En un diálogo franco con Poder y Liderazgo, este Sociólogo, Doctor en Filosofía y ex Presidente de la Cámara de Diputados opina sobre el conflicto social en Chile, donde a su juicio los liderazgos no forman parte de la protesta que ya lleva más de un mes en las calles del país. Asimismo, habla sobre una nueva constitución y la importancia de que la mayor parte de los partidos firmaran el Acuerdo por la Paz, pero a la vez hace la distinción entre legalidad, legitimidad y prestigio, refiriéndose al mundo parlamentario
¿Cuál es a su juicio el origen de la profunda crisis que vive Chile?
“Esta verdadera sublevación ciudadana responde a la crisis y agotamiento del modelo económico y del régimen político, todo sustentado en una Constitución heredada de la dictadura y que pese a la reforma del 2005 con la cual desaparecieron los principales enclaves autoritarios y las FFAA quedaron bajo la tuición presidencial, mantiene su ilegitimidad y desde siempre es un factor de división de los chilenos”.
“Chile ha generado mucha riqueza y su economía ha registrado altas tasas de crecimiento en estas últimas décadas y con ello se ha reducido la pobreza, se ha modernizado el país, ha habido una movilidad social significativa. Sin embargo, como lo muestran entre otros los estudios de la Fundación El Sol, el modelo ha continuado profundizando la brecha entre riqueza y pobreza, y mientras el 1% de las personas de mayores ingresos concentra el 33% de los ingresos que se generan en un año y las 1.800 personas más ricas, registran un ingreso mensual “por persona” en el hogar donde viven de casi $600 mil ($2.400 millones en un hogar promedio de cuatro integrantes), al mismo tiempo el 50% de los trabajadores gana menos de $400 mil líquidos, al 50% de los pensionados por vejez reciben una pensión menor a $150 mil y se registran casi 11,5 millones de endeudados (a pesar de que la fuerza de trabajo alcanza a 8,5 millones de personas) y 4,6 millones de deudores morosos que no pueden pagar las cuotas”.
“El modelo está quebrado y una situación de inequidad de esta magnitud tarde o temprano generaría una protesta social generalizada. Ella explota ahora porque se ha deteriorado el crecimiento económico del país, han resultado ilusorias las elevadas expectativas anunciadas en particular por este gobierno y ha crecido la incertidumbre en la población de seguir ligando su progreso a través de los mecanismos del mercado. Un sector importante de las capas medias descubre la vulnerabilidad del modelo en el cual ha hecho sus apuestas y se vuelca a las protestas cuando percibe que las instituciones no dan respuesta a las incertidumbres de la población”.
“Tal como ocurre en otros lugares del mundo, puesto que las convulsiones sociales tienden a ser globales, en un momento se conjunciona el estado de ánimo de las sociedades y un hecho, en nuestro caso el alza de los pasajes del metro y la evasión de los torniquetes, sirve de detonante de grandes movilizaciones sociales que se caracterizan por su transversalidad, dado que la incertidumbre no reconoce ni se deposita en un solo sector de la sociedad, y porque el malestar se representa a si mismo y no admite liderazgos, interlocutores, voceros, ni convocatorias tradicionales, sino que, como fenómenos autoregulados y coordinados a través de las redes sociales se autoconvoca sin mediación y sin necesidad de representantes de ninguna naturaleza”.
“Son expresiones de movimientos postmodernos, verdaderos “enjambres sociales” articulados por las redes sociales, que surgen en la sociedades postindustriales y que ya no tiene el anclaje social e ideológico del pasado, colocan de relieve el descontento de individuos que generan un tipo de “comunidad de la indignación” con una alta repercusión, que sobrepasa a la elite política y social cuestionada y sin que ella pueda ejercer ningún tipo de conducción ni de intermediación, frente a quienes ocupando directamente los espacios públicos, y colocan una multiplicidad de demandas sociales y políticas a las cuales el mundo político no ha dado respuesta por largos años”.
“Es la mayor revuelta histórica que ha vivido Chile contra la soberbia, la autoreferencialidad de quienes detentan el poder político y económico y contra los templos del neoliberalismo cuyo ciclo se ha agotado completamente”.
¿Cuál es la relevancia del Acuerdo por la Paz y Nueva Constitución suscrito por diversos partidos políticos?
“Es el mayor acuerdo logrado desde el inicio de la transición puesto que permite terminar definitivamente con la ilegítima Constitución impuesta por Pinochet, que ha divido a los chilenos por 40 años, y crear una Nueva Constitución con plebiscito de entrada que da paso a una Convención Constituyente y un plebiscito que se pronuncia sobre el texto elaborado por Convención. Es decir, por primera vez en la historia de Chile tendremos una Constitución elaborada con consulta activa a la ciudadanía”.
“Derogar la Constitución de Pinochet es una condición para crear una nueva convivencia. La actual Constitución encierra al país y a sus fuerzas políticas y sociales en el pasado pero además nos condena a vivir dentro de un marco jurídico de un mundo que ya se fue, no solo es ilegítima, es además anacrónica con el mundo complejo del siglo XXI y cuanto antes terminemos con ella será beneficioso para el país, expresará una liberación de una camisa de fuerza que ha limitado el desarrollo de Chile en estos 30 años. Los países necesitan tener un núcleo ordenador y un norte común y ello lo entrega una Constitución plenamente democrática”.
