El titular del organismo contralor entregó, en sesión secreta, antecedentes respecto de la forma en que la entidad fiscaliza a las empresas públicas como Codelco y los acuerdos alcanzados con Cochilco para potenciar este control
Con la participación del contralor general de la República, Jorge Bermúdez, la Comisión Investigadora sobre eventuales irregularidades en licitaciones en la División El Salvador de Codelco retomó sus actividades.
En su sexta sesión efectiva, tras su constitución el 28 de noviembre pasado, el grupo parlamentario que preside la diputada Daniella Cicardini (PS), recibió antecedentes sobre la forma en que la Contraloría fiscaliza a las empresas públicas y el caso particular de Codelco.
En este plano, Bermúdez explicó que la Contraloría suele realizar fiscalizaciones expost a Cochilco, entidad cuya misión principal es ejercer un control sobre las actividades de la cuprífera, pero que también está autorizada a efectuar auditorias directas frente a dos escenarios: por mandato del Presidente de la República y frente a circunstancias especiales que lo ameriten.
Asimismo, recordó que ese fue el caso de las auditorías realizadas en los años 2016 y 2017, luego de 16 años de no intervenir directamente en Codelco, que mostró su necesidad tras hallazgos significativos” y que generó una controversia judicial entre la cuprífera y la Contraloría, aun en trámite.
El contralor informó que el año pasado la Contraloría suscribió un convenio de colaboración con Cochilco que permite una sinergia entre ambas instituciones y que pasa por remitir la planificación anual que la Comisión Chilena del Cobre tenga proyectada respecto de Codelco y Enami en materia de fiscalización; la entrega de un informe consolidado de las principales auditorías realizadas, de modo a verificar que no se generen circunstancias especiales que ameriten un trabajo directo de la Contraloría; y la definición de una metodología uniforme que permita un lenguaje común entre las dos entidades.
Respecto del caso de El Salvador, el contralor, en línea con lo adoptado por otros invitados a la Comisión, solicitó reserva para la entrega de la información, en tanto constituir procesos aún abiertos.
La diputada Cicardini explicó en términos generales que lo que va a hacer la Contraloría es hacer una auditoría a la auditoría que realizó Cochilco respecto del plan denominado Movimiento de Tierra, que presentaría sobreestimación de los montos involucrados.
Informó que esperan conocer los resultados de estas preguntas que hará la Contraloría a Cochilco, de modo de resolver las inquietudes pendientes y que apuntan a porqué se adjudican los trabajos a unas empresas y a otras no; a los montos que se adjudicaron; y al proceder de la empresa estatal, en materia de sanción a los trabajadores que incurrieron en las irregularidades, entre otras.
La parlamentaria por Atacama, finalmente, sostuvo que la idea es tener los antecedentes claros para poder hacer un buen informe de conclusiones de aquí a abril, no descartándose la señalización de situaciones ilícitas, aunque criticó que mucha de la información no ha podido ser aún observada por la Comisión porque esta no se ha querido entregar.
