Por: Hernán de Solminihac. Director CLAPES-UC @hdesolminihac
Para muchos chilenos, los fines de semana largo parecen ser sinónimo de gigantescos “tacos”, estrés de conductores y récord de accidentes. De acuerdo a las autoridades del MOP, los 600 mil vehículos que salieron de Santiago durante estas Fiestas Patrias generaron problemas de congestión en las carreteras, a pesar de la implementación de un plan de contingencia vial. Las autopistas concesionadas, por su rol estructurante en la red vial del país, son las principales rutas afectadas por la congestión vehicular.
Las alianzas público-privadas (APP) han sido claves para el desarrollo de la infraestructura pública en el país, acumulando desde 1993 -año de adjudicación de túnel El Melón- a la fecha una inversión de más de 400 millones de UF.
La materialización de obras públicas mediante el sistema de concesiones permite disponer de infraestructura sin estrechar las restricciones presupuestarias fiscales, liberando recursos que pueden ser redestinados a otros programas socialmente rentables. Además, las APP permiten distribuir los riesgos de manera tal que estos sean asignados a la parte contractual que es más capaz de mitigarlos o soportarlos.
En el transcurso de estos años, el modelo de concesiones de Chile ha sido reconocido internacionalmente por su solidez. Sin perjuicio de aquello, y de los importantes avances basados en la experiencia de estos 25 años, en la actualidad el sistema de APP nacional presenta aun un gran desafío: la planificación continua de largo plazo.
Las obras de infraestructura públicas son, por su naturaleza, proyectos de largo plazo. La duración de su ciclo de vida es ampliamente superior a un periodo de gobierno. Es por esto que la batería de proyectos ejecutables mediante el mecanismo de concesiones debe ser definida en base a un plan de largo plazo, que considere las futuras demandas de infraestructura del país.
El contexto de incertidumbre propio del desarrollo de obras públicas genera que estas sean propensas a cambios en las condiciones del sistema (mayor crecimiento de la demanda, nuevas tecnologías, mayores riesgos de amenazas naturales, entre otros). De ahí la necesidad de que las obras concesionadas se planifiquen con un enfoque estratégico, pero de manera continua. Ello debe ir acompañado de contratos flexibles que permitan adaptarse a las nuevas necesidades y dotar a la infraestructura de resiliencia.
Otro factor clave en la planificación de largo plazo es la coordinación entre organismos del Estado. La implementación de un plan de concesiones requiere de una articulación y un trabajo armónico de los servicios y entidades públicas que dicen relación con las APP, tanto a nivel central como local. Los esfuerzos de estos se deben focalizar en el servicio que brinda la infraestructura al usuario.
El sistema de concesiones de Chile atraviesa por un punto de inflexión en su madurez, considerando que en los próximos años vencen los plazos de 8 concesiones viales estructurantes del país. A esto se suma el importante programa de concesiones de más de 14 mil millones de dólares anunciado por el MOP y la creación del Fondo de Infraestructura. Planificar las obras de manera continua, con una mirada de largo plazo, es clave para adaptarse a las futuras demandas de la ciudadanía.
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