Participaron del encuentro Gloria de la Fuente, Jorge Bermúdez, Elisa Loncon y Jaime Bassa, quienes anunciaron la firma de un convenio de colaboración entre la Convención Constitucional y los organismos
Con miras al fortalecimiento de un ecosistema de transparencia e integridad pública -que involucra la acción coordinada de instituciones y normativas- durante la jornada la presidenta del Consejo para Transparencia (CPLT) Gloria de la Fuente y el Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, se reunieron con la presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncon y el vicepresidente Jaime Bassa para ponerse a disposición de las y los convencionales en la resolución de materias vinculadas a su experiencia y sus facultades.
“Lo que hemos querido hacer el día de hoy es venir a ponernos a disposición respecto a todo aquello que podamos hacer, desde nuestras instituciones, para colaborar en materia de transparencia, probidad, en aquellas cosas que son obligaciones de la Convención Constitucional hoy día, pero también en aquellas materias que pueden ser definidas por la Convención el día de mañana en materia de transparencia y en aquellas otras obligaciones que busquen poner básicamente información a disposición de la ciudadanía”, aseguró la titular del CPLT, agradeciendo a la mesa por la confianza depositada en ambas instituciones públicas.
La presidenta del Consejo agregó que comparte plenamente que la ciudadanía pueda conocer las votaciones, actas e información de las y los convencionales y que tras la reunión “me quedo con la tranquilidad de haber visto con mucha convicción con la mesa de la Convención materias de probidad y transparencia”. “Vamos incrementalmente en un muy buen camino”, espetó.
En la misma línea, el Contralor aseguró que lo que se busca es colaborar con la Convención “para que pueda tener los mejores estándares en materia de publicidad de sus actuaciones, de transparencia, de declaraciones de intereses y patrimonio”, de manera que se cumplan las obligaciones que tienen las y los convencionales.
Entre esas obligaciones se encuentran el publicar declaraciones de patrimonio e intereses de los 155 convencionales, en un plazo de 30 días desde que asumieron sus funciones dentro de la Convención Constitucional, es decir con fecha límite el próximo 4 de agosto, y el registro de las reuniones, donativos y viajes tal como lo establece la ley de Lobby, hasta el primer día hábil del mes siguiente.
Tanto el CPLT como la Contraloría no tienen facultades para fiscalizar a la Convención Constitucional dado que los mecanismos de transparencia, acceso a información y otras materias asociadas al funcionamiento de la Convención, deben ser definidas de manera autónoma y soberana por las y los convencionales constituyentes.
Confianza en el sistema público
De acuerdo a la presidenta de la Convención, Elisa Loncon, esta reunión se enmarca en el inicio de un sistema de colaboración con ambas entidades púbicas para “garantizar el manejo de la transparencia de todo lo que tiene que ver con la información de los constituyentes” y para una “fiscalización de la ciudadanía en la labor que nos corresponde hacer a nosotros como funcionarios públicos”.
Al respecto, Loncon anunció la firma de un convenio de colaboración entre la Convención Constitucional, el Consejo para la Transparencia y la Contraloría ya que “nuestra apuesta es descansar en el sistema público ya establecido para tener un buen manejo administrativo y también un buen manejo desde la ciudadanía de los quehaceres y todo lo que corresponde hacer en el manejo a los convencionales constituyentes”.