“Considero un error que el PC y otros sectores se restaran de este diálogo y del acuerdo creyendo que no fructificaría o bien temerosos de ser sobrepasados por el izquierdismo o tratando de subirse al carro de las movilizaciones de las cuales están ausentes, como los demás partidos, en sus orígenes, en sus características y en su esencia”.
“No han comprendido que tanto el diálogo como el acuerdo son frutos de las grandes movilizaciones ciudadanas, que habrían sido imposibles sin él y las objeciones que hoy plantean, y que carecen de veracidad, y otras son simplemente infamias contra el acuerdo, dañan la necesidad de que todas las fuerzas democráticas nos volquemos a trabajar, -en el plano legislativo para que la convención incorpore la paridad de género, la presencia de representantes de los pueblos originarios elegidos de manera especial y garantías para que los independientes puedan presentarse en listas como tales y hacer plenamente competitivas sus opciones– y en el plano político a asegurar el triunfo de Apruebo y de la Convención del 100% de representantes elegidos”.
“La exacerbación de críticas al acuerdo en el seno del progresismo desmoviliza en momentos que necesitamos a todo el mundo trabajando por garantizar el triunfo en el plebiscito por la Nueva Constitución”.
¿Los actuales parlamentarios tienen la legitimidad necesaria para ser parte de este proceso constituyente?
“Hay que distinguir entre legalidad, legitimidad y prestigio. Este Parlamento, que fue elegido con ley proporcional y es mucho más pluralista que los parlamentos del binominal, tiene plena legalidad y de ello deriva también una legitimidad formal. Sin embargo, la crisis de los partidos y de los parlamentos -que es global y que está referida a los límites del sistema democrático basado en la representación, en un mundo donde las personas se informan, comunican y tienden a representarse por sí mismas– y los privilegios, desaciertos políticos, fenómenos de corrupción y la lentitud con que estos funcionan respecto de la velocidad de la vida social, de la inmediatez que es un signo de esta época, afecta el prestigio social de los parlamentos y también del nuestro”.
“Sin embargo, es este parlamento el que debe fijar -escuchando a la sociedad que decidirá en el plebiscito de ingreso como se compone la Convención- sus normas, número, plazo y procedimientos. Lo mejor es que los parlamentarios no sean parte de la futura Convención Constitucional que estará dedicada solo y exclusivamente a generar la Nueva Constitución y que los representantes sean elegidos en un 100% por la ciudadanía incorporando una presencia no solo marcada por el “pluralismo de los partidos” sino, también, por el pluralismo de la sociedad”.
¿El anuncio del proceso constituyente resuelve esta crisis social?
“Por si sola, no. El Acuerdo Constitucional expresa que el mundo político en su conjunto está escuchando, tal vez por primera vez de manera transversal, las exigencias de cambio de la sociedad y, por ende, crea un clima positivo para que haya no solo un acuerdo respecto de la Nueva Constitución sino un acuerdo en una Agenda Social que resuelva las demandas principales de la población ligadas a los temas de equidad, remuneraciones, previsión, salud, medicamentos y otros, sin los cuales no habrá una satisfacción del Chile movilizado”.
“Creo que tanto el gobierno como el parlamento se mueven con lentitud frente a la urgencia de los acuerdos que debe ser plasmados en leyes y que bien valdría la pena un acuerdo macro, como el que se hizo en materia Constitucional, que asegurara los cambios de fondo, algunos de los cuales –AFP– son estructurales y requieren de un sólido compromiso ante el país y de tiempo para establecerlo legalmente dado que requiere entrar a un nuevo sistema”.
“El Gobierno debe entender que lo que se exige es el reemplazo de un modelo económico que ha fracasado y es sinónimo de inequidades, exclusiones y abusos, y por tanto que las medidas que se adopten no pueden ser simples “parches” sino que deben caminar en la dirección ya no de un Estado Subsidiario sino de un Estado Social, Benefactor o como lo llamemos en el modelo que debemos construir”.
¿Cómo evalúa el actuar del Presidente Piñera en esta crisis?
“Creo que para ser riguroso hay que señalar que el malestar que se expresa en estas movilizaciones tiene que ver con temas profundos no resueltos no solo por este gobierno sino en los 30 años desde el retorno a la democracia, siendo, sin embargo, la derecha la mayor responsable que determinados cambios propuestos por diversos gobiernos no hayan sido aprobados con antelación”.
“El gran problema del Presidente Piñera y de su gobierno es la desconexión profunda con la sociedad. Viven entre ellos, en un mundo muy privilegiado y ello les impide percibir la profundidad de los quiebres sociales existentes en Chile. Su límite intrínseco es percibir al país de manera distinta, con otro nivel de conciencia respecto de la subjetividad de la población”.
“Hasta el 18 de Octubre, Piñera y su gobierno estaba convencido que Chile era, como lo dijo, un “oasis” de progreso y libertad. Hubo un completo inmovilismo del gobierno en los temas sociales y hasta arrogancia comunicacional de sus ministros, lo cual atizó, sin duda, el clima de descontento existente”.
