Por: Carlos Ramírez Leaño. Presidente Cámara Chilena de la Construcción – Calama
Las pasadas elecciones parlamentarias nos entregaron la posibilidad de decidir sobre la representatividad que queremos para nuestra provincia de El Loa y la región de Antofagasta, que en términos económicos y de desarrollo industrial ha tenido un aumento explosivo en los últimos años. Sin embargo, como Cámara Chilena de la Construcción creemos que este fenómeno también requiere de una infraestructura nueva y moderna que sea capaz de generar y optimizar espacios públicos que logren satisfacer necesidades colectivas de la vida urbana, ya que de acuerdo al último informe de Infraestructura Crítica para el Desarrollo (ICD), nuestro gremio estimó en US$ 151.417 millones la inversión requerida para evitar el aumento de este déficit en el país para el período 2016-2025.
Estas cifras nos ayudan a entender que debemos seguir avanzando en esta materia, y que nuestros nuevos parlamentarios también deben ser capaces de avizorar nuestras necesidades como región.
Creemos que para construir oportunamente la infraestructura que los sectores productivos y las personas necesitas -considerando que siempre existirán otras áreas de mayor prioridad para los gobiernos y con presupuestos públicos normalmente escasos-, la fórmula no es otro que utilizar el sistema de concesiones, atendida con una política de Estado de largo plazo, que permita ir reduciendo el déficit de una manera planificada. Además, que cuente con una institucionalidad reforzada, que se construya a través de consensos transversales (público – privado), con voluntad política y liderazgo para llevarla a la práctica.
Este tipo de criterios debieran ser siempre considerados a la hora de construir obras de infraestructura en nuestra región. El caso del proyecto Segunda Concesión Vial Rutas del Loa, que estos últimos días ha visto la luz en su etapa de licitación, es sin duda un buen ejemplo de cómo trabajar y que mejorará notablemente la conectividad para todos los calameños.
Por otra parte, celebramos la reciente promulgación de la Ley que crea la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas, un nuevo organismo que contará con las funciones y atribuciones para el desarrollo del proceso de infraestructura concesionada y que además tendrá la obligación de elaborar una cartera de inversiones con una proyección de 5 años, que permitirá entregar certeza sobre la continuidad de estas obras.
Iniciativas como éstas no sólo garantizan la transparencia de los procesos para el desarrollo de obras, sino que además permite que los proyectos de infraestructura trasciendan el período de administración de un gobierno, permitiendo que nuestro territorio avance de manera sostenida con condiciones que permitan un mejor entorno y a su vez una mejor calidad de vida para todos los chilenos.
El contenido expresado en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor y no representa necesariamente la visión ni línea editorial de Poder y Liderazgo.
