en nuestro país son graves y que la impunidad no se puede admitir, resaltando que “esperamos que el Ministerio Público, a través de las fiscalías regionales, desarrolle de la mejor manera posible las investigaciones y, en definitiva, que se sancione a los responsables de todos los hechos ilícitos que se han cometido en nuestro país en el último tiempo”.
Respecto de los formalizados por violencia institucional, se cuentan 25 por apremios ilegítimos de Fuerzas Armadas y Carabineros y tres por fallecimiento.
