Por: Roberto Arenas V. Profesor de Historia y Ciencias Sociales. Diplomado en Análisis Político. Secretario Macrozonal Centro-Sur – Dirección Nacional de Convergencia Social
La región del Libertador Bernardo O’Higgins es por esencia un territorio campesino. Su tierra fértil y un clima propicio para los cultivos hacen de nuestra región un lugar ideal para crecer como comunidad.
Desde la época colonial observamos como fueron naciendo diversos poblados que hoy se han convertido en comunas muy productivas y con alimentos de calidad internacional. Sumado a lo anterior, esto ha traído mayor acceso al trabajo agrícola y por tanto, mayor desarrollo urbano en dichas comunidades.
A pesar de la riqueza del agro, de las grandes exportaciones, de los fundos y packings, el campesinado sigue sufriendo condiciones de pobreza y vulnerabilidad. La exposición a los llamados agrotóxicos, la nula previsión social, la precarización laboral, la falta de oportunidades y de seguridad, han hecho del trabajo agrícola una actividad de grandes sacrificios
En otro punto, hoy Chile atraviesa por un proceso constitucional con características muy interesantes a destacar que nos mantienen como un ejemplo a nivel mundial. Bajo un proceso participativo, paritario, con participación de pueblos originarios e independientes, se logró presentar un texto constitucional que reconoce los derechos fundamentales que han sido bandera de lucha de los movimientos sociales: la salud, la educación, la vivienda, el trabajo, derechos sexuales y reproductivos, medioambientales, entre otros.
No sólo tenemos la oportunidad de consagrar los derechos fundamentales que toda sociedad necesita para desarrollarse y progresar. Sino que también tenemos reconocimientos históricos que nos invitan a reflexionar sobre la importancia de mejorar la calidad de vida de nuestra gente en las zonas rurales, tanto en el ámbito comunitario, social, económico, cultural y laboral.
Por ejemplo, el Artículo 241. 1. De la propuesta constitucional establece que “El Estado promueve el desarrollo integral de los territorios rurales y reconoce la ruralidad como una expresión territorial donde las formas de vida y producción se desarrollan en torno a la relación directa de las personas y comunidades con la tierra, el agua y el mar. 2. Asimismo, facilitará la participación de las comunidades rurales a nivel local y regional en el diseño y la implementación de programas y políticas públicas que les afectan o conciernen. Artículo 242. El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir la violencia y superar las desigualdades que enfrentan mujeres y niñas rurales, promoviendo la implementación de políticas públicas que garanticen el goce igualitario de los derechos que la Constitución consagra. Artículo 243. El Estado fomenta los mercados locales, las ferias libres y los circuitos cortos de comercialización e intercambio de bienes y productos relacionados a la ruralidad”.
Referente al trabajo agrícola, en su Artículo 46.6 advierte que “En el ámbito rural y agrícola, el Estado garantiza condiciones justas y dignas en el trabajo de temporada, resguardando el ejercicio de los derechos laborales y de seguridad social”.
La propuesta constitucional se viene a hacer cargo de las desigualdades que vive nuestra gente en las comunas rurales. Las comunidades que habitan y se desarrollan en los territorios agrícolas, necesitan urgentemente mejorar su calidad de vida. Eternamente han sido postergadas por el Estado, pero hoy tenemos la oportunidad de ofrecer un futuro de mayores oportunidades para la gente de esfuerzo y tradición del campo chileno.
La invitación es a no tener miedo a los cambios, a avanzar, progresar y desarrollarse en un mundo que exige mayores esfuerzos por parte de los pueblos que lo habitan. Aprobar es fortalecer nuestra democracia, mejorar nuestra calidad de vida y además, construir un país que asuma de la mejor manera los desafíos del futuro.
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