“Desatada la enorme convulsión social, los errores del Presidente y del gobierno han sido mayúsculos. Lo primero, es haber creído que este era esencialmente un tema de seguridad pública, haber permitido una creciente represión de la fuerza pública, haber decretado un Estado de Emergencia con toque de queda y los militares resguardando el orden público, sin comprender el efecto simbólico que ello representa en la sociedad”.
“Felizmente el 12 de Noviembre, por primera vez desde el estallido inicial de las protestas, después de haber tenido semanas de movilizaciones con millones de personas en las calles, el Presidente hace un llamado a la “Paz, la justicia social y Nueva Constitución”, que encamina hacia la política la salida a la crisis y establece la urgencia parlamentaria y de los partidos de generar un acuerdo para una Nueva Constitución”.
“Sin embargo, con franqueza, noto lentitud, hasta falta de convicción y de compromiso del gobierno en lo que respecta a concretar rápidamente una Agenda Social más estructural como la que pide el país. Si ella no se agiliza difícilmente podrá la ciudadanía deponer sus movilizaciones. Si el gobierno espera que el tiempo desgaste el movimiento y quedarse con lo que ya ha anunciado, está cometiendo un error que puede aumentar la violencia, el caos y la desestabilización de su gobierno y del país”.
“Creo también que hay una grave responsabilidad del gobierno y del Presidente en la represión de la fuerza pública con decenas de muertos, miles de heridos y 230 jóvenes que han perdido parcialmente la vista por el uso de balines de la policía que debieran haber sido prohibidos desde el inicio. En estas semanas se han violado gravemente los derechos humanos –lo que será consignado mundialmente por todas las Agencias y Comités Internacionales- y en ello hay una responsabilidad no solo de Carabineros sino del Ministerio del Interior y del propio Presidente Piñera”.
¿Es partidario de la Acusación Constitucional contra el Presidente Piñera?
“Soy firme partidario que los presidentes democráticamente elegidos finalicen su mandato. Es ello lo que garantiza el respeto a las normas del Estado de Derecho, el respeto a las mayorías y minorías que se mide en las elecciones, y las alternancias. Los golpes de mano, también los civiles, y las presiones para la renuncia del Presidente en medio de una crisis severa como la que vivimos, crea un vacío de poder que puede terminar en guerra civil o en alternativas populistas autoritarias. Un quiebre institucional de esta magnitud hará que nunca más en Chile un Presidente, de cualquier signo, pueda gobernar sin vivir bajo la amenaza permanente de la acusación constitucional y de la destitución”.
“Quiero recordar que el PC, uno de los promotores de la actual acusación constitucional, nunca las llevó a cabo en el pasado. No presentó acusación en los 50/60 contra Alessandri pese a graves conflictos sociales de la época. Defendió a Frei Montalva con las masas populares en las calles, frente a una asonada militar, consideró siempre como un acto sedicioso los intentos de la derecha de acusar constitucionalmente al Presidente Allende”.
“Considero la campaña de grupos extremos y de quienes que con oportunismo se han sumado, de exigir la renuncia de Piñera, como “el objetivo” desde el primer momento de las protestas, un acto antidemocrático y una irresponsabilidad política. En democracia se respetan los principios y los presidentes se cambian en elecciones y algunos de los que atizan renuncias, poseedores de verdades revolucionarias y que a mí me recuerdan a los MherRojos de Camboya, tienen claro que aprovechan este tiempo de convulsión para este “asalto” o nunca, por la vía democrática, podrán lograr estos objetivos minoritarios y en el fondo profundamente autoritarios”.
Orden Social versus DDHH ¿Cómo cataloga el actuar de las FFAA y de Orden y Seguridad?
“Es una contradicción inaceptable. Un gobierno democrático tiene el deber de garantizar el orden social pero en el pleno respeto a los derechos humanos. Queda en evidencia que Carabineros ha actuado con violencia excesiva y que se han violado reiteradamente los derechos humanos”.
“Es obligatorio analizar cómo Carabineros cumple con la función del orden público especialmente en condiciones de agitación social. Hay que entender que en estas semanas Carabineros está sometido a una presión sicológica y física extrema y ello es parte también de la forma como se organiza el control de la seguridad púbica que hay que revisar. Pero resulta evidente que hay códigos de comportamiento que no relevan el valor de los derechos de las personas, hay falta de formación técnica y ética que llevan a que marchas pacíficas sean reprimidas con violencia y haya ausencia o tardanza en reprimir los desmanes, en detener a quienes los propician y que debieran estar identificados si en Chile existiera un trabajo de inteligencia preventivo, civil y policial, a la altura de una sociedad tecnologizada”.
“Se requiere un cambio profundo en la formación de los integrantes de la institución encargada del orden público y una renovación de sus procedimientos y protocolos”.
“La estabilidad democrática se construye con diálogo, resolviendo las demandas políticas y sociales que plantea la ciudadanía y en el pleno respeto a los derechos humanos de todos que también deben inspirar el resguardo moderno del orden público”.
