Por: Francisco Cabrera. Presidente Nacional de la Asociación de Funcionarios del Servicio de Evaluación Ambiental (Anfusea)
En materia ambiental, no es posible evaluar el año que se va, sin evaluar el término del gobierno del segundo mandato de la Presidenta Bachelet. En efecto, se termina un ciclo en donde se dijo que se daría impulso a reformas que cambiarían la forma de abordar los temas que perjudican a las mayorías del país, sin embargo, en materia ambiental y especialmente en lo que respecta al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), el balance no es halagüeño.
Si bien la Presidenta fue condecorada por Naciones Unidas respecto de la Protección del Medio Ambiente y durante este mandato se sacó el Proyecto del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, a nivel de la evaluación ambiental de proyectos que están regulados por la Ley 19.300 y el DS 40 se produjo no sólo un estancamiento, sino que un retroceso respecto de la reforma al SEIA y a la gestión de la evaluación misma. No es casualidad, por lo tanto, que el también segundo gobierno del Presidente Piñera, ya haya levantado la luz de alerta con querer estudiar una reforma al SEIA. Esta intención no sólo tiene que ver con la visión que los sectores de derecha tienen sobre los proyectos que enfatizan en llamar de “inversión”, sino que además con la debilidad institucional que en materia medioambiental el gobierno de la Nueva Mayoría dejó al Servicio de Evaluación Ambiental.
Como fue la tónica del gobierno que termina, la gestión medioambiental del gobierno no sólo no dejó contentos a los inversionistas/empresarios que tienen que someterse a la evaluación, sino que siguió sin dejar conforme a las comunidades y la sociedad civil que se ve afectada por los proyectos que son evaluados por el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Una buena muestra de esta paradoja, tiene que ver con la aprobación por parte del Comité de Ministros del Medio Ambiente, del documento final para la Reforma al SEIA. ¿Cuál es el problema si precisamente se habla de Reforma?
El problema es que, como la gran parte de las cosas que hicieron los tecnócratas del segundo gobierno de la Nueva Mayoría, la implementación para la elaboración de ese documento final es a la rápida, sin sustento técnico, ni político,, sin legitimidad, ni menos representatividad. Por ejemplo, respecto de este último, hay un desbalance en la invitación que se hizo a participar en la mesa entre los sectores incumbentes (empresarios y consultores) y las organizaciones de la sociedad civil.
Por supuesto, que el lector ya adivinó que la sociedad civil y ONG dedicadas a los temas del medio ambiente escaseaban en dicha Comisión. Más encima de las pocas (dos o tres) organizaciones que fueron invitadas, dos de sus representantes se retiraron de la Mesa, enviando carta de disconformidad a la misma Presidente sobre los acuerdos adoptados y sobre la forma como estos se tomaron.
Tampoco las Asociaciones de Funcionarios de los Servicios de la Institucionalidad Ambiental fueron invitados a dicha Mesa Presidencial, a pesar de que estas organizaciones lo solicitaron (¿no vaya a ser que por algún descuido otro tecnócrata olvidara cursar las invitaciones?). Es decir, los funcionarios y funcionarias que conocen del funcionamiento del Sistema, que tiene que lidiar con las debilidades y deficiencias de este instrumento, y que a través de sus organizaciones representativas podían tener una opinión autónoma, sin compromisos con la autoridad, levantar propuestas y discutir acerca de los verdaderos problemas del sistema, fueron dejados a un lado y desechados en esta discusión (valga decir que el Director Ejecutivo del momento, hizo mesas de trabajo interno, obligatorias, con firma de actas, para que no dijera que los funcionarios/funcionarias no opinaron, lo cual viene a ser una buena muestra de lo que los tecnócratas del Gobierno de la Nueva Mayoría llaman participación).
Por último, una muestra de estas contradicciones gubernamentales que rechaza Dominga pero que, a la vez, debilita la evaluación socio ambiental de los proyectos, tiene que ver también con aspectos técnicos.
La reforma enviada y aprobaba por el Comité de Ministros, cuyo posterior paso es la aprobación por parte de la Contraloría General de la República, debilita todos los umbrales para el ingreso de los proyectos al SEIA. Por ejemplo, el Reglamento vigente, afortunadamente, protege a las turberas de todo tipo de extracción industrial. Dicho sea de paso las turberas son un ecosistema frágil, existente en la Patagonia de Chile y reconocidas como uno de los reservorios de carbono más importantes del mundo. Pues bien, la “reforma” (Art. 1°, número 2, letra a), señala que toda explotación de turberas menor a 5 hectáreas no ingresará al sistema. Es decir, manga ancha para explotar este tipo de biodiversidad, escaso en el planeta. Y así también con los umbrales de transportes, embarcaciones, sanitarias, acuícolas.
Para que hablar del fortalecimiento de la Participación Ciudadana, en donde, se encuentra el “talón de Aquiles” del sistema. No hay mención relevante al tema en el documento. Y es que después de algunos años de vigencia del SEIA, todavía la tecnocracia sigue buscando soluciones en cambiar literales y modificaciones a la tipología de proyectos que ingresan al sistema. Como el avestruz, no quieren ver, ni menos reconocer, que el principal problema de la evaluación socioambiental de los proyectos está en el relacionamiento con las comunidades y en la posibilidad de que estas puedan decidir sobre el uso de su territorio.
¿Acaso no le suenan parecidas y repetidas estas inconsistencias e incoherencias durante estos últimos cuatro años? ¿Alguien tiene dudas aún acerca de porqué la coalición en el gobierno perdió la elección presidencial?
Quizás, en materia de reforma al SEIA y gestión del Servicio de Evaluación Ambiental, puede encontrar algunas pistas, las mismas que se repitieron en otros ámbitos y temáticas de las políticas públicas.
