Académico de la Universidad de Valparaíso analizó la propuesta de acceso al sistema de pensiones de las Fuerzas Armadas, destacando la necesidad de que la ley proteja el bien común sin distorsionar la realidad
El Cientista político, Guillermo Holzmann criticó la liberación de personas vinculadas al Tren de Aragua en Los Vilos, describiéndolo como “un atentado contra el sentido común” y señalando un “déficit importante en la Fiscalía y el lado judicial”. En cuanto a las declaraciones del fiscal venezolano, Holzmann las calificó de “falsa bandera”. También abordó la propuesta de acceso al sistema de pensiones de las Fuerzas Armadas, afirmando que “mezclar ambos sistemas es confundir a la ciudadanía”.
Para entender mejor las implicaciones de estos eventos, conversamos en detalle con el académico de la Universidad de Valparaíso, Guillermo Holzmann.
No podemos dejar de pasar la situación que se derivó del tema de la jueza en Los Vilos y la situación del Tren de Aragua. Más allá del aspecto legal, ¿esto es un error judicial, es una mala preparación?
“Lo que pasó en Los Vilos es un atentado contra el sentido común. En primer lugar, y más allá de cualquier consideración jurídica o política, es un atentado al sentido común dejar libre a personas que claramente son parte de una organización criminal que atenta contra la seguridad y tranquilidad no solo de la persona en sí, sino de toda América del Sur y América Latina”.
“El Tren de Aragua se ha transformado en una franquicia, por lo tanto, muchos grupos toman el nombre y pagan lo necesario para poder usar esa denominación. Siendo un atentado al bien común, esto indica que profesional y éticamente tanto en la Fiscalía como en el lado judicial hay un déficit importante”.
“No entender que la ley está hecha para darle viabilidad al bien común, no para modificar la realidad, es un problema grave. Cuando la ley se usa ya sea porque está mal escrita, porque tiene vacíos o porque requiere una interpretación y esa interpretación va en contra del sentido común, claramente va en contra del bienestar de la sociedad. Ahí hay un tema ético y profesional muy de fondo, más allá de todas las opiniones de los especialistas y expertos en términos jurídicos. Si la Fiscalía mandó un asistente en lugar de un fiscal titular, si la jueza podía o no haber hecho tal cosa o tal otra, o los vínculos que tenía, el tema es bastante simple desde el punto de vista ciudadano y de análisis”.
“Hay un desfase evidente entre lo que es la ética de la institucionalidad de justicia y lo que el ciudadano espera para tener condiciones de seguridad. Ahí hay un tema mucho más de fondo aparte de todas las especificaciones técnicas y teóricas que uno puede realizar”.
La persona que estaba a cargo de esta situación bastante bochornosa no era fiscal, apenas llevaba cinco meses, era un carabinero que después estudió y en el fondo como que todo se ha desligado.
“Desde el punto de vista ciudadano, eso no tiene explicación por lo que comentábamos anteriormente. Desde el punto de vista de nuestro sistema, tenemos un sistema procesal penal que garantiza, es decir, se presume a todo evento que mientras no haya evidencias tan potentes como para poder establecer que tiene algún grado de responsabilidad o culpabilidad según la tipificación de los delitos, esa persona debe tener todas las garantías como si fuera una persona inocente, no obstante las pruebas provisorias que puedan existir por las evidencias que apunten efectivamente a la irresponsabilidad de la comisión de delitos”.
“El tema se pone más complejo si esa persona que pasa al poder judicial tiene una serie de detenciones y antecedentes. Por lo tanto, el sentido común indica que, conforme a toda su historia y su historial policial y judicial, hay elementos suficientes para poder establecer que es un peligro y un riesgo para la sociedad. Si hoy día está detenido por determinado delito, corresponde dejarlo en prisión preventiva, no darle ninguno de los beneficios de libertad en cualquiera de sus fórmulas, sino esperar que la Fiscalía haga su trabajo para poder formalizarlo, condenarlo y sentenciarlo”.
“Cuando se corta este proceso, claramente estamos hablando de una interpretación que es incomprensible desde el punto de vista ético y profesional, y es incomprensible desde el punto de vista de la responsabilidad social que le corresponde al sistema judicial. La jueza probablemente va a argumentar que la ley es lo que dice y ella aplica la ley, pero sucede que la ley se interpreta y queda en manos de los jueces”.
“La ley no dice que lo deje libre, la ley dice que frente a determinadas condiciones, dado que en otros sistemas es garantista, la jueza debe ponderar los antecedentes y los elementos para poder aplicar algo que sea de sentido común y de protección a la sociedad, que es la razón de ser en definitiva del tema judicial. Porque lo contrario, ¿qué vamos a hacer? ¿Cualquier cosa que no esté en la ley? Pero el tema judicial está para proteger a la sociedad”.
