Por: Gabriel Caldes C. Consultor, MBA, Desarrollo Estratégico y Control de Gestión. Autor del libro “La Industria Sanitaria en Chile, de Cara al Siglo XXI”
Cuando llegue el nuevo Presidente de la República para hacerse cargo del país, uno de los tantos temas que deberá enfrentar, es el cambio climático. Aun cuando existe conciencia que es un problema real, concreto, que ya está instalado en nuestro territorio, no se refleja con la misma fuerza en lo político.
Para enfrentar el cambio climático, entre otros temas, se ha creado una institucionalidad pública (Ministerio de Medio Ambiente, Consejo Asesor Presidencial del CC y otros) que permiten realizar coordinar algunas acciones o actividades que realizan distinto sectores de la economía y ya existen señales que se están viendo, como es el caso de la energía eléctrica.
El sector eléctrico es un buen ejemplo de cómo hacer un proceso para enfrentar el cambio climático en forma exitosa, que además modificó y modernizó un mercado concentrado en dos operadores, con un modelo productivo altamente contaminante y obsoleto, en un modelo moderno, basado en las ERNC, que no solo incorporó tecnología, si no que permitió la participación de una gran cantidad de nuevos generadores, produciendo competencia comercial que finalmente ha producido una un aumento de la oferta y una fuerte baja de precio de la energía. Lo clave fue el liderazgo del Ministro de Energía y la actitud que tuvo la institucionalidad público-privada, que implementaron una política de acuerdos, que finalmente permitió en un corto tiempo concretar sus resultados.
El efecto más relevante del cambio climático, sino el más importante, es el que se produce en el agua y nos falta apurar el tranco. A pesar que el país lleva años tratando de enfrentar el conflicto hídrico, aun no existe alguna institución pública, privada o mixta que se haga cargo de liderar el proceso de transitar a la nueva realidad hídrica. Lo concreto, es que a pesar de los años, aún no tenemos una mirada estratégica compartida de largo plazo, que se exprese en una sólida y robusta política pública del agua, que sobrepase los gobiernos y nos exija trabajar en forma coordinada y productiva con metas claras, para que se rinda cuentas a la comunidad del avance o se tomen las medidas correctivas necesarias para avanzar
El ejecutivo ha creado instituciones como el “Consejo de Ministros del Agua,” “Mesas del agua” regionales y nacionales o cargos como “Delegado Presidencial del Aguas,” que no han tenido un resultado operacional concreto y efectivo. Adicionalmente, se han firmado tratados internacionales (Metas ODS) que nos compromete a realizar nuevas acciones, que también tienen un efecto en nuestra actividad económica y social.
La colaboración entre la comunidad y los actores involucrados, sean estos públicos o privados y entre las instituciones del Estado, es fundamental para avanzar eficazmente. Los sectores que son grandes consumidores de agua, como electricidad, minería, sanitaria, agricultura o industrial, no necesariamente se encuentran trabajando con una misma prioridad, algunos han avanzado como la minería que ha reemplazo el uso de agua dulce, con plantas desaladoras y otros como la agricultura, que es el sector que consume cerca del 75% del agua, aún mantiene una forma de regadío bastante deficiente y obsoleto.
La pregunta es ¿Qué institución del Estado debe encargarse de diseñar y aplicar una política hídrica, velar por su cumplimiento y coordinar las acciones públicas y privadas? No es fácil responder esta pregunta, pero claramente falta una institución que se identifique como responsable de coordinar y evaluar el avance del país en esta materia. No se trata de crear más burocracias, pero en el norte del país, cada empresa o sector construyen plantas desaladoras, una al lado de otra, que bien pudieron ser una o dos plantas multifuncionales y abastecer no solo a la minería o el consumo humano, sino que además a la agricultura u otro sector.
Cuando se trata del agua, existen muchos intereses en juego, una muestra es el intento de modificar el Código de Aguas, que llevamos años tratando de actualizarlo y aun no existe un acuerdo político para aprobar su modificación, ¿el punto de la discordia? la propiedad de los derechos de aprovechamiento de agua, que es un problema político, sin duda que relevante, pero no es un problema hídrico, como si la propiedad por si sola resolverá la escasez hídrica. Mientras no tengamos un acuerdo base de como lograremos hacer un uso eficiente del agua, seguiremos empantanados o avanzando lentamente e invirtiendo recursos que no sabemos qué resultado tendrán.
La mayor debilidad que tenemos como país en el conflicto hídrico, es la falta de una política pública consensuada del recurso hídrico, sólida y coherente, que considere los compromisos internacionales y las necesidades internas, debe ser compartidas con los distintos sectores que nos permita focalizar los pocos recursos que tenemos y los grandes esfuerzos que se están realizando, tanto en lo públicos como privados.
El otro aspecto que nos falta, es una institucionalidad que lidere el proceso de adaptación a la crisis hídrica que junto con la política pública del agua, diseñe un gran Plan Nacional del Agua, que proyecte al largo plazo como vamos a gestionar el agua, defina prioridades, incorpore tecnología y difunda una gestión hídrica eficiente y participativa en las 101 cuencas que existen en el país.
Lo concreto, es que como consecuencia del cambio climático, la escasez hídrica llegó hace varios años al país y nos ha golpeado dramáticamente con sequías, aludes, aluviones, inundaciones, temporales y marejadas produciendo pérdidas de vida y de infraestructura estratégicas como viales, puentes, viviendas y servicios básicos produciendo una paralización productiva en las regiones o sectores afectados. Todos estos desastres naturales, sin duda se volverán a repetir, lo importante es que no tengan el mismo resultado que en el pasado.
Un cambio como el que necesita Chile en esta materia, no se puede concebir sin un cambio legislativo, es así como se ha trabajado en modificación de leyes o proyectos de ley relacionados con el agua, donde también se refleja la falta de coordinación y de una mirada compartida.
Hace pocos días la Cámara de Diputados aprobó en forma unánime la resolución N° 988 del 11 de noviembre del 2017, donde se solicita a la Presidenta de la República la adopción de diversas medidas para promover la recolección de aguas lluvias y sugiere la compra por parte del Estado estanques de 5.000 litros para captar las aguas lluvias sin que exista ningún estudio técnico serio que respalde una medida como esa o el proyecto de ley que permite el tratamiento de las aguas servidas en sus viviendas por los propios clientes, sabiendo que la manipulación de estas aguas son bastante complejas y tienen un alto impacto en la salud familiar.
Existen distintos sectores, instituciones, servicios públicos, municipios, empresas, pobladores, agricultores, etc. que están realizando un tremendo esfuerzo por enfrentar la escasez hídrica, pero la falta de un mayor interés del mundo político por tomar un liderazgo más efectivo que coordina los esfuerzos y por qué no decirlo, también de la falta de un mayor compromiso de una parte de la comunidad, hace más complejo enfrentar este desafío
La gran dispersión institucional del agua, donde cerca de 50 servicios públicos participan en la toma de decisiones hídricas, creando una burocracia que deriva en la práctica, en un abandono institucional del agua, sumado a la carencia de un liderazgo claro, permite que ciertos sectores mineros, agrícolas, industriales u otros vean esto como una oportunidad para obtener beneficios de corto plazo, que nos impide avanzar de forma más eficaz y sostenible.
El contenido expresado en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor y no representa necesariamente la visión ni línea editorial de Poder y Liderazgo.
