[Opinión] Un gobierno en crisis

Este gobierno experimenta un evidente agotamiento. Administra el país de mal en peor, no ha logrado controlar la crisis sanitaria, social y económica y tiene a su coalición desarmada. Esto se ha evidenciado con la votación de parte de los diputados de derecha a favor del retiro de fondos de AFP y el anuncio de que votarán en contra del veto presidencial a la ley de suspensión de cortes de servicios básicos en la emergencia.

Ya no se trata solo de que los chilenos decidieron elegir a Sebastián Piñera como presidente pero sin darle una mayoría parlamentaria (muchos se abstuvieron o lo hicieron por enojo con el gobierno anterior más que por adhesión a las ideas e intereses que defiende la derecha), sino que ahora una parte de su propia base parlamentaria entró en rebelión. Como consecuencia, RN se divide y la UDI se declara en desafección.

No nos olvidemos que el trasfondo es que fue la sociedad la que entró en rebelión en octubre de 2019 -durante más de un trimestre en su fase más aguda- y que esa rebelión social estaba en vías de reactivarse en marzo, hasta que entró la pandemia de coronavirus. En el discurso oficialista parece que se olvidara este hecho central, o que sus representantes quisieran que desapareciera.

Hay razones para que ese movimiento social de magnitudes telúricas e inéditas en la historia de Chile quedara temporalmente en segundo plano. Principalmente, por la amenaza y el temor generados por la expansión de un virus muy agresivo junto a la increíblemente inepta política del gobierno contra el contagio. El gobierno decidió expresamente -en la medida en que ha podido- privilegiar los intereses económicos de la oligarquía dominante por sobre la salud de la población.

El gobierno negó la necesidad de confinamientos generales al inicio de los contagios, como le recomendó buena parte de su propio comité técnico asesor, y no consideró que Santiago era una unidad poblacional y territorial en la que no se podía hacer cuarentenas parciales.

Hoy Chile es sexto en el mundo en el número absoluto de contagios y duodécimo en el número absoluto de fallecidos. Es decir, estamos frente a una catástrofe sanitaria gigantesca por ineptitud de la respuesta gubernamental. Basta ver los resultados de Argentina y Uruguay, de signo político distinto, pero mucho más razonables en sus prioridades, para dar cuenta de la magnitud de la equivocación gubernamental.

Pero la política errada se extiende a lo económico. El apoyo a las familias y empresas debiera haber sido inmediata y de gran magnitud para impedir el desplome del empleo. La actividad inevitablemente iba a caer por razones sanitarias, pero era clave mantener el vínculo laboral y asegurar ingresos a los asalariados y los independientes y trabajadores por cuenta propia para asegurar las cuarentenas y la sobrevivencia de las empresas. Evitar el desplome del consumo de los hogares era además indispensable para impedir una depresión. El gobierno actuó tarde y poco.  El resultado fue una pérdida de un millón y medio de empleos hasta mayo.

Con un Ingreso Familiar de Emergencia inferior a la línea de pobreza y con requisitos burocráticos múltiples, una suspensión de contratos y disminución de jornadas financiada por los propios trabajadores con sus cuentas de cesantía, un crédito a tasas bajas que no llega a muchas empresas, empezando por las microempresas, emergió de modo inevitable algo de sentido común: recurrir a los fondos de las cuentas de cada cual en las AFP. Algunas propuestas incluían un subsidio regresivo de los retiros y vincular al Estado a las AFP por los próximos 50 años, lo que debía ser rebatido.

La Cámara de Diputados estableció el retiro de 10% de los fondos con tope y una compensación que favorecerá a los ingresos más bajos y no a los altos mediante un fondo colectivo financiado por cotizaciones y por aportes públicos. Ante este esquema se produjo el desplome de la defensa del gobierno de un sistema que usa los recursos de los trabajadores para sostener la concentración económica, que permite un lucro asegurado y desproporcionado a los dueños de AFP y que mantiene fuera del país cerca de la mitad de los fondos. Pero que sobre todo ofrece pensiones misérrimas para la gran mayoría.

Así, se va precisando lo que la rebelión social de octubre-diciembre expresó de manera más difusa: debe terminar en Chile el modelo neoliberal de concentración económica, de dominio oligárquico y de instituciones a su servicio.

La oposición tiene el deber de unirse en respuesta a las urgencias de la mayoría social, como parece que empieza a hacerlo y hacer valer su mayoría parlamentaria. Y promover con fuerza un ingreso familiar de emergencia más alto y un subsidio de cesantía que llegue a los sectores de menores ingresos y a la clase media desprotegida, junto a obligar a la banca a que otorgue créditos fluidos a todas las empresas viables y créditos selectivos con contrapartida de propiedad a las empresas grandes. Un paquete de uso de las reservas fiscales, de un endeudamiento a bajo costo que el gobierno hoy puede obtener y de un impuesto a los super ricos permitiría financiar un plan efectivo de enfrentamiento de la crisis sanitaria y económica, que están inevitablemente entrelazadas. Los recursos existen: lo que no existe es la voluntad política del gobierno de usarlos.

Y se debe seguir preparando el cambio de constitución -ganando con una gran mayoría el plebiscito de octubre- y un cambio de modelo económico con una nueva coalición de gobierno auténticamente progresista desde marzo de 2022, que tenga como soporte una nueva constitución que garantice derechos fundamentales y establezca obligaciones solidarias hacia los demás y hacia las nuevas generaciones.