El proyecto del Ejecutivo, que tiene 7 ejes con más de 30 medidas, ahora será discutido en particular de cada artículo y la presentación de indicaciones
Por unanimidad, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general el Proyecto de Ley de Cumplimiento de las Obligaciones Tributarias, iniciativa que forma parte del Pacto por el Crecimiento Económico, el Progreso Social y la Responsabilidad Fiscal. Ahora, empezará la etapa de discusión en particular de cada artículo y la presentación de indicaciones.
Con los recursos que provengan de esta iniciativa, se podrá financiar más de la mitad de los compromisos establecidos en el Pacto, como el aumento de la Pensión Garantizada Universal (PGU) a $250.000, incrementar el financiamiento para seguridad pública, reducir los tiempos de espera en salud y desarrollar un Sistema Nacional de Cuidados.
“Este proyecto lo que busca es algo muy simple: que los contribuyentes paguen lo que les corresponde en materia tributaria. Hoy desgraciadamente no es así. Hay quienes evaden impuestos. Hay quienes eluden impuestos, es decir, aprovechan resquicios de la legislación para pagar menos. También tenemos, por supuesto, problemas de informalidad, comercio ambulante que no paga impuestos, comercio que se hace a través de internet, compras y ventas que tampoco pagan impuestos. Y también tenemos situaciones en las cuales se pagan menos impuestos por desconocimiento del contribuyente. Entonces este es un proyecto que desincentiva y que aquellos contribuyentes que sí cumplen oportunamente, no se enfrenten a una competencia desleal por parte de quienes no actúan de acuerdo a la ley”, precisó el ministro de Hacienda, Mario Marcel.
Asimismo, la autoridad remarcó que “Quisiéramos también destacar que hay varios temas que forman parte de este proyecto que surgieron de diálogos previos. Particularmente en el caso de las pymes, dos de los siete ejes de este proyecto, surgieron de nuestras conversaciones con ellos. Así que en realidad este es un proceso acumulativo que esperamos que redunde en un buen proyecto que nos pueda representar a todos”.
En su exposición, el ministro Marcel señaló que el Gobierno está abierto a eliminar la compensación económica para el denunciante anónimo, sin que ello signifique eliminar la figura y sin incrementar las sanciones a las denuncias maliciosamente falsas, dado que no existiría proporcionalidad. Esto, teniendo presente que la redacción asegura que el anonimato solo ocurre cuando se entregan antecedentes relevantes.
Respecto de la Norma General Antielusiva (NGA), el secretario de Estado explicó que el Ejecutivo contempla hacer algunas innovaciones en el proyecto al regular “expresamente la carga de la prueba, señalando que es el fiscalizador, o sea el Servicio de Impuestos Internos, quien debe acreditar que se cumple el presupuesto de abuso o simulación, pero le corresponde al contribuyente acreditar la existencia de efectos económicos relevantes distintos de los tributarios o que su operación está dentro de las opciones razonables que entrega la legislación tributaria. Es decir, dar mayor claridad que en el procedimiento se prueban hechos positivos”.
Contenido del Proyecto
El proyecto en total tiene 7 ejes, con más de 30 medidas. En el eje de Modernización de la administración tributaria y de los Tribunales Tributarios y Aduaneros, apunta a que las administraciones tributarias avancen de forma periódica en procesos de modernización que permita el mejor uso de las tecnologías disponibles en el ejercicio de sus procedimientos de fiscalización.
Así, destacan medidas como la modificación para el levantamiento del secreto bancario o la notificación por correo electrónico en las actuaciones del Servicio de Impuestos Internos (SII), Tesorería General de la República (TGR), Servicio Nacional de Aduanas y Tribunales Tributarios y Aduaneros, como regla general.
Respecto del control de la informalidad, que genera un enorme daño a la recaudación fiscal, la iniciativa se enfoca en el combate de esta práctica a gran escala vinculada al crimen organizado. Para ello se impulsarán medidas como modificar el delito que sanciona el comercio clandestino u obligar a bancos e instituciones financieras a alertar cuando un contribuyente reciba más de 50 transacciones de distintas cuentas en un mes.
En cuanto a delitos tributarios, se resalta la importancia de la moral tributaria de la población en el sentido que los contribuyentes que en su enorme mayoría cumplen con sus obligaciones tributarias mantengan dicho comportamiento al darse cuenta de que la administración tributaria persigue a quienes cometen delitos. Para lograr una efectiva persecución, se creará la colaboración sustancial para desbaratar estructuras delictivas tributarias, se incorporará el denunciante anónimo a partir del éxito en otras jurisdicciones y se incrementarán sanciones a quienes faciliten o utilicen documentos tributarios falsos, entre otras medidas.
En lo referido a la planificación tributaria agresiva, el proyecto refuerza que los contribuyentes no pueden alterar de forma ilegítima su carga tributaria, con esquemas diseñados para evitar o aminorar sus obligaciones tributarias o trasladar los beneficios hacia territorios con menor tributación. Por ello, se mejorará la norma general anti elusiva permitiendo una mejor aplicación e interacción con las normas especiales antielusión, se actualizarán las normas de control en materia de tributación internacional y se modernizará aquella que regula la tasación del SII y las reorganizaciones empresariales, entre las medidas más destacadas.
A la Defensoría del Contribuyente (DEDECON) se le entregarán nuevas facultades para realizar acompañamiento a los contribuyentes y educar sobre el cumplimiento de obligaciones tributarias. Además, se incluye dentro de su rango de acción representar a los contribuyentes ante Tesorería o Aduanas; y el acceso a información tributaria para cumplir sus funciones.
El sexto eje de regularización de obligaciones tributarias tiene como fin que los contribuyentes puedan saldar sus deudas tributarias, para lo que se modificará el cálculo de la tasa de interés y se flexibilizarán las condiciones para la suscripción de convenios de pago. También se proponen tres medidas transitorias: repatriar capitales, término anticipado a juicios, previo pago de deuda, y la posibilidad de acceder a convenios de pago con condonación de intereses y multas.
Finalmente, el texto indica que el fortalecimiento institucional y la probidad tienen un impacto directo en la recaudación tributaria, pues los recursos destinados a esta materia terminan generando un mayor incremento en la recaudación fiscal. Para ello se fortalecerá la administración tributaria, se incorporarán normas sobre movilidad y retención del personal de Aduanas, Tesorería, SII y Defensoría del Contribuyente, y se exigirá a los funcionarios encargados someterse a un alto grado de probidad.