“En consecuencia, hay una interpretación que cae inmediatamente en la jueza en este caso y obviamente una responsabilidad adicional a la Fiscalía por no haberse ocupado de problemas o por pensar que estaba tan claro que las fuerzas a todo evento iban a proceder conforme ellos pensaban que iba a ser. Decir “como pensé, como creí” definitivamente no va a ser necesariamente bueno”.
¿Cómo nos perciben nuestros vecinos y el mundo en general?, y ¿cuál es el impacto político de las declaraciones del fiscal general venezolano sobre el caso Ojeda?
“Venezuela es un caso atípico y es importante tener claro que Venezuela trabaja para sus propios intereses, específicamente para los intereses de Maduro. Lo que hace Venezuela es para Maduro, y en consecuencia, busca neutralizar a Chile de tal forma que el presidente Boric no critique las próximas elecciones. Para Maduro, es crucial que Chile se mantenga alejado de cualquier crítica al proceso electoral en Venezuela. Chile tiene credibilidad en el sistema internacional, y el presidente Boric, a pesar de sus posiciones ideológicas, ha mantenido una línea de defensa de los derechos humanos reconocida a nivel mundial. Ha sido crítico del proceso electoral en Venezuela, especialmente en relación con lo que sucederá el 28 de julio”.
“En este contexto, las declaraciones del fiscal venezolano parecen ser una estrategia para neutralizar la influencia de Chile. Venezuela no ha respondido a los requerimientos de la Fiscalía chilena para entregar antecedentes sobre dos personas que se fugaron de Chile y están identificadas por nuestra Fiscalía. En lugar de colaborar, Venezuela envió emisarios para conocer la carpeta de investigación, a lo cual la Fiscalía chilena se negó, ya que la investigación es reservada y Venezuela no es parte de la causa”.
“El fiscal venezolano ha utilizado una “falsa bandera”, es decir, ha creado un montaje para desviar la atención y hacer creer que otro es responsable. Esto genera dudas sobre lo que se ha hecho y detiene el proceso, ya que Venezuela no muestra voluntad para ubicar y detener a los sospechosos del secuestro y asesinato. Las declaraciones del fiscal venezolano parecen tener la intención de alejar a Chile de cualquier crítica, lo cual es preocupante porque indica que Venezuela percibe a Chile como débil. Esto también refleja una parte de la coalición oficialista en Chile que ve esta situación como una lucha ideológica, desviándose del hecho puntual de un crimen que requiere justicia”.
En situaciones como esta, surgen diversas opiniones. Por ejemplo, el diputado Schalper ha sugerido cortar las relaciones diplomáticas, mientras que la ministra subrogante de Relaciones Exteriores, Gloria Fuertes, ha indicado que no es necesario y que la situación se mantendrá igual. ¿Cuál debería ser nuestra respuesta ante esta situación?
“Primero, debemos centrarnos en pensar estratégicamente. No estoy de acuerdo en cortar la relación con Venezuela, principalmente porque hay muchos venezolanos en Chile que dependen de la asistencia del gobierno venezolano para obtener sus documentos de identidad u otros documentos necesarios. Además, existe una historia diplomática importante entre Venezuela y Chile que lleva décadas”.
“En términos más analíticos, es fundamental mantener a los adversarios cerca, lo cual requiere estrategias diplomáticas. Me parece adecuada la nota de protesta, y si es necesario, emitir otra, ya que esos son los mecanismos diplomáticos que se deben utilizar. Chile tiene una situación concreta: Venezuela no ha cooperado. Necesitamos ayuda para asistir a las personas que están aquí sin apoyo y con problemas, así como para gestionar a los delincuentes detenidos”.
“La ministra Tohá ha reconocido que hay alrededor de 28.000 inmigrantes irregulares, muchos de ellos venezolanos, de los cuales no sabemos su paradero. Debemos asumir nuestra parte de responsabilidad. Hay varios cientos, incluso miles, que podrían ser deportados a Venezuela, pero no es posible porque Venezuela no autoriza los vuelos con estas personas. En este sentido, Venezuela está en deuda, no nosotros”.
“Enojarse y cortar relaciones no es aconsejable, especialmente con un país de la región. Los gobiernos cambian y surgen nuevas dinámicas, pero debemos construir esas nuevas dinámicas con coherencia, persistencia y siempre colocando la cooperación sobre la mesa, sin dejar de lado nuestros intereses. Es importante que Chile denuncie la falta de cooperación de Venezuela en el sistema internacional, sumándose a otras acusaciones que ya enfrenta Venezuela. Las relaciones diplomáticas a nivel mundial deben gestionarse con cuidado y estrategia”.
