El texto observa desorden administrativo, así como diversas vulneraciones al sistema de compras públicas y a las normas relacionadas con la probidad, la eficiencia y la eficacia. Asimismo, se da cuenta de la necesidad de avanzar en la construcción de más camas críticas; una mejor regulación de las contrataciones con las sociedades médicas; y aumentar la fiscalización por parte de la Contraloría
Por 66 votos a favor y una abstención, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó el informe de la Comisión Investigadora encargada de analizar las adquisiciones de insumos y prestaciones de salud efectuadas por Fonasa a prestadores privados, desde 2012 a la fecha, así como las pérdidas en ejercicios financieros a partir de 2010 y el eventual lucro de prestadores privados.
La investigación, aprobada el 4 de octubre de 2016, tras la petición de 49 legisladores, concluyó que, pese a que los servicios de salud y los hospitales públicos se rigen por las reglas generales en materia de compras públicas, existen diversas infracciones a dicha normativa y a los principios de la eficiencia, eficacia y probidad, que ha provocado la creciente deuda del sector.
Para enfrentar el tema se llama a la construcción de más camas críticas, en mediano plazo; en lo inmediato, a avanzar en licitaciones transparentes y públicas; y en “evaluar seriamente la posibilidad de incluir al sector privado dentro de la red pública”.
Asimismo, se acusó graves falencias detectadas en el sistema de adquisiciones; un bajo control interno en la ejecución de los contratos; diferencias en los montos involucrados; y diferencias en los stocks de inventarios informados y los validados físicamente.
Ello, se remarca, revela un desorden administrativo y contable en las áreas pertinentes, por lo que se sugiere que todos los servicios y centros hospitalarios dependientes apliquen a la brevedad toda la normativa vigente, resguardando la probidad administrativa, eficacia y eficiencia; y evitando la fragmentación de la contratación de prestaciones médicas a través del trato directo e incluso para la regularización de compras directas previas impagas.
Entendiendo como salvedad la situación de las compras de horas médicas y camas críticas, toda vez que la compra de medicamentos es algo mesurable y, en mayor medida, es posible una planificación, se plantea que al menos a mediano plazo, ellas se liciten anualmente.
El documento también sostiene que se hace necesario impulsar una reforma legal del marco regulatorio vigente, abocándose a la transparencia, participación y fortalecimiento de los derechos de la ciudadanía ante el sector sanitario y sanciones efectivas por el incumplimiento de la ley de compras públicas; la revisión y modernización de los actuales procedimientos de fiscalización, con inclusión de parámetros para determinar la gravedad y reiteración de las infracciones a la ley.
Por otro lado, respecto de las sociedades médicas comerciales que contratan con las entidades públicas, estimaron necesario trasparentar y regular la relación, en especial entre los profesionales que una parte del día son funcionarios públicos y, en otra, prestadores de la sociedad profesional.
Además, se propone establecer una prohibición o incompatibilidad para que directivos médicos que pertenecen a sociedades prestadoras, autoricen pagos a las mismas sociedades a que pertenecen; contar con mecanismos claros de evaluación de la gestión de los profesionales del sector y aplicar medidas para mejorar los estándares de eficiencia del personal, de modo de apuntar a que la compra de servicios sea la excepcionalidad.
Gestión de recursos
La Comisión también detectó escasa coordinación dentro de los Servicios de Salud a lo largo del país, vinculada a la contratación de prestaciones médicas. “Existen casos en que los profesionales que, efectuando su Periodo Asistencial Obligatorio en la red pública de salud, se encuentran con que no pueden brindar el servicio de forma adecuada producto que de manera previa el propio Servicio de Salud efectuó la compra de servicios a Sociedades Médicas, en las cuales, inclusive, sus miembros prestan servicios al propio organismo de Salud.
Los legisladores también plantean la oportunidad de incorporar tecnología avanzada en el sistema público de salud, para que los médicos puedan estudiar y especializarse trabajando en el sistema público y trabajar con otros especialistas que les puedan transmitir su experiencia.
Asimismo, se observa el impacto de las movilizaciones de los trabajadores, por lo que se propone mejorar los mecanismos de resolución de conflictos en los diferentes servicios, establecer protocolos de funcionamiento y hacer cumplir la normativa vigente para asegurar el derecho a atención de la población.
Finalmente, entre otras conclusiones, se plantea mejorar el presupuesto para la fiscalización y control por parte de la Contraloría; revisar el sistema de acreditación o certificación de los prestadores públicos de salud, como la clínica Ensenada; y avanzar en mayor fiscalización respecto de los protocolos de derivación para casos de diálisis.
