Por: Jaime Lindh. Investigador Fundación P!ensa
Hace dos semanas el gobierno envío el proyecto de Presupuesto 2019, generando -entre otras cosas – una discusión respecto del avance que se propone en descentralización. Por un lado, actores subnacionales critican lo exiguo del incremento de los fondos regionales y, por otro lado, el Ejecutivo argumenta que dicha cifra es superior a años anteriores.Ahora bien, este debate asume que la descentralización avanza en la medida que aumentan los fondos de decisión regional. Sin embargo, ¿es suficiente observar sólo esta dimensión a la hora de evaluar el correcto desarrollo de este proceso? La discusión en torno a la cantidad de recursos omite una dimensión que es tanto o más importante: los incentivos que enfrentarán los futuros gobernadores regionales.
Hoy por hoy, el principal cliente del intendente es el gobierno central: Hacienda transfiere recursos y el Presidente decide su continuidad o remoción del cargo. Pero esta sobredimensionada preocupación del intendente debiese cambiar en 2020, ya que su cliente pasará a ser el electorado regional. No obstante, ¿es suficiente esta reforma política para que el gobernador electo tenga un fuerte incentivo en promover el desarrollo regional? Si bien representa un avance cualitativo, es clave también mirar la estructura de financiamiento del gobierno regional. Ahí encontraremos que hay dos desafíos pendientes: minimizar la discrecionalidad en las transferencias y aumentar el peso de los ingresos propios.
En primer lugar, es fundamental que las transferencias desde el gobierno central hacia el regional estén en función de criterios objetivos y medibles. Al respecto, si bien hay camino avanzado, aún hay discrecionalidad, por ejemplo, en los programas de convergencia y en las provisiones de la Subdere. En la medida que haya mayor certeza sobre cuántos recursos tendrán las regiones y sobre las razones de su distribución, menor será el gasto de tiempo por parte del gobernador electo cabildeando por algunos pesos más en la capital.
En segundo lugar, el presupuesto de los gobernadores electos debe depender -al menos en una parte- de su gestión, de modo tal que internalice los resultados de su trabajo. Mientras más inversión obtenga para la región, mayor holgura presupuestaria debiese alcanzar.
En la actualidad, no obstante, los presupuestos regionales dependen mayoritariamente de las transferencias del gobierno central, lo cual hace que el foco esté en cómo aumentar “la mesada” y no en cómo hacer que la región crezca. Abrirse a la posibilidad de que un porcentaje del impuesto a la renta sea a beneficio regional, sería consistente con el propósito de transformar al gobernador electo en un actor partícipe en el desarrollo del territorio.
En suma, la descentralización fiscal, más allá del traspaso de recursos, hay que entenderla como el rayado de cancha que fijará los incentivos que enfrentarán los gobernadores electos en el futuro próximo. Y para hacer esto bien queda prácticamente sólo un año.
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