Se está planteando la posibilidad de un séptimo retiro de la AFP y algunos políticos han sugerido que la gente pueda optar al sistema de pensiones de Carabineros, Investigaciones y Gendarmería. ¿Deberíamos todos tener acceso a ese sistema?
“Lo último que planteamos es una distracción ideológica. Están ofreciendo cosas que no se pueden cumplir. Primero, tanto en el sistema de pensiones de las Fuerzas Armadas como en Dipreca, los carabineros y militares cotizan siempre y no tienen lagunas. Esto es un aspecto crucial, ya que en el sistema de AFP, las personas pueden tener periodos sin cotizaciones debido a cambios de trabajo o ciudad, lo que afecta sus pensiones”.
“En las Fuerzas Armadas y la policía, no existen estas lagunas, lo que contribuye a que tengan mejores pensiones. El problema radica en cómo se financia esto y cómo se puede realizar una modificación razonable. Mezclar ambos sistemas confunde a la ciudadanía. En la AFP, una persona puede haber cotizado por un monto alto en los últimos años, pero por un monto menor en los años anteriores, lo que afecta su pensión final”.
“La solución debería enfocarse en establecer un piso mínimo de cotización garantizado por el Estado si la persona no puede alcanzarlo. Esta es una de las muchas propuestas que se han hecho y requiere un diseño adecuado. Decir que la solución es optar por el sistema de pensiones de Carabineros no entiende la dinámica del problema. Aunque se considere necesaria una reforma, no se pueden mezclar ambos sistemas”.
“Si una persona se retira antes de cumplir 20 años de servicio, se va sin recibir nada. Aunque 20 años puede parecer poco tiempo para acumular ahorros, al menos se obtiene algo. Sin embargo, en este caso, si te retiras antes de los 20 años, simplemente te despiden sin beneficios. ¿Es esto correcto?”.
“Exactamente, por eso es importante analizar los sistemas previsionales de las Fuerzas Armadas y las policías de seguridad de manera diferenciada. Es probable que estos sistemas necesiten cambios, y estoy de acuerdo en mejorar varios aspectos. Sin embargo, no se pueden mezclar con el sistema de AFP o con un sistema de pensiones distinto”.
“La principal diferencia es que en las Fuerzas Armadas no existen lagunas en las cotizaciones; siempre hay un capital constante. En el sector privado o no militar, las lagunas en las cotizaciones son comunes debido a periodos de desempleo o cambios de trabajo. Muchas empresas pagan el mínimo legal, aunque el salario real del empleado sea mayor, lo que afecta significativamente las cotizaciones y, por ende, las pensiones futuras”.
“Por ejemplo, un gerente puede tener un sueldo declarado de 5 millones de pesos, pero en realidad recibe 15 millones, de los cuales solo cotiza por 5 millones. Al jubilarse, esta persona, acostumbrada a vivir con 20 millones, se encuentra con una pensión de solo 5 millones, lo cual representa una diferencia drástica y afecta su calidad de vida”.
Entonces, ¿Se trata de una discusión ideológica entre el gobierno y la oposición?
“Ellos insisten en que las propuestas deben tener un espíritu transformador. El objetivo es eliminar todos los vestigios del modelo neoliberal existente en Chile, considerando a la AFP como representante de ese modelo, donde los privados gestionan el sistema y, según los críticos, abusan de los ciudadanos”.
“Lo importante es que el gobierno, en sus proyectos, mantiene ese eje transformador, es decir, busca terminar con la AFP. La oposición, que está fragmentada y dividida, se opone no solo porque no está de acuerdo, sino porque enfrenta un esquema del gobierno que dice: “Tienes que aceptar la transformación, porque si no lo haces, te culparé de no querer hacer cambios en beneficio de la sociedad”. En realidad, lo que está haciendo el gobierno es usar el tema de las pensiones para avanzar en la destrucción del modelo neoliberal en Chile”.
“El modelo neoliberal está vigente en todo el mundo, y los cambios o adecuaciones que se deben hacer deben ser graduales. Sin embargo, el actual gobierno busca romperlo todo, y esto se refleja en el pacto fiscal, las pensiones, la salud, la educación, etc. La oposición no logra presentar una alternativa clara, ya que el gobierno la coloca contra la pared. El gobierno aprovecha la fragmentación y la falta de claridad de ideas de la derecha para avanzar y colocar toda la presión sobre ellos, mientras la derecha no logra avanzar”.
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