Ante la Comisión Investigadora abocada a este tema, la autoridad indicó, además, que la normativa vigente es clara al establecer normas generales para todo el sistema público, incluyendo a Codelco, que determinan reglas mínimas en materia de integridad
La existencia de visos de corrupción al interior de Codelco, derivados de la práctica de sostener contratos con partes relacionadas, planteó el Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, ante la Comisión Investigadora de la Cámara que analiza este caso.
Bermúdez aclaró en su intervención que cuando se da el nepotismo, es decir, privilegiar contratos con familiares por sobre el mérito o condiciones objetivas, como se detectó en Codelco, se puede entender que se está frente a una situación de corrupción. Y, si bien reconoció que la auditoría realizada a la minera no tuvo como foco la vinculación política, indicó que esta podría deducirse en al menos uno de los casos estudiados.
El Contralor también fue enfático en impugnar la tesis de la cuprífera en orden a que las normas generales del Estado no le son aplicables y que, para avanzar en dicha línea, se requeriría de una ley interpretativa.
“Lo que nosotros pusimos ahí de manifiesto fue la vigencia de las normas que prohíben la contratación con familiares directos y que nos parece rige a todo órgano del Estado, no solo a una empresa pública, sino que esto también se aplica al Congreso y al Poder Judicial. (…) Para nosotros el ordenamiento jurídico está muy claro, las normas están bien establecidas, no hay ninguna norma que dictar, no hay nada que interpretar porque…y además es de sentido común, no se puede contratar con familiares”, acotó.
Para el diputado Juan Luis Castro (PS), la información aportada permite identificar claras irregularidades, además de una suerte de falta de interés por enmendar situaciones que ya habían sido advertidas en 2005.
“A mi juicio, aquí ha quedado despejado que nunca ha estado presente en el foco la indemnización o los bonos de incentivo a los trabajadores, que en algún momento se sintieron aludidos. No es ese el tema. Aquí el tema son los contratos con vínculos y personas directas. Y en lo reservado, que tuvo también un componente esta sesión, que no podemos revelar, se señalaron, con nombre y apellido, los casos en los cuales hubo vínculos políticos y en los cuales hubo vínculos de consanguinidad o afinidad, en los ejemplos concretos que el Contralor refrendó”, sostuvo el parlamentario.
El diputado Miguel Ángel Alvarado (PPD) también valoró los antecedentes entregados, al tiempo que criticó la permanencia de estas irregularidades en el tiempo.
“Evidentemente que en Codelco hay visos claros de corrupción de un modelo que se ha mantenido por varios gobiernos y como política de Estado también. Con algunos contralores que sí han hecho la labor y otros que no la han hecho. Con un Cochilco que no tiene ninguna musculatura ni ningún diente, solamente hace una descripción y sugiere antecedentes. Lo que está pasando acá es grave y da cuenta de un modelo que se encuentra en situaciones que son mucho más frecuentes de lo que uno quisiera en el país”, afirmó.
En la oposición, la crítica se dirigió al Ejecutivo y, como refrendó el diputado Issa Kort (UDI), a la pasividad con la cual ha actuado en la materia. “Hago un llamado desde la oposición a que el Gobierno se tome esto con la seriedad que corresponde, aquí estamos estudiando situaciones de corrupción en la principal cuprífera del mundo y es una situación que no lo plantea un dato de un hijo de vecino, lo plantea el Contralor General de la República y hemos tenido el silencio y la pasividad del Gobierno. Creo que el Gobierno está esperando un choque de trenes en tribunales entre Codelco y la Contraloría. Acá tenemos que decirle a la gente si queremos tener una Contraloría fuerte y que tenga capacidad de fiscalizar o si queremos un Codelco que tenga vicios y dudas de corrupción”.
Cabe mencionar que el informe de la Contraloría, que fue sustento del debate de hoy en la Comisión, acusó principalmente tres situaciones: uso extensivo del trato directo por sobre la licitación pública; falta al deber de abstención cuando hay intereses particulares de por medio; y la celebración de contratos con familiares, hecho que no solo vulnera las normas generales de la administración pública (limita hasta el tercer grado de consanguinidad), sino las propias regulaciones internas de la empresa (limita hasta el segundo grado).
