Por: Katherine López Arias, Doctora en Educación y Alejandro Sepúlveda, Abogado Experto en Educación e Inclusión
Cada 2 de abril, Chile se tiñe de azul para conmemorar el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. Sin embargo, más allá de la relevancia del símbolo, urge avanzar hacia un cambio estructural que reconozca la neurodiversidad como un asunto de derechos humanos y justicia social, y no solo como una causa sensible o emotiva. Aunque el país ha dado pasos importantes, aún estamos lejos de garantizar una inclusión plena y efectiva de las personas con condición del espectro del autismo.
La promulgación de la Ley 21.545 en marzo de 2023 —conocida como Ley TEA— marcó un hito esperado por miles de familias. Esta norma establece principios de no discriminación, participación activa, acceso a apoyos personalizados y el deber del Estado de generar políticas intersectoriales.
Sin embargo, su implementación ha sido lenta y su impacto aún limitado. Una ley no cambia realidades si no se acompaña de voluntad política, recursos y fiscalización.
Uno de los vacíos más graves se presenta en la etapa posterior a la educación escolar. Jóvenes y adultos con condición del espectro del autismo suelen quedar fuera del sistema, sin programas de apoyo para una vida autónoma, inserción laboral o redes comunitarias.
La política pública ha centrado su esfuerzo —insuficiente— en la infancia, sin asegurar la continuidad de apoyos a lo largo del ciclo vital. Esta omisión vulnera la dignidad y los derechos de una población que necesita acompañamiento permanente y para toda la vida.
A esto se suma la falta de mecanismos efectivos para sancionar a quienes vulneran los derechos de personas con esta condición. La discriminación, el maltrato emocional, institucional, la exclusión educativa, quienes generan abandono sin compasión a personas en esta condición y las negligencias médicas siguen presentes. La Ley Zamudio, aunque relevante, no responde con eficacia a estas situaciones. Se requiere una legislación más clara, específica y aplicable que garantice el acceso a la justicia y la reparación efectiva.
Otra deuda pendiente es la accesibilidad en los espacios públicos. Países como España, Francia y Canadá han incorporado pictogramas y apoyos visuales obligatorios en estaciones, hospitales, oficinas públicas y museos.
En Chile, estas acciones son escasas y dependen del esfuerzo de municipios o agrupaciones ciudadanas. Sin embargo, comprender el entorno no es un privilegio, es un derecho. La instalación de señalética inclusiva no solo mejora la calidad de vida de las personas con condición del espectro del autismo, también educa a la sociedad sobre la importancia de adaptarnos a la diversidad.
En educación, persiste una visión errada de la “integración”. Se ha confundido con tratar a todos por igual, sin atender las necesidades específicas de estudiantes con esta condición. Esta lógica puede funcionar en casos leves, pero resulta inadecuada para situaciones complejas que requieren apoyos intensivos y especializados. Sin condiciones técnicas, profesionales ni infraestructura adecuada, lo que se presenta como inclusión termina siendo una forma de exclusión.
Este 2 de abril es una oportunidad para agradecer a quienes han abierto camino: madres, padres, abuelos, hermanos, profesionales comprometidos, agrupaciones ciudadanas y, sobre todo, jóvenes con condición del espectro del autismo que alzan la voz con claridad y valentía. Gracias a ellos, Chile ha comenzado a mirar el autismo con una mirada más humana y menos estigmatizante.
Pero aún queda mucho por hacer. Este día no debe ser solo una fecha simbólica, sino una invitación a la acción: a implementar con urgencia la Ley, a generar políticas para personas adultas en el espectro del autismo, a reforzar las sanciones frente a vulneraciones de derechos y a construir entornos accesibles y comprensibles. Porque comprender también es un acto de justicia.
Y porque el autismo no necesita compasión: necesita garantías, respeto y apoyos del Estado durante toda la vida.
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