La subsecretaria Alejandra Bravo acordó una mesa de trabajo en la que participarán la Asociación de Conservadores de Bienes Raíces y los presidentes de las asociaciones de alcaldes
Según un dictamen emitido por la Contraloría General de la República en diciembre de 2017, las personas naturales no pueden pedir la regularización de loteos en zonas rurales cuya superficie sea menor a los 5 mil metros cuadrados. Eso supone un conflicto debido a que existe una considerable cantidad de loteos irregulares de dichas características, lo que supone que las familias afectadas no pueden acceder a beneficios del Estado, y en algunos casos, a servicios básicos.
Sin embargo, Bienes Nacionales sí puede regularizar, y es por eso que la subsecretaria de la Cartera, Alejandra Bravo, concretará distintas reuniones con los agentes involucrados en el proceso de regularización para unificar criterios que no pasen a llevar los lineamientos de la Contraloría o a los planos reguladores de las municipalidades afectadas.
En primera instancia, la subsecretaria concretó una reunión con el contralor general de la República, Jorge Bermúdez, quien manifestó su voluntad de trabajar en una mesa conjunta con asociaciones municipales como la Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH), la Asociación de Municipios Rurales de la Región Metropolitana (AMUR) y la Asociación Chilena de Municipalidades (AMCH). A dicha mesa se sumará la Asociación de Notarios y Conservadores de Chile.
“Nosotros tenemos los instrumentos legales para solucionar esta problemática, como el Decreto Ley 3.516, que permite regularizar las propiedades irregulares. Si nosotros podemos dar solución, entonces es urgente reunirse con todos los organismos involucrados”, dijo Alejandra Bravo.
Este trabajo se enmarca en el desarrollo del programa ChilePropietario, mandatado por el ministro Felipe Ward, que busca gestionar los distintos usos irregulares del suelo, entre ellos, loteos irregulares.
Según la subsecretaria, “cuando hablamos de loteos irregulares, podemos enfrentarnos a dos situaciones diferentes. Una de ellas se produce por especuladores, que hacen uso fraudulento e ilegal del Decreto Ley 2.695, vendiendo derechos sobre la tierra, pero no títulos de dominio. Eso es ilegal, y debemos terminar con esa práctica. Pero hay familias que han heredado de forma ancestral terrenos que hoy figuran como irregulares, así como comunidades indígenas que consideran estas tierras como propias. El trato con ellos debe ser diferente. Nosotros queremos regularizar esos loteos”.
La autoridad valoró la voluntad del contralor Bermúdez de generar una mesa de trabajo que se desarrollará durante esta semana. “Hemos llegado a un buen acuerdo con el contralor, porque además la próxima semana vamos a ingresar una consulta a la Contraloría para poder definir y determinar con claridad a qué se refiere cuando estamos hablando de loteos irregulares”.
