La propuesta, que abarca el reajuste de todo el sector público quedó lista para pasar al Ejecutivo
En condiciones de pasar al Ejecutivo para su promulgación como ley quedó el proyecto que reajusta las remuneraciones del sector público a partir del 1 de diciembre de 2018, luego que la Cámara ratificara la propuesta teniendo como norte avanzar en equidad social y en respetar el acuerdo alcanzado entre los trabajadores y el Gobierno.
La iniciativa, despachada en primer trámite esta semana, fue analizada posteriormente a la luz de dos cambios acotados que se realizó el Senado, que perfeccionaron normas introducidas al texto por la Cámara y que se relacionan con los asistentes de la educación.
Los diputados definieron que los asistentes de la educación que residan en las regiones de Tarapacá, Antofagasta, Aysén y Magallanes, así como en las provincias de Chiloé y Palena, de la Región de Los Lagos, tendrán derecho a gozar de su feriado aumentado en cinco días hábiles. El Senado vino a complementar esta disposición agregando al listado a la región de Arica y Parinacota y a las comunas de Isla de Pascua y Juan Fernández.
Además, se precisó la redacción de la norma relativa a la entrada en vigencia (1 de enero de 2019) de algunas medidas contempladas en la Ley 19.464, que establece normas y concede aumento de remuneraciones para el personal asistente de la educación.
Ambas modificaciones fueron ratificadas por 126 votos a favor y dos en contra.
Durante el debate, las legisladores insistieron en la importancia de las negociaciones llevadas a cabo con los gremios del sector público y en la necesidad de mantener la estabilidad del sistema, para lo cual pidieron el fiel cumplimiento de parte del Ejecutivo de los acuerdos alcanzados en el proceso, en particular en torno a no incurrir en nuevos despidos injustificados y en revisar los casos en que no hubo fundamento.
Asimismo, parte de la discusión también estuvo centrada en el tema de las brechas salariales en el ámbito público y en resaltar que ni el Senado ni el Gobierno insistieran en definir un reajuste para las altas autoridades del país, que originalmente se proyectaba en un 2,9% y que la Cámara redujo a cero.
Datos generales del proyecto
El proyecto despachado contempla un reajuste general de 3,5% que afecta a las remuneraciones, asignaciones, beneficios y demás retribuciones en dinero, tales como sueldos bases, asignación profesional, de zona, de fiscalización, municipal, de especialidades y otras similares, según la normativa que les sea aplicable, a los trabajadores de la administración civil del Estado.
También se incluyen en este marco el personal afecto a las escalas de remuneraciones del Congreso Nacional, de la Contraloría General de la República y demás instituciones fiscalizadoras, de las municipalidades, de las Fuerzas Armadas, de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones, incluidos los profesionales regidos por la Ley 15.076.
No tendrán reajuste el Presidente de la República; los ministros de Estado; los subsecretarios; los intendentes; el Presidente, ministros y fiscal de la Corte Suprema; y el Contralor General de la República.
Por homologación de letras o grados, tampoco tendrán reajuste las dietas que perciben los diputados y senadores ni la renta mensual de los ministros del Tribunal Constitucional; del presidente del Consejo para la Transparencia; del Fiscal Nacional y del director ejecutivo del Ministerio Público; y de los secretarios del Senado y de la Cámara de Diputados, así como del director de la Biblioteca del Congreso Nacional.
La propuesta legal también contempla los aguinaldos de Navidad y de Fiestas Patrias para el sector activo; un bono de escolaridad y bonificaciones especiales; el aporte al servicio de bienestar; y un bono de invierno, aguinaldos de fiestas patrias y de navidad para los pensionados, entre otros varios beneficios sectoriales.
Adicionalmente, se contemplan normas anexas en otras materias relacionadas al ámbito público, entre ellas: para eliminar el cobro por certificados digitales emitidos por el Registro Civil; para facultar la aplicación de las remuneraciones mínimas y fijar normas de contratación a honorarios en las universidades estatales; creación de nuevos cargos en algunas instituciones públicas; y para facultar a la Dirección de Compras y Contratación Pública, a la Superintendencia de Seguridad Social, al Instituto Nacional de Estadísticas y a la Contraloría General de la República a crear un plan piloto de teletrabajo.
