Luego de cuatro jornadas de intenso debate, el texto fue aprobado por la Cámara, estableciendo una gratuidad inicial para los estudiantes provenientes del 60% de los hogares con menos ingresos. Ahora se va al Senado en segundo trámite constitucional
La Cámara de Diputados aprobó este lunes el proyecto de ley sobre Educación Superior. La propuesta establece un nuevo sistema que rige para las universidades privadas, donde eran varios los puntos en controversia de la iniciativa. La atención se concentró en la derogación del Crédito con Aval del Estado (CAE), lo que se aprobó, pero supeditado a que a enero de 2019 exista otra fórmula que lo reemplace. Durante la sesión, la Ministra de Educación, Adriana Delpiano, anunció que en noviembre ingresará el proyecto que sustituirá este mecanismo.
Asimismo, se aprobó que a partir del próximo año la gratuidad en la educación superior beneficie a los estudiantes que provengan de los hogares pertenecientes a los seis primeros deciles de menores ingresos de la población. Luego, se plantea que se avance hacia los próximos deciles dependiendo del crecimiento económico del país, lo que permitirá la gratuidad universal cuando la recaudación fiscal sea del 29,5% del PIB tendencial.
La iniciativa, cuyo tratamiento se inició el pasado martes 11 de julio, tiene como propósito específico “la creación y fortalecimiento de la institucionalidad del Sistema de Educación Superior, el aseguramiento de la calidad y resguardo de la fe pública, el fortalecimiento de la formación técnico profesional y la gratuidad en la educación superior”.
En términos concretos, la propuesta legal establece el marco de derechos y principios que regirá al sistema, entre otros: autonomía; calidad; diversidad de proyectos educativos institucionales; inclusión; libertad académica; participación; respeto y promoción de los derechos humanos; y acceso al conocimiento.
Luego, define el rol y las características de las instituciones de educación superior (IES), es decir, de las universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica; determina la composición del Sistema y la tutoría que sobre este ejercerá la Subsecretaría de Educación Superior y la fiscalización por parte de la Superintendencia de Educación Superior. En estos dos últimos casos, se determinan las normas para su creación, atribuciones y estructura.
El proyecto redefine al Consejo de Rectores y abre la opción a que este sea integrado por todas las universidades reconocidas por el Estado que lo soliciten, bajo determinadas condiciones.
Asimismo, se avanza en el sistema común de acceso a las IES, sus características generales y principios; la administración del mecanismo por parte de la Subsecretaría; programas especiales; y carácter obligatorio del instrumento para todas las instituciones que reciban recursos públicos y/o financiamiento estudiantil con la garantía del Estado.
También se regula la forma de organización de las instituciones de educación superior constituidas como personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro (entre otros, controlador, destino de los recursos, órgano de administración superior); y se determinan las normas que regirán el sistema nacional de aseguramiento de la calidad de la educación superior, las instituciones que lo integrarán y sus funciones.
Entre otras variadas materias, el proyecto determina las coordenadas para el financiamiento institucional para la gratuidad; regula el sistema de valores de aranceles, derechos básicos de matrícula y cobros por concepto de titulación o graduación; y determina cómo se definirán las vacantes máximas de estudiantes de primer año para instituciones de educación superior que reciban el financiamiento institucional para la gratuidad.
La iniciativa será analizada ahora por el Senado, en segundo trámite constitucional.
Los que lo valoran y los que lo desaprueban
Sin duda que la más feliz con la positiva noticia fue la Ministra Adriana Delpiano, quien luego que la Cámara aprobara en particular el proyecto de ley que reforma a la educación superior, indicó a la prensa que “hoy hemos dado un paso muy importante y los diputados han dado una señal potente, de que necesitamos un sistema amplio y regulado, junto con continuar con la Gratuidad (…) Es un gran logro para el país legislar sobre educación superior, que es una temática que no se había revisado seriamente en los últimos 30 años”, aseguró, añadiendo que se requiere “tener instituciones que permitan darle coherencia a todo el sistema de educación superior, que trate la formación técnico – profesional de manera distinta a las carreras universitarias, pero con la misma dignidad y la misma institucionalidad”.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Educación, diputado Rodrigo González (PPD), consideró como algo histórico el poder contar con un nuevo sistema de educación superior donde exista una mayor regulación y se sancione el lucro. “Es histórico que, por primera vez, después del año 1981, donde la dictadura dio las normas de educación superior, podamos tener un nuevo sistema regulado que va a permitir que se mantenga el financiamiento del aporte fiscal directo y un régimen que fortalezca el Consejo de Rectores y las universidades del Estado”.
