Por: Rodrigo Venegas V. Fundador Colectivo Docente Evaluemos la Evaluación
Desde la vuelta a la democracia en Chile, la palabra favorita en educación ha sido reforma. Hemos visto innumerables intentos por corregir la dirección de la educación heredada y ha habido algunos avances en estos 34 años. Sin embargo, sabemos que, constitucionalmente hablando, el derecho a la educación sólo otorga a la ciudadanía el derecho de escoger el establecimiento para educar a nuestros hijos, dejando amplio margen para la creación de múltiples negocios en educación.
Aparecieron sendos negocios en educación: pruebas estandarizadas (PAES y SIMCE), preuniversitarios, colegios subvencionados y privados, universidades privadas y estatales pagadas, etc. Educación es un gran negocio en Chile; estimula el mercado. Y, pagar para estudiar se normalizó. De la misma, forma se introdujo el concepto de calidad de la educación. ¿Y cómo no? El mercado había que medirlo y corregirlo como lo hacen las grandes empresas productoras. En ese contexto, aparece aproximadamente el 2000 la evaluación docente, otra prueba supuestamente estandarizada.
El sistema de evaluación docente en Chile, también conocido como Carrera Docente, con 20 años de implementación, es hoy rechazado por la gran mayoría de las docentes, a pesar de las posibilidades de aumento salarial que ofrece. Así lo demuestra la encuesta a 2139 docentes que diseñó y aplicó nuestro Colectivo Docente Evaluemos la Evaluación. el cual cuenta con casi 20.000 docentes. Tomaron nuestra encuesta docente de cada región del país, de colegios municipales/SLEP o subvencionados, colegiados o no colegiados.
Estos resultados son una muestra concreta del descontento de los docentes que cada 4 años deben someterse a el proceso evaluativo el cual es punitivo y no genere a según los encuestados ninguna mejora en la práctica docente.
Antes de instalar el sistema de evaluación docente actual, la consulta nacional realizada por el Colegio de Profesores de Chile dio cuenta de una aprobación masiva a creación de este sistema. 20 años atrás 68% de las y los docentes estuvieron de acuerdo. El sistema involucraba inicialmente el análisis externo internacional del mismo. Sin embargo, ni el Colegio de Profesores repitió la encuesta, ni MINEDUC analizó el sistema.
Incluso en 2020, durante la emergencia del COVID, la comisión de educación escuchó la presentación de nuestro colectivo con las irregularidades que habíamos detectado en la implementación del sistema de evaluación docente y la comisión se comprometió a realizar una auditoría a toda institución asociada al sistema. Lamentablemente, esto tampoco ocurrió. Miles de millones de pesos de todos los chilenos invertidos en el negocio de la evaluación docente, tampoco son de interés para nuestras autoridades.
Cuatro años después de nuestra presentación al congreso, hemos visto que el número de irregularidades sigue creciendo, al igual que el número de docentes afectadas/os que se unen anualmente a nuestro grupo. Entonces, en la encuesta les consultamos sobre nuestra principal denuncia: ¿Usted cree que el proceso de evaluación docente es justo, transparente e inspirado en el principio de probidad?
El sistema de evaluación docente nació de acuerdo con la premisa de que el mercado había que medirlo para mejorarlo. La educación es un mercado en Chile. Para mejorar la calidad de la educación en Chile había que mejorar las prácticas de las y los docentes. Y esta etapa coincidió con la modernización del estado hacia el principio de probidad, el cual debe regir todas las actividades de las instituciones estatales, incluido por cierto el Ministerio de Educación. Lastimosamente, 97% de los encuestados cree que la evaluación docente actual no cumple con este principio.
En 1990, el Centro de Perfeccionamiento, Experimentación, e Investigaciones Pedagógicas (CPEIP) retoma su valor inicial de 1967 y asume la bandera de las reformas durante más de una década. Perfecciona el Desarrollo de Innovaciones Pedagógicas, forma a profesores primarios, investiga y desarrolla el currículo.
CPEIP, sin embargo, también es presa de la influencia del mercado en educación y no sólo introduce los Estándares de la Profesión Docente, sino que se transforma en el encargado de la implementación punitiva del sistema de evaluación docente. La formación queda sólo en el papel: casi 96% de las y los evaluados no ha recibido perfeccionamiento para la evaluación docente de parte del CPEIP. De la misma manera, un 94% de las y los encuestados creen que la evaluación docente no contribuye a mejorar sus prácticas docentes.
La mejora en educación fue la promesa, pero la estimulación del mercado a través de la evaluación docente fue el resultado. Los miles de millones se fueron a las instituciones encargadas MIDE-UC, Universidad de la Frontera, Agencia de la Calidad de la Educación, supervisores de portafolio, correctores de portafolio, comisiones comunales, colegas no acreditados vendiendo cursillos o temarios sin garantía que se pagan hasta con VISA. Gran negocio.
Veamos los resultados de la evaluación, los cuales usan conceptos (tramos) en vez de nota, desde el más alto al más bajo.
Después de 20 años, sólo 2% llega a experto 2, la categoría o tramo más alto. 12% es experto 1, el otro tramo con diferentes beneficios. Sumando ambas categorías, encontramos a un muy bajo 14% de las y los evaluados.
Luego, le sigue el tramo Avanzado con 24%, con algunos incentivos económicos.
En los 3 tramos superiores, entonces, tenemos a menos de 2 quintas partes de quienes se evalúan (38%)
Y, en los 3 tramos inferiores, aquellos que tienen diferentes castigos, desde la estigmatización hasta la desvinculación (despido), tenemos a la inmensa mayoría con un 64%.
Si a esta preocupante situación, le sumamos la falta de transparencia, ¿es realmente un negocio para el profesorado o una medición para la mejora de los aprendizajes? Ciertamente, no.
Esto nos lleva a consultarnos si realmente las leyes del sistema de evaluación docente cuentan con el presupuesto necesario para que los evaluados pudieran subir a estas 2 categorías superiores, o si la categorización de los tramos es acomodada para ajustarse al presupuesto de la nación invalidando toda la evaluación docente.
La Ley 19.880 resguarda los derechos de las personas y orienta la administración del estado desde hace 20 años, y regula a la evaluación docente a cargo de MINEDUC.
¿Tuvo respuesta a recurso de reposición?
Sin importar el gobierno de turno, el estado adeuda a las y los docentes evaluados un trato legítimo.
Como puede verse en el gráfico, sólo el 4% de los recursos de reposición son aceptados para lograr subir de tramo en la evaluación docente en Chile, y un muy preocupante 38% de los recursos jamás son respondidos siquiera.
Estos datos nos permiten concluir que todos los esfuerzos docentes por evaluarse año a año no están siendo valorados por nuestras autoridades. No sólo el diseño inicial falló en generar mejoras en las prácticas docentes y el aprendizaje, sino que la implementación está llena de vicios y faltas graves que no importan a ninguno de los 3 poderes del estado, ya que también existen casos de portafolios mal corregidos que no prosperaron en las cortes.
En 20 años hemos tenido 3 presidentes diferentes y la situación no ha mejorado, ni siquiera con el gobierno actual que luchaba contra la educación de mercado cuando aún no era gobierno. La carga emocional que conlleva evaluarse sin las condiciones laborales mínimas para que la evaluación tenga los resultados esperados, afecta la preparación de las clases, la vida familiar del o la docente, o sus horas de descanso. La falta de probidad del proceso genera desconfianza y desazón en el mundo docente, pero habla especialmente mal de un sistema que basó sus fundamentos en mejorar la calidad de la educación de Chile, descuidando a su principal recurso y actor: las y los docentes.
Creemos como equipo del Evaluemos la Evaluación, que visibilizar estas legítimas inconsistencias en el sistema, permite contribuir con que los y las docentes de Chile accedamos a una evaluación justa y transparente, en la que cada uno/a reciba una retroalimentación que sea concordante con el trabajo que realiza.
Esperamos que estos datos de la encuesta sean la motivación inicial para que las y los docentes trabajemos unidos para ser evaluados legítimamente, especialmente con todo el esfuerzo, dedicación y tiempo de nuestras vidas destinado a la evaluación docente. Sabemos que merecemos más; nuestra labor requiere más compromiso y probidad por parte del Estado, que éste se convierta en un garante real de este proceso, y que al igual que nuestros estudiantes, podamos ser evaluados de forma individual, respetuosa, empática, justa, confiable y transparente.
El contenido expresado en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor y no representa necesariamente la visión ni línea editorial de Poder y Liderazgo
