Por: Pablo Gutiérrez Vásquez. Abogado, Magister en Derecho Regulatorio y ex- Jefe de Relaciones Institucionales de la Superintendencia del Medioambiente
Desde hace más de una semana los habitantes de Quintero han sido nuevamente centro de la noticia nacional. Así como un deja vú, a raíz de un incidente cuyo origen aún es desconocido, niños y niñas de las zonas aledañas a este polo industrial han presentado síntomas de intoxicación por inhalación de gases, cuya composición es aún más desconocida.
Generada la alerta ciudadana, a través de las redes sociales, las autoridades se han puesto manos a la obra para lograr atrapar al “delincuente ambiental” causante de estos daños a la salud de las personas. Esto no es sencillo, toda vez que en la zona funcionan diecisiete empresas con diversos procesos productivos y con emisiones que no siempre se miden en tiempo y oportunidad. Cualquiera sea el resultado, no hay dudas que el daño reputacional generado a cualquier proyecto productivo, señalado como infractor al medioambiente, resultará difícilmente remontable en un breve tiempo, y alejará sus opciones de mejorar su posición comercial ante los mercados internacionales, cada vez más sensibles a este tipo de episodios.
Es precisamente en esta parte de la historia donde adquiere la condición literaria de novela policial, dado que, se concentra toda la atención en el exclusivo responsable del daño, sin embargo obviando la condición de fondo del incidente: esta constituye una zona con una carga ambiental intolerable para nuestro país.
Resulta paradójico que, a pesar la tremenda capacidad reactiva en otras crisis, particularmente en el ámbito político, el Estado no haya ejecutado las acciones adecuada las verdaderas condiciones causantes del mal: la brutal carga ambiental sobre sus habitantes, la completa falta de planificación territorial y nula política pública integral para hacerse cargo de administrar y aminorar los daños en esta zona de sacrificio.
Entonces las preguntas de rigor son: ¿Son injustas las imputaciones a las empresas y al Estado de Chile ante el último episodio de intoxicación de ciudadanos y ciudadanas? ¿Acaso la determinación del responsable de este episodio traerá correlativamente una baja de la carga medioambiental de la bahía de Quintero? ¿No es la sensación de abuso de los habitantes de la zona de sacrifico, la misma presente en episodios como las colusiones, corrupción de funcionarios públicos o incluso del movimiento feminista?
Cabe la posibilidad que descubramos, dentro de un breve plazo, quien es el “delincuente ambiental” en este episodio policial. Sin embargo, lograr determinar su identidad, el origen de las emanaciones y posterior sanción, no mejorarán un ápice la condición de vida de los ciudadanos y ciudadanas, víctimas de la contaminación de las diversas industrias por medio siglo.
Deberíamos centrarnos en determinar que el Plan de Descontaminación de la zona sea prontamente puesto en marcha y, junto a ello, el Estado de Chile asuma la integridad de soluciones para esta zona, así como las otras que poseen condiciones similares y, por que no decirlo claramente, evitar que surjan nuevas en nuestro país, a través de una mirada estratégica y no de mero lucimiento mediático, como nos ha ocurrido en tantas oportunidades en el pasado.
El esfuerzo del Estado no sólo debe concentrase en generar una política pública que busque reparar las mermadas condiciones medioambientales, más aún, debe ejercer su obligación legal de utilizar todas las herramientas existentes, particularmente la Evaluación Ambiental Estratégica, Participación Ciudadana y exigencia de mayores estándares operacionales, implementando el Compliance Ambiental. El ejercicio de estas potestades le impone, hoy por hoy, el deber de articular una relación fluida y sostenida entre el Estado, las empresas y ciudadanos que, particularmente en los tiempos que corren, debe traducirse en participación activa y oportuna en las decisiones relacionadas a su entorno.
Los chilenos, chilenas y sus autoridades políticas, no deben dejarse llevar sólo por la búsqueda implacable que lleva adelante la autoridad sancionadora ambiental, sino además definir una estrategia integral que se haga cargo del verdadero mal que viven sus habitantes: la violación sistemática del derecho humano a vivir en un medioambiente libre de contaminación.
El contenido expresado en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor y no representa necesariamente la visión ni línea editorial de Poder y Liderazgo.