Desde la bancada socialista, el diputado Daniel Melo señaló que con este proyecto de ley se da un paso fundamental para instalar en Chile un nuevo modelo para la educación superior. “Se pone fin al lucro, se avanza en un sistema que garantiza la educación como un derecho social, y esto no va a depender del gobierno de turno, sino que de una política de Estado que llegó para quedarse”, enfatizó.
En tanto, el diputado Independiente Roberto Poblete (independiente pro PS), indicó que a partir de hoy hay una vuelta de página en la historia de la educación chilena y se abren espacios en post de lograr mayor igualdad. “Aquí hay una buena noticia y es que se consagra la gratuidad y se aseguran recursos para que miles de familias vulnerables puedan enviar a sus hijos a estudiar. De hecho, en este proyecto se establece de forma permanente la política de gratuidad hasta el 60% más vulnerable a partir del 2018, con la opción de avanzar en cobertura dependiendo de las condiciones económicas del país”, explicó.
Por su parte, la diputada Yasna Provoste (DC) aclaró que la iniciativa forma parte de las profundas convicciones defendidas sin éxito en la Comisión de Educación. “Hoy día vemos cómo este Parlamento ha consagrado por ley el lucro y creo que esto tiene que ver con las dificultades o con las sombras que tiene este proyecto. Pero también esta iniciativa tiene el rostro de la realidad de un país que queremos construir con más igualdad y oportunidades, por cierto, la aprobación de la gratuidad, el garantizar que a partir del año 2018 vamos a llegar al sexto decil, en que esto deje de ser una glosa y que sea un financiamiento por ley de la República, es decir, que pase de ser una política pública y se convierta en una política de Estado”, declaró.
Para el diputado Giorgio Jackson (Ind) esta no es la reforma por la cual se ha marchado durante tantos años. “Hay mucha frustración, principalmente, porque llevamos muchos años protestando por una reforma que sea integral y que permita garantizar la educación como un derecho. Hace 50 años se enarbolaba con éxito una reforma universitaria en nuestro país que permitiera democratizar las instituciones y su acceso, luego del Golpe de Estado y de que se instalara un modelo neoliberal y después de las movilizaciones estudiantiles, teníamos la oportunidad de cambiar los ejes del sistema. Lamentablemente, a pesar de que pusimos indicaciones, esta parece ser más la reforma del Ministro de Hacienda que una reforma que responda completamente a los intereses educativos de un sistema distinto”, argumentó.
En tanto, el diputado Rojo Edwards (RN), resaltó que este no es un proyecto que trate de mejorar la calidad de vida de los estudiantes o la calidad de educación, sino más bien es un proyecto de poder que consagra la intervención del Estado en la educación superior de todos los chilenos.
“Este es un proyecto que vende humo, promete gratuidad que, si consideramos el crecimiento que tiene el país en el día de hoy, probablemente no la alcancemos hasta el tricentenario de la nación. Es un proyecto elitista, por cuanto pone tantas trabas a las universidades para seguir siendo universidades que probablemente muchas de ellas van a tener que degradarlas a institutos profesionales, como lo han dicho claramente los parlamentarios de la Nueva Mayoría. Al igual que lo hicieron con la Ley de Inclusión, en el cual algunos colegios han tenido que cerrar y muchos otros colegios particulares subvencionados han tenido que traspasarse a particulares pagados”, subrayó.
Mientras tanto, el diputado UDI Felipe De Mussy, hizo un llamado al gobierno a ser responsable con los dineros del Estado, recalcando que es momento de priorizar. “De aquí al año 2019, estaremos invirtiendo más de 2.000 millones de dólares en gratuidad, es decir, cinco veces el presupuesto del Sename y dos veces el presupuesto de las pensiones solidarias de nuestro país. En régimen, esto va a aumentar a casi 5.000 millones de dólares, o sea, 10 veces el presupuesto del Sename y más de tres veces el presupuesto de las pensiones solidarias”, dijo el parlamentario.
Finalmente, desde el Ejecutivo, la Ministra Delpiano aseguró que el 7 de noviembre es el plazo que se ha fijado para enviar al proyecto que deroga el CAE al Parlamento. “No tenemos espacio antes, no es un tema de voluntad, las dos comisiones de Educación están absolutamente copadas con reformas, lo vamos a tramitar, y lo que hemos dicho, que el primero de enero de 2019, debería estar absolutamente ese proyecto en ejecución. Y por lo tanto en ese mismo momento, desaparece el CAE. Desaparecerlo antes, no es porque tenga que quedarse, no lo queremos el CAE, pero desaparecerlo antes y dejar a todos los estudiantes en la incertidumbre si van a tener o no van a tener respaldo, es una cosa muy compleja”.
