Por: Andrés Kogan V. Sociólogo. Magíster en Comunicación y Cultura Contemporánea
La reciente aprobación del senado de Chile de un proyecto que pretende declarar inconstitucional la recién conformada Comisión contra la Desinformación, como la aprobación de parte de Diputadas y Diputados para solicitar al presidente Boric que revoque el decreto que la creó, nos muestra una vez más que los sectores más conservadores del país no les interesa en lo más mínimo avanzar hacia un país que busque cuidar su democracia y menos avanzar en derechos digitales.
Lo planteo, a propósito del grito en el cielo de parte de sectores políticos, económicos y mediáticos, luego que a través de un decreto presidencial se mandatara a la conformación de una comisión que tuviera como misión el asesorar al Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y al Ministerio Secretaría General de Gobierno en el fenómeno de la desinformación y cómo se manifiesta en Chile.
De ahí que sea inconcebible que parlamentarios pretendan recurrir al Tribunal Constitucional para hacer dejar de funcionar a esta comisión, como si esta fuera una especie de nuevo Ministerio de la verdad, el cual buscaría supuestamente censurar, callar y perseguir a voces disidentes, llegando al delirio de parte de algunos personajes de tildarla como una medida propia del sistema estalinista, como es el caso del abogado Gabriel Zaliasnik.
Nada más lejano de la realidad y que encubre los temores de un sector encerrado en sí mismo, que con tal de dejar las cosas como están, no tiene vergüenza en desinformar a la población sobre una comisión contra la desinformación, aunque parezca chiste, generando así un clima político de polarización y desconfianza que solo empeora el malestar de chilenas y chilenos con la política en general.
Por lo anterior, si uno revisa con seriedad lo que aparece en el decreto, y no lo que uno imagina lo que quiera, es explícito en señalar que la comisión tiene un carácter consultivo y lo que busca es recomendar, asesorar y elaborar informes que permitan recoger el estado del arte en relación al fenómeno de la desinformación y lo peligroso que puede ser para la democracia localmente.
A su vez, esta comisión deja completamente fuera de sus atribuciones la discusión sobre los medios de comunicación, centrándose en las plataformas digitales solamente, dejando fuera cualquier recomendación sobre la necesidad de desconcentrar la propiedad de medios y de políticas de fortalecimiento de la comunicación pública.
Dicho lo anterior, sería bueno que en vez de estar denostando y tratando de hacer que deje de funcionar una comisión consultiva, estos sectores podrían mejor entrar a la discusión pública sobre cómo entienden el fenómeno de la desinformación y como ven el rol de las Plataformas Digitales en el mundo actual y en el contexto de Chile en particular.
En consecuencia, que dejen un poco de lado los fantasmas que tienen sobre algunos gobiernos autoritarios y totalitarios que efectivamente han instalado su agenda a costa de sangre y desinformación, pero que en este caso en Chile, está muy lejos de aquello, ya que esta comisión no está en su rol imponerle nada a nadie.
Además, está comisión no puede ser más pertinente, ya que Chile y resto de los países de la región, están muy al debe en políticas al respecto, si lo comparamos con lo que ha hecho la Unión Europea, que le ha tomado el peso a la desinformación, convocando a distintos actores para enfrentar el peligro que conlleva a la democracia y tomando medidas al respecto (tributos, protección de datos) en un marco de soberanía digital.
No hay que olvidar el rol que jugaron las grandes plataformas de redes sociales durante la pandemia, en donde se viralizaron distintas campañas de desinformación, con respecto a las vacunas, mascarillas y supuestos medicamentos contra el Covid, en donde incluso presidentes como Donald Trump y Jair Bolsonaro los impulsaron de manera irresponsable y criminal, mientras buena parte del mundo se encontraba confinada en sus casas.
Por lo mismo, quienes siguen viendo a internet como un espacio puro en libertad de expresión, no ven que ha sido privatizado por mega industrias tecnológicas, las cuales aparte de concentrar brutalmente el poder económico y de desarrollar un extractivismo de millones de datos personales, remueven perfiles y limitan visibilidad de contenidos, sin que se les pida rendición de cuentas, como bien plantea el investigador argentino Martín Becerra.
Ante esto, mayores regulaciones hacia las plataformas y un fuerte impulso a instalar una educación digital, más que opción debiera ser una obligación desde los Estados, que han estado bastante ausentes en los últimos 30 años en este tema, por lo que llegó el momento de que se garanticen derechos digitales para todas y todos, sin exclusiones.
Es decir, transitar hacia una descolonización digital, como bien plantea la investigadora chilena Patricia Peña, quien es parte de esta nueva Comisión, la cual señala como la desinformación afecta el ejercicio de los derechos humanos, al encontrarnos insertos en una datificación de la vida diaria vía, a través de algoritmos provenientes de la inteligencia artificial.
Pero para eso, es imprescindible que los parlamentarios que se están oponiendo al funcionamiento de la comisión, entiendan la importancia de este asunto y dejen a un lado sus propios temores estadofóbicos, que más que defender la libertad de expresión, la están vaciando de contenido y cerrando la posibilidad de abrir un debate público serio y un diálogo ciudadano fundamental para estos tiempos.
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