Por: Gonzalo Martner F. Economista y académico de la Universidad de Santiago de Chile (USACH)
El ministro de Hacienda Briones llama a condenar enérgicamente la violencia pues “los silencios como los avales la van normalizando”. El problema entonces no es de quienes atacan comisarías, destruyen o saquean y del gobierno que no es capaz de controlarlos, sino de los que “no los condenan”. Esto además es falso, porque no hay quien -salvo alguna expresión muy marginal- no condene las acciones delictuales que nada tienen que ver con la protesta social contra el gobierno de Piñera, para no hablar de la generalizada condena a la delincuencia común y al narcotráfico. Y a quienes no respetan las luces rojas también, si sirve.
Penosa lógica la de este ministro, que está incursionando en política para intentar esquivar la responsabilidad del gobierno en lo que pasa en el país. Y de paso descalificar a la oposición, a falta de iniciativas que encaminen las demandas sociales de cambio estructural en las relaciones de poder en la sociedad.
Frente a esas demandas, el gobierno y sus ministros no parecen tener ya nada que decir ni proponer, salvo iniciativas legales represivas o bien medidas sociales de poca monta y/o cuestionadas, como la reforma constitucional que quiere involucrar a las FF.AA. en tareas de orden público o una reforma previsional que preserva íntegramente a las AFP.
A mayor abundamiento del conservadurismo intrínseco de quienes nos gobiernan, el propio presidente, en un lapsus que lo retrata, no fue capaz de condenar como corresponde las violencias hacia las mujeres e insinúa una confusa responsabilidad de las víctimas. Este ha sido siempre el argumento de los victimarios.
Blumel, por su parte, aseguró que “nosotros desde el 18 de Octubre hemos enfrentado 2800 eventos graves como incendios y saqueos. Todavía estamos muy lejos de estar donde la ciudadanía aspira que estemos en materia de orden público”. Pero no actúa para romper la inercia que describe.
¿Por qué mantienen Piñera y Blumel a un general director inepto e imputado por la justicia, a generales de Carabineros que desprecian públicamente los derechos humanos -como el que estuvo a cargo en el Festival de Viña- y a mandos que ordenan patear y disolver todo lo que se mueve, generando un enorme resentimiento de una parte creciente de la sociedad con la policía? Esto permite justamente a los delincuentes -y a los que se les suman ocasionalmente- que destruyen y saquean colarse en las legítimas manifestaciones de protesta y probablemente utilizarlas para desviar la atención policial de actos delictuales y tráficos variados.
En realidad, estas manifestaciones cívicas son lo que el gobierno no quiere aceptar, en las que se grita una y otra vez que Piñera renuncie, por lo que mantiene una lógica de represión y provocación a los manifestantes. En medio de la represión indiscriminada, y una falta de concentración de los medios policiales en las destrucciones y los saqueos, con increíbles demoras en su intervención, esta política termina por suscitar una tolerancia de una parte de la sociedad con los responsables de ellas por reacción a la violencia policial. Y así en una espiral sin control.
El enfoque del ministerio del Interior y de Carabineros es un desastre reiterado. ¿No estarán a estas alturas tratando de manipular la situación para crear un clima de miedo generalizado para producir una alta abstención el 26 de abril? Si se observa, además, el discurso periodístico más que manipulado en los matinales televisivos, la pregunta a estas alturas es plenamente legítima.
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