Por: Pedro Fierro Z. Director de Estudios Fundación P!ensa
La descentralización política del país no ha sido una tarea sencilla. Ya en el año 2015, a solo meses de que se entregara el informe final de la Comisión Presidencial de Descentralización y Desarrollo Regional, veíamos con preocupación la pasividad del mundo político respecto a una de las reformas más emblemáticas: la elección popular de la máxima autoridad regional.
Años después, el tema no ha perdido significancia. Hasta hoy, seguimos siendo uno de los pocos países del mundo, considerando también a los Estados unitarios, que cuentan con una cabeza subnacional designada desde el nivel central. Por lo mismo, la escasa voluntad política que se vivió en el Congreso nos llevó a valorar aún más la reforma constitucional que abrió paso a la próxima elección de gobernadores regionales del 2020.
Pese a que esta importante reforma sigue siendo resistida en varios ambientes, podríamos calificarla como un significativo avance por distintos motivos.
La elección del nuevo gobernador regional será esencial, por ejemplo, para alcanzar una mayor rendición de cuentas a nivel subnacional. Desde el 2020 tendrá que responder ante todos los ciudadanos que votaron por él y los que no lo hicieron.
Por esta misma razón, la reforma también obliga a la autoridad a tener una gestión más cercana a la comunidad, incluyendo en esto a los más diversos actores de la sociedad civil.
Y esa cercanía más los votos obtenidos, que deben ser más del 40% de los válidamente emitidos, le otorgarán un grado de representatividad que, en la actualidad, se hace imposible de conseguir con figuras designadas que no duran en promedio más de dos años en el cargo.
Por todo lo anterior, las nuevas autoridades debiesen generar un eficiente contrapeso a la hora de definir las decisiones estratégicas territoriales, solucionando los actuales problemas de asimetrías en las negociaciones entre el nivel central y el nivel regional.
Sin embargo, todas estas oportunidades, las cuales fueron largamente debatidas en el Congreso, entraron en franca tensión cuando un par de diputados plantearon, hace sólo semanas, posponer las elecciones al 2021.
El argumento que esgrimieron, algo sorprendente, se podría reducir en lo siguiente, “como aún no han sido redactados los siete reglamentos que materializarán el traspaso de competencias a los gobiernos subnacionales, sería irresponsable comenzar un proceso electoral”.
En otras palabras, como existe un atraso en la preparación de esas normativas, los parlamentarios optaron por utilizar el poco tiempo que queda en intentar posponer el hito, tal como aquel alumno que, precisamente en esta época del año, focaliza sus esfuerzos en cambiar la fecha del examen en vez de comenzar a estudiar.
Afortunadamente la controversial propuesta no prosperó, en cuanto el Ejecutivo a través del Subdere, aclaró que no existe ningún plan que pretenda seguir aplazando el proceso que transformará los gobiernos regionales.
Y esa firmeza es esencial, pues precisamente lo que subyace a la elección de Intendentes es poner sobre la mesa las diversas realidades territoriales que muchas veces quedan en un tercer plano.
Por lo mismo, resulta fundamental escoger a los nuevos gobernadores regionales en las elecciones locales, junto a alcaldes, concejales y Cores. Es allí cuando los intereses de las distintas zonas del país se manifiestan. No en las elecciones presidenciales, cuando las necesidades locales quedan supeditadas al acontecer nacional.
Por todo lo anterior, no deberíamos seguir gastando energías en aplazar el deadline, sino más bien en enfrentar los problemas actuales del proceso.
En esa lógica, podríamos partir trabajando en la redacción de los reglamentos que faltan, de manera que logren disminuir las ambigüedades e incertidumbres que se abrieron con la ley de fortalecimiento de las regiones.
Podríamos continuar trabajando en la minimización de la discrecionalidad existente en la definición de los fondos que año a año se transfieren a regiones, añadiendo, además, un marco efectivo de rendición de cuentas.
Podríamos, quizás, seguir con la capacitación a funcionarios y autoridades locales para que encaren de la mejor forma los nuevos desafíos.
Y, finalmente, podríamos terminar por informar a la ciudadanía sobre los alcances reales del proceso descentralizador.
El contenido expresado en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor y no representa necesariamente la visión ni línea editorial de Poder y Liderazgo.
