Por: Anamari Martínez E. Rectora IPCHILE
Tras los anuncios del Presidente de la República sobre el CAE, quedan varias interrogantes y una enorme preocupación para los IP y CFT, donde estudian el 41,3% de los alumnos de Educación Superior.
La fijación de los aranceles y la prohibición de copago es un duro golpe a la calidad y la sustentabilidad de las instituciones de este segmento. Imponerles una regulación similar a la de la gratuidad tendrá como consecuencias, la baja en la oferta académica de algunas carreras que no podrán sobrevivir a esta normativa y un mayor desfinanciamiento, llevando incluso al cierre de algunas instituciones educativas. También significa poner un freno a los proyectos de innovación y desarrollo tecnológico.
Las nuevas normas buscan resolver un problema, pero generan el desfinanciamiento progresivo y definitivo de la Educación Superior Técnico Profesional, que es escogida prácticamente por la mitad de los estudiantes del país.
Habría sido conveniente, antes de dictar esta legislación tan relevante, considerar la opinión que dimos a las autoridades los rectores de las instituciones de educación, cuando fuimos consultados.
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