El Fiscal Nacional Económico, Felipe Irarrázabal, detalló ante la instancia investigadora los alcances del requerimiento presentado ante el Tribunal de la Libre Competencia sobre posible colusión en la fijación de precios por parte del gremio de cirujanos
La Fiscalía ingresó un requerimiento al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia el pasado 11 de julio, por fijación de precios mínimos en consultas y cirugías de los médicos afiliados a la Asociación Gremial de Cirujanos de Valparaíso.
Entre los argumentos, se señala que la entidad “ha ejecutado un acuerdo destinado a fijar e implementar precios de venta de las prestaciones médicas de su especialidad y sus respectivas subespecialidades en el sistema de salud privada de la V Región, mediante la suscripción de convenios con Isapres, desde a lo menos el año 1985”.
Además, la Fiscalía Nacional Económica sostiene que se ha estado “restringiendo y entorpeciendo la competencia y afectando a los pacientes que demandan dichos servicios profesionales”.
Sin embargo, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia no tramitó el recurso. Así, la Fiscalía, luego de presentar la insistencia del requerimiento, aceptó su retiro, pero seguirá investigando si existe o no colusión de precios.
El Fiscal Nacional Económico, Felipe Irarrázabal expresó que el caso no ha muerto judicialmente, que evalúan alternativas y que vuelven a la etapa investigativa.
Por su parte, el presidente de la Asociación Gremial de cirujanos de la V región, que tiene alrededor de 180 afiliados -es decir el 70% de los doctores de la región-, Arturo Paillalef, manifestó que la fijación de precios no existe. Enfatizó que “conversar de colusión en precios significaría hablar que hay un arancel mínimo fijado y en ningún caso el arancel de referencia coincide con un arancel mínimo”.
El diputado Víctor Torres (DC), se refirió a una de las denuncias recogidas por la Fiscalía de uno de los médicos asociados que fue expulsado por la Asociación Gremial por haber construido un arancel mucho más bajo “que era excluyente respecto de otros prestadores, por lo tanto solo él podía dar esta prestación a este precio y el resto no y eso también podía ser perjudicial por consecuencia también respecto de los pacientes, que estarían imposibilitados de poder acceder a dicho arancel”.
En tanto, el diputado Marco Antonio Núñez (PPD), expresó que preocupa si existe o no colusión de precios de médicos especialistas en Valparaíso, ya que han existido condenas para médicos de otras regiones. “Existen antecedentes, condenas previas a otros especialistas, y de esa perspectiva nos parece muy importante el trabajo realizado por la Comisión de Salud para recabar todo tipo de antecedente y que la libertad de precio, la competencia, tienda a aumentar la calidad y a disminuir los precios, que es lo que corresponde”.
Mientras, la diputada Karla Rubilar (Ind), manifestó que el rol de la FNE es poderoso, no sólo por desbaratar carteles de empresas o farmacias, sino para descubrir la colusión de precios entre médicos de Chillán y Punta Arenas. Por ello, el tema preocupa a la Comisión de Salud.
Manifestó que “lo que está detrás de esto es la preocupación de la Cámara de Diputados, en particular del diputado Torres, de que los pacientes de la V región no se vean afectados por alguna decisión que podría perjudicarlos”.
La controversia continuará entre la Fiscalía Nacional Económica, que dice tener evidencia de fijación de precios, y los médicos cirujanos de la Región de Valparaíso, que niegan la acusación, ya que ambos insisten en sus posturas.
