Por medio de un proyecto de acuerdo, la Corporación lo solicitó al Ejecutivo, ya que según expresa el texto, no ha cumplido los estándares mínimos del Convenio 169 de la OIT, instrumento que exige que dichos procesos sean realizados de buena fe y con la finalidad de llegar a un acuerdo
Pedir al Presidente de la República, Sebastián Piñera, la suspensión inmediata del proceso de consulta indígena, impulsado por el Gobierno, es el objeto del proyecto de acuerdo 10, aprobado ayer por la Sala de la Cámara de Diputados, en votación dividida.
El documento, ratificado por 68 votos a favor, 60 en contra y tres abstenciones, rechaza el proceso de Consulta Indígena que impulsa el Ejecutivo, toda vez que no ha cumplido los estándares mínimos que contempla el Convenio 169 de la OIT, instrumento que exige que dichos procesos sean realizados de buena fe y con la finalidad de llegar a un acuerdo.
La iniciativa fue presentado a la Cámara por los diputados FRVS Esteban Velásquez, Alejandra Sepúlveda y Jaime Mulet; IND Pedro Velásquez; PS Emilia Nuyado y Patricio Rosas; PC Daniel Núñez y Carmen Hertz; PEV Félix González; y Poder Claudia Mix.
El texto sugiere que el jefe de Estado instruya la suspensión, con carácter inmediato, de la Consulta Indígena, en la forma y condiciones en que se está realizando, de tal manera que toda medida legislativa que se proponga nazca con la legitimidad necesaria derivada del previo reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, como asimismo, de las necesidades específicas de dichos pueblos atendida su cosmovisión y concepción de la tierra y de sus formas de organización.
Entre sus considerandos, el documento señala que dicho proceso de consulta ha traído un rechazo generalizado por parte de los diversos pueblos indígenas que habitan ancestralmente el territorio nacional, no solo en la zona de la región de La Araucanía, sino que, además, en los pueblos atacameños y aymaras del norte y otros que se verían afectados con las modificaciones que propondría el Gobierno.
En ese contexto, la solicitud describe que no puede desconocerse que la Consulta Indígena emana del derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas, puesto que cada uno de ellos debe establecer qué es lo positivo y negativo para su propia comunidad.
Por lo mismo, indica que el proceso debe llevarse a cabo de buena fe, a través de las instituciones representativas de los pueblos (las que no necesariamente son las comunidades y asociaciones que fija la Ley Indígena).
