El proyecto, remitido al Senado para su segundo trámite, permitirá sumar, el primer año, a más de 73 mil adultos mayores a este beneficio, que en su conjunto tendrá un costo fiscal de 168 mil millones de pesos
Permitir que más personas puedan acceder a la Pensión Garantizada Universal (PGU) es el objetivo del proyecto aprobado por la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, el cual fue respaldado por 131 votos a favor y 1 abstención. Iniciativa legal pasa ahora al Senado en su segundo trámite legislativo.
Además, las/os diputados aprobaron una indicación que establece una obligación de información del Instituto de Previsión Social, a las comisiones de Trabajo del Congreso Nacional, cada seis meses, del número de personas que cumplen los requisitos establecidos en la ley.
Contenido del proyecto
La propuesta modifica la ley 21.419, que creó este beneficio como reemplazo de las prestaciones de vejez del Sistema de Pensiones Solidarias (Pensión Básica Solidaria y Aporte Previsional Solidario de Vejez).
Cabe recordar que la PGU pasó de la cobertura del 60% de la población de menores recursos -Pilar Solidario-, a toda la población de 65 años o más. Esta pensión garantizada incluye a los adultos mayores que no están jubilados. La única excepción es el 10% más rico de ese universo.
Pero esta calificación consignada en la ley dejó fuera a adultos mayores que sí deberían recibir el beneficio, porque no forman parte del 10% más rico de la población total del país.
Esto debido a que si se toma en cuenta al 90% de toda la población de menores recursos del país, el valor de corte es de $683.469 pesos. Pero si se usa como base solo al 90% de la población de 65 años o más, como ocurre hoy con la PGU, su valor disminuye a $497.468; ya que los adultos mayores son más pobres que la población general.
En ese sentido, el proyecto propone modificar la ley para tomar como corte al 90% de toda la población y no al subgrupo de 65 años o más. Con este cambio, alrededor de 73 mil adultos mayores también podrán acceder a la PGU, en el primer año de vigencia de la norma.
Debate parlamentario
El informe de la Comisión de Trabajo lo rindió a la Sala el diputado Luis Alberto Cuello (PC). Por la Comisión de Hacienda, en tanto, lo hizo el diputado Guillermo Ramírez (UDI).
Transversalmente, las/os diputados valoraron esta modificación que permite avanzar a la universalidad y que beneficiará a un importante número de adultos mayores. No obstante, se planteó que aún persisten criterios discriminatorios en el caso de las mujeres, que si bien pueden jubilar a los 60 años, solo pueden postular a la PGU a los 65. En ese sentido, se insistió con una indicación en la Sala para rebajar dicha edad. Esta fue declarada inadmisible, porque es una materia que es de exclusiva iniciativa del Presidente de la República.
Otro punto puesto en debate fue el llamado a incorporar en el universo beneficiado a pensionados del sistema Capredena. Esto, porque según señaló la diputada Chiara Barchiesi (PREP), un 25% de estos recibe pensiones menores a 450 mil pesos.
Las/os legisladores también llamaron la atención sobre el financiamiento de la PGU, que hoy implica un aporte del Estado equivalente a 2,3 puntos del PIB. Así, se trata de un beneficio que concentra la mayor cantidad de recursos públicos y que se incrementará año a año al sumar nuevos beneficiarios.
Por ello, se instó desde distintos sectores a transparentar cuál será la fuente permanente de financiamiento. Sin embargo, se plantearon posturas disímiles sobre el origen de esos fondos. Desde el oficialismo se llamó a respaldar la reforma tributaria para que no sean los trabajadores, sino los que más tienen los que aporten.
Todos los sectores plantearon que es necesario seguir avanzando en mejorar el sistema de pensiones. En ese aspecto, se pidió al gobierno implementar mecanismos que universalicen el beneficio, que faciliten su postulación (ya que los adultos mayores son poco digitalizados) y que se pueda asegurar que quienes hoy reciban la PGU no la pierdan en el futuro, por cambios en los parámetros socioeconómicos de la población.
Ministra el Trabajo
La ministra del Trabajo, Jeannette Jara, explicó que esta propuesta pretende mejorar la ley aprobada el 29 de enero del año pasado. La idea es corregir el alcance de los beneficiarios aplicando el mismo parámetro de política pública usado con el otrora pilar solidario. Ello, aclaró, permitirá la incorporación de mas personas en régimen a este beneficio.
Precisó que, del universo de personas de 65 años o más, 24 mil adultos mayores ya postularon y fueron rechazados con los criterios vigentes que esta norma corrige. El resto de los posibles beneficiarios se calculan atendiendo la situación socioeconómica disponible en las bases administrativas del Estado. Detalló que quienes ya presentaron su postulación serán recalificados de oficio, sin necesidad de volver a realizar el trámite.
Por último, especificó que la iniciativa tendrá un costo fiscal de 168 mil millones de pesos. Asimismo, remarcó que, a la fecha, se pagan 2 millones 30 mil Pensiones Garantizadas.
