La resolución solicita al Gobierno enviar un proyecto para modificar la Ley 18.556, sobre sistema de inscripciones y servicio electoral
La Cámara de Diputados aprobó la resolución 283, que solicita al Presidente de la República enviar un proyecto que modifique la Ley 18.556, sobre sistema de inscripciones y servicio electoral, en orden a establecer las funciones de fiscalizar, supervigilar y administrar los procesos eleccionarios internos de los partidos políticos por parte del Servicio Electoral de Chile.
El documento, aprobado por 103 votos a favor, 20 en contra y 18 abstenciones, fue impulsado por los diputados Manuel Matta (DC), Marcela Hernando (PRSD), Víctor Torres (DC), Joanna Pérez (DC), Leonardo Soto (PS) y Rodrigo González (PPD), y en él se describe que fue durante el año 2014 la prensa dio a conocer diversos hechos con los cuales quedaba en evidencia una serie de irregularidades en el financiamiento de campañas políticas.
A ello, agrega que estos antecedentes permitieron que la opinión pública conociera los casos Penta, Soquimich y Corpesca, lo que profundizó considerablemente la crisis de legitimidad de la política y sus instituciones.
Por otro lado, el texto detalla que, en marzo de 2015, la Presidenta Michelle Bachelet anunció la conformación de un Consejo Asesor Presidencial Anticorrupción, del cual emanaron diversas propuestas de iniciativas legales y también reglamentarias, que apuntaban a subsanar materias relativas al financiamiento de los partidos políticos, reducir el límite del gasto total permitido para campañas políticas, persecución y sanción penal de la corrupción, adecuar las funciones fiscalizadoras del Servicio Electoral de Chile, a través de la modificación de la Ley de Partidos Políticos, la derogación de la Ley Reservada del Cobre, entre otras.
En el mismo contexto, la resolución señala que las lógicas de mercado permearon en el funcionamiento de los partidos políticos, permitiendo que aquellos con mayor poder adquisitivo manejaran las colectividades a su menester y en función a sus intereses, recurriendo a prácticas antidemocráticas para mantener el poder político al interior de sus espacios.
Para tales efectos, sostiene, el acarreo de militantes en los procesos electorales internos ha sido práctica reproducida por distintos dirigentes, tanto en instancias en las que se determinan las estructuras internas, como también en aquellas elecciones primarias para la determinación de los candidatos de los partidos en elecciones populares como las municipales y parlamentarias.
Por lo anterior, indicaron los/as parlamentarios/as, existe la necesidad de regular esta situación que es crucial para que las institucionalidades de los partidos políticos recobren su legitimidad y su rol como instrumentos para el cambio de nuestra sociedad, en la que los valores como la democracia, el bien común, la justicia social y la equidad vuelvan a ser convocados en instancias electorales, y cuyos resultados no sean sólo un reflejo del dinero invertido en dichas situaciones.
“Estamos convencidos que la actuación del Servicio Electoral de Chile debe ir más allá, siendo este un agente activo y garante de un proceso transparente, serio y sin irregularidades o sospechas de irregularidades que empañen elecciones donde participan miles de militantes a lo largo de Chile”, argumentaron los parlamentarios.
