De acuerdo a los manifestado por los parlamentarios, se busca dar una señal clara y “al igual que todos los demás ciudadanos, nosotros como autoridades, nos traslademos al asiento del tribunal que se nos requiere en materia procesal civil”
En respuesta a las demandas de la ciudadanía, la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados aprobó, por unanimidad de los presentes, una moción que resta privilegios procesales en materia civil para las altas autoridades del país.
De esta forma, la diputada Camila Flores (RN) recordó que, en este mismo mes de junio, la Cámara de Diputados aprobó una propuesta legal, originada por una moción parlamentaria, que modificó el Código de Procedimiento Civil con el objeto de eliminar un beneficio que permite a las autoridades eclesiásticas optar por no rendir su testimonio ante tribunales y requerir entregarlo en el domicilio que indiquen.
En un nuevo paso, agregó la legisladora, ahora se eliminó similar privilegio para la mayor parte de las autoridades del país.
“Lo que hoy día nosotros aprobamos de manera unánime en la Comisión es eliminar este beneficio para que, en definitiva, al igual que todos los demás ciudadanos, nosotros como autoridades, nos traslademos al asiento del tribunal que se nos requiere en materia procesal civil (…). Por lo tanto, lo que viene a hacer, en definitiva, es dar una señal que en esta materia, nosotros seamos quienes estemos prestos a dar nuestro testimonio a la justicia y no sea la justicia la que tenga que desplazarse y salir del tribunal para tomar el requerimiento de nosotros, de las autoridades en general, que están contempladas hasta el día de hoy”, especificó.
El presidente de la Comisión, diputado Hugo Gutiérrez (PC) sostuvo que este tipo de prácticas, que datan de más de cien años de vigencia en nuestro ordenamiento jurídico, “son inaceptables” en el contexto de una democracia como la nuestra.
“Esta democracia de privilegios tiene que terminar, tiene que acabar y creo que lo que hemos resuelto hoy me parece acorde a los tiempos que estamos viviendo y creo que todas estas autoridades, salvo el Presidente de la República y sus ministros, que podrán seguir declarando en el lugar que ellos indiquen, todas las otras autoridades tendrán que declarar en un tribunal de la República cuando sean citados”, enfatizó.
El diputado René Saffirio (IND), promotor de la iniciativa, explicó que el citado beneficio ya no correrá para las autoridades políticas, entendiendo por estas a senadores, diputados, subsecretarios, delegados presidenciales regionales y provinciales, alcaldes, jefes superiores de servicio, miembros de la Corte Suprema y de las Cortes de Apelaciones, fiscales judiciales, jueces de los tribunales letrados, el fiscal nacional y regionales y los oficiales generales de las Fuerzas Armadas en servicio activo o en retiro.
Para el legislador, con esta decisión la Cámara de Diputados lidera un anhelo ciudadano y se pone en línea con lo que se espera de las autoridades del país.
“Estamos en una situación en que es importante dar señales específicas, concretas, de que somos capaces, cuando hay voluntad, de autoeliminarnos privilegios que están establecidos, en este caso, desde 1902, y que no tienen ninguna justificación. Lo que hemos buscado con estos proyectos es, de alguna forma, ir recomponiendo una relación más horizontal con la ciudadanía. Que no se nos vea como una suerte de casta impenetrable, que se autoprotege, sino que al contrario, que somos, y esta Cámara así lo hay ido demostrando poco a poco, que somos una Cámara que se abre a los ciudadanos y que trata de recuperar la credibilidad en un sistema político que está tan deteriorada y estas iniciativas se insertan en esa dirección”, puntualizó.
Por último, el parlamentario expresó su anhelo que la Sala ratifique con igual solidez la decisión adoptada por la Comisión de Constitución y anunció, desde ya, que se seguirá avanzando en la misma línea de terminar con antiguos privilegios, no justificables en el contexto actual.
