La entidad no había respondido a dos solicitudes de datos que consideran variables como armas utilizadas, nacionalidad, edad y sexo de las víctimas, entre otros
Tras acoger dos amparos presentados en contra de la Subsecretaría de Prevención del Delito, el Consejo para la Transparencia ha ordenado a dicha entidad entregar copias de las nóminas de homicidios frustrados y consumados registrados a nivel nacional por más de una década, incluyendo información pormenorizada sobre estos casos (roles C4006-22 y C4007-22).
Las dos solicitudes de acceso a la información cuya respuesta fue denegada por el organismo público, corresponden a antecedentes entre los años 2010 y 2015, y entre 2016 a abril de 2022. Ambas apuntan a obtener información detallada de este tipo de delitos en el país, considerando variables como: armas utilizadas; datos como nacionalidad, edad, sexo y comunas de las víctimas y victimarios; año y mes de las comisiones de los hechos penales; y tipo penal aplicado en cada caso.
La Subsecretaría no respondió a las peticiones antes señaladas ni tampoco presentó descargos, observaciones o alegó causales de reserva acorde a la normativa vigente.
En la decisión, el Consejo subrayó que “se trata de información de naturaleza pública y estadística” y que el organismo público, infringiendo lo establecido por la Ley de Transparencia no habría entregado ni tampoco justificado su reserva. Asimismo, estableció que deben adoptarse las medidas necesarias en lo sucesivo para enmendar esta infracción.
El CPLT detalló que los antecedentes requeridos no permiten la identificación de una persona o particular, sin embargo, concluyó que precautoriamente –en virtud del llamado principio de divisibilidad- previo a la entrega se deberá proceder al tarjado de todo dato personal de contexto.
