Participaron de la instancia legislativa de la Cámara de Diputados, el ministro de Defensa y el subsecretario del Interior, quienes informaron de los alcances de la reforma constitucional que regula el “estado de alerta”
Con discusión inmediata, es decir seis días para su tramitación, comenzó el análisis del proyecto que faculta al Presidente de la República para decretar el resguardo de instalaciones críticas del país por parte de las FF.AA., cuando exista un peligro grave que pudiera afectarlas.
En la ocasión, el ministro de Defensa, Alberto Espina, indicó que la infraestructura crítica considera servicios básicos como agua, gas y electricidad, las comunicaciones y el transporte; que, de ser afectadas, tendrían un grave impacto en la población. Además, considera el resguardo de instalaciones del Gobierno, el Congreso Nacional y del Poder Judicial.
El estado de alerta se adoptaría en casos fundados por el Presidente y mediante Decreto Supremo suscrito por los ministros del Interior y de Defensa, que explicitaría la infraestructura crítica a considerar.
El ministro Espina señaló que este es una solución intermedia para evitar volver a un estado de emergencia. Resaltó que, si se les impide a las FF.AA. colaborar en esa función y existe el día de mañana una grave alteración del orden público, el camino que va a ir quedando es un estado de emergencia, explicando que “Obviamente, nosotros queremos que antes de enfrentarse a un estado de emergencia -que significa que las FF.AA. tomen el control del orden público-, lo que realmente se quiere es que el orden público siga en manos de Carabineros y la Policía de Investigaciones y que las FF.AA. ayuden a algo que todos los chilenos aspiran y quieren, que es que no se les corte el agua, el gas, las comunicaciones, el combustible, la energía, los aeropuertos. En todas partes donde esta norma se ha aplicado ha sido un éxito”.
El texto indica que el estado de alerta no podrá, en caso alguno, implicar una suspensión, restricción o privación de derechos y garantías que establece la Constitución.
Dicha medida no podrá extenderse por más de 30 días corridos y solo se podrá prorrogar por una vez con el acuerdo del Congreso Nacional. Además, el Presidente deberá dar cuenta al Parlamento al inicio y al término de dicha disposición.
Reacciones
Parlamentarios de oposición cuestionaron la reforma constitucional calificándola como ambigua e insuficiente. Asimismo, estimaron negativo involucrar a las Fuerzas Armadas en labores de orden y seguridad, como puntualizó el diputado Tomás Hirsch (PH).
“Hoy día, sacar a los militares a la calle con el pretexto de cuidar la infraestructura crítica, que es un rol que no les corresponde, creo que abre la puerta a una situación que puede ser tremendamente grave. Si los militares van a estar cuidando las estaciones del metro y vienen cien, mil o dos mil jóvenes, ¿Qué van hacer?, ¿Cuál va a ser la respuesta?, ¿Van a empezar a disparar?”, cuestionó.
El parlamentario también resaltó que se diga que necesita hacer esto para liberar a Carabineros y poder resguardar el orden público. “¿Cuántos son los carabineros que están hoy día cuidando la infraestructura crítica? Yo le he hecho esta pregunta al ministro y no me la ha respondido”, agregó.
En contraposición, el diputado Jorge Alessandri (UDI) valoró la medida, que fue utilizada en otros períodos de nuestra historia, resaltando que “Es una medida que le da un pulso intermedio entre normalidad y estado de excepción. Además, nos instruimos -gracias al diputado Gonzalo Fuenzalida- de que esto existía en la Constitución del 25, que fue una herramienta usada por muchos Presidentes, dentro de ellos el Dr. Salvador Allende”.
Sostuvo, asimismo, que la democracia necesita esta herramienta. “Tenemos a las FF.AA. ahí y quién podría pensar que la luz, el agua, las telecomunicaciones o el gas tienen color político; todos las necesitamos, la democracia las necesita y la ciudad las necesita”, consideró.
Cabe recordar que la iniciativa que resguarda la infraestructura crítica continuará su estudio, para lo que el ministro Espina asistirá nuevamente a la Comisión de Constitución a responder las consultas realizadas por las y los parlamentarios